Cada hora cuenta

Es necesario reconocer que atravesamos por un tiempo de ajuste natural luego de un proceso de paz con las FARC, en el que las partes del sistema necesitan encontrar un engranaje s¨®lido para funcionar bien. Y, sin embargo, ser¨ªa m¨¢s f¨¢cil si el pa¨ªs tuviera una apuesta ¨²nica por superar la guerra, la del conflicto y la de nuestras conversaciones habituales.

Partiendo de ese entender las transiciones, no ayuda y por el contrario causa un da?o enorme el exjefe guerrillero Jes¨²s Santrich a su partido. Sus presuntos delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz, el 1 de diciembre de 2016, no han sido juzgados a¨²n, por una especie de choque de trenes entre las justicias ordinaria y la transicional del post acuerdo (Justicia Especial para la Paz, JEP) y obviamente por el oscuro manejo dado desde el primer d¨ªa en el caso, en el que han intervenido sin mayores claridades la DEA y otros agentes.

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Un c¨¢lculo pol¨ªtico y un delito probado

Sin remedio

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Su talante provocador, su poco respeto por los otros, nos deja un sinsabor sobre las razones por las que llevamos un a?o hablando de un excombatiente que, a diferencia de sus compa?eros hoy en el Congreso, ha estado caminando en el filo de su condici¨®n de delincuente, deshonrando su compromiso con un proceso de paz que le permite hoy gozar de las garant¨ªas del Estado de derecho, al punto de haber recuperado su libertad mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve sobre su inocencia o culpabilidad.

Para algunos la tarea en el Congreso, ante la posibilidad de que se posesione ahora en libertad, ser¨ªa la de ayudar a su propio partido. Creo lo contrario: radicalizar¨ªa a¨²n m¨¢s el ambiente, ya no solo afuera, sino en el ejercicio parlamentario, donde las dudas sobre su conducta no reivindicar¨ªan nada. Santrich solo deber¨ªa ocupar esa curul cuando haya sido juzgado.

Triste realidad. Me pregunto si el ciudadano com¨²n que ve y escucha las noticias de cada d¨ªa no siente indignaci¨®n y hast¨ªo entre el poco honor de Santrich y los gritos rabiosos de un parlamentario uribista Carlos Felipe Mejia.

Y sin embargo, el c¨ªrculo de capturas y libertades a medias, tribunales que se pronuncian en contrav¨ªa, nos dejan una ¨²nica y por dem¨¢s valiosa lecci¨®n en una democracia: ver c¨®mo a los Gobiernos les toca gobernar en medio de los de fallos de unas cortes independientes y un Congreso adverso. Presenciar la democracia con sus desaf¨ªos para unos y otros.

La Procuradur¨ªa, el ministerio p¨²blico colombiano, ha jugado un papel clave, pero no han sido atendidas sus solicitudes a¨²n, al menos en los tiempos que nos habr¨ªan ahorrado el desgaste institucional y la agotadora discusi¨®n que alimenta los titulares medi¨¢ticos y nos deja llenos de adjetivos y pocos argumentos.

La apelaci¨®n de la Procuradur¨ªa a la Justicia Especial de Paz es para que se revoque el auto que concede la garant¨ªa de no extradici¨®n a Santrich por considerar la fuerza probatoria del indictment, que equivale a una resoluci¨®n de acusaci¨®n, y que prueba que los hechos por los que se acusa al exguerrillero ocurrieron despu¨¦s de la firma del acuerdo. Y, ante la justicia ordinaria, pide que v¨ªa Corte Suprema de Justicia acaten el fallo que determin¨® que la competencia de investigaci¨®n penal es de la esa Corte, para que ordene la captura y lo escuche en indagatoria, incluso evitando posibilidades de fuga.

Es al menos ins¨®lito que ni la JEP ni la Corte entiendan el salvavidas jur¨ªdico que les ha lanzado el Ministerio P¨²blico. Cualquier decisi¨®n contraria no har¨ªa m¨¢s que sembrar dudas sobre la transparencia de la JEP, que deber¨¢ juzgar a militares y guerrilleros y a quienes confiesen responsabilidades durante el conflicto.

La Corte, de no apurar sus decisiones, pondr¨ªa al pa¨ªs ante el riesgo de impunidad, siendo la encargada de evitarlo. Cada hora cuenta para que quienes incumplan con el acuerdo, paguen. Lo que valida el proceso de paz es precisamente eso, premiar la palabra, la verdad y la reparaci¨®n de las v¨ªctimas y condenar lo contrario.

De otra parte, el Gobierno ha venido anunciando que buscar¨¢ herramientas y otras f¨®rmulas para cambiar aspectos de la ley que no logr¨® hacer a trav¨¦s de las objeciones presentadas y rechazadas por el Congreso. Mientras las reformas que haya lugar no profundicen m¨¢s las heridas, bien valdr¨ªa la pena repensar la propuesta de los liberales H¨¦ctor Riveros y Luis Fernando Velasco para avanzar en leyes interpretativas, pues al final de las horas, la seguridad jur¨ªdica ser¨¢ para los mismos excombatientes que en algunos lugares logran sus apuestas para convertirse en peque?os empresarios, como en Mutat¨¢, en el Urab¨¢ colombiano, viviendo de la piscicultura y construyendo carreteras mientras que en otras zonas viven hacinados y temiendo por su suerte.