Trump refuerza el ¡®muro virtual¡¯ con M¨¦xico y Centroam¨¦rica

M¨¢s informaci¨®n

Trump llega a un acuerdo migratorio con M¨¦xico y retira la amenaza de aranceles

Trump aplaude el freno de la inmigraci¨®n de L¨®pez Obrador y descarta aranceles

¡°La migraci¨®n seguir¨¢ y no podemos decir ¡®construyamos un muro¡¯ o ¡®regresen a sus pa¨ªses¡±

Estados Unidos construye desde hace meses otro muro con M¨¦xico y Centroam¨¦rica. No es una valla met¨¢lica ni tiene ladrillos. Se trata de un complejo entramado de pol¨ªticas y acuerdos con los pa¨ªses de la regi¨®n que restringen la llegada de cientos de miles que huyen de la miseria y la violencia. La promesa del Gobierno de Donald Trump es combatir el tr¨¢fico de personas y garantizar un tr¨¢nsito seguro, pero organismos internacionales y organizaciones civiles denuncian que las nuevas medidas provocan el efecto contrario: detenciones masivas, violaciones de derechos humanos y un cuello de botella institucional que deja desprotegidos y en condiciones precarias a decenas de miles de solicitantes de asilo. Paralelamente los aboca a las selvas y la clandestinidad, expuestos a los traficantes de personas y la polic¨ªa. Todo esto, lejos de territorio estadounidense. "Estamos viendo la consolidaci¨®n de una 'frontera virtual", afirma Aaron Reichlin-Melnick, analista del Consejo Americano de Inmigraci¨®n.

"Estoy usando a M¨¦xico para proteger nuestra frontera", dijo Trump el pasado 26 de septiembre, d¨ªas despu¨¦s de que se anunciara que las detenciones en la frontera sur de EE UU hab¨ªan ca¨ªdo un 56% entre mayo y agosto. La reducci¨®n se produjo despu¨¦s del acuerdo bilateral alcanzado en junio en el que M¨¦xico se comprometi¨® a endurecer su pol¨ªtica migratoria destinando sus esfuerzos a registrar y controlar las entradas en la frontera y a desplegar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional para contener la inmigraci¨®n. El mandatario estadounidense logr¨® que el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador aplicara la bater¨ªa de medidas tras amenazarlo con implementar un arancel escalonado en todos los productos mexicanos importados, lo que hubiese significado un duro golpe para la econom¨ªa del pa¨ªs latinoamericano.

La victoria de Trump le permiti¨® "desplazar" el muro virtual a la frontera sur mexicana. Por su parte, la Administraci¨®n de AMLO consigui¨® que se quitara de la mesa la opci¨®n de convertir a M¨¦xico en un "tercer pa¨ªs seguro", lo que hubiese supuesto que todos los migrantes que cruzaran el r¨ªo Bravo para llegar a EE UU en busca de asilo fueran autom¨¢ticamente desplazados a territorio mexicano para que buscaran protecci¨®n en ese pa¨ªs. Con esa opci¨®n fuera del tablero, en julio, las autoridades estadounidenses y guatemaltecas firmaron un acuerdo que pon¨ªa al pa¨ªs centroamericano como un primer filtro para los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador, que deb¨ªan empezar su tr¨¢mite ah¨ª y que daba a Washington la potestad de trasladar a los solicitantes a territorio guatemalteco. Antes de alcanzar el pacto que convirti¨® t¨¦cnicamente a Guatemala en "tercer pa¨ªs seguro" -aunque ellos no se autodenominan as¨ª-, Trump ya hab¨ªa sacado la carta de una amenaza arancelaria para lograr su objetivo. Y el muro virtual segu¨ªa alej¨¢ndose de la frontera estadounidense.

La instrucci¨®n de Trump para el Departamento de Seguridad Interior, de acuerdo con la prensa estadounidense, era alcanzar acuerdos similares con Honduras y El Salvador. Esos pactos se materializaron en agosto, con San Salvador, y en septiembre, con Tegucigalpa. El contenido de los documentos no se ha dado a conocer ni tampoco las condiciones de las negociaciones, pero las cr¨ªticas no se han hecho esperar. "Son acuerdos en los que EE UU tiene todo que ganar y los pa¨ªses centroamericanos mucho que perder", resume el polit¨®logo guatemalteco Jorge Wong.

Los cuestionamientos se centran en que los pa¨ªses centroamericanos no tienen recursos para gestionar la crisis migratoria que azota a la regi¨®n. "Si se avanza en estos temas, va a aumentar la carga para pa¨ªses como Guatemala, Honduras y El Salvador, que no tienen mucha capacidad", advert¨ªa en una entrevista con EL PA?S Filippo Grandi, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tambi¨¦n critic¨® los pactos de mano dura. "Las pol¨ªticas actualmente en marcha en EE UU, M¨¦xico y varios pa¨ªses centroamericanos ponen a muchos migrantes en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos y abusos", sostuvo en septiembre en Ginebra, donde se?al¨® que al menos 35.000 solicitantes de asilo han quedado varados en las zonas fronterizas mexicanas en lo que va de a?o.

Pero Trump, que construy¨® su campa?a presidencial en 2016 en base con la ret¨®rica antiinmigrante, ya est¨¢ trabajando de lleno para conseguir el segundo mandato en las elecciones del 2020. A pesar de que la construcci¨®n del muro fronterizo, su proyecto estrella, no ha avanzado al ritmo que deseaba, el republicano pretende continuar proyectando una imagen de mano dura con M¨¦xico para mantener contentos a sus filas.

En la intenci¨®n de EE UU de delegar parte de la carga de la crisis y enfrentar la saturaci¨®n de su sistema de asilo se entra?an otras contradicciones. Washington ha emitido en los ¨²ltimos meses alertas de seguridad para que sus ciudadanos eviten viajar a los pa¨ªses del Tri¨¢ngulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), pero pone en marcha una pol¨ªtica en la que se entiende que son sitios suficientemente seguros para refugiados y solicitantes de asilo. "No son pa¨ªses que garanticen condiciones de vida digna a sus propios habitantes, menos a¨²n para ofrecer estas garant¨ªas a poblaciones que huyen por las mismas razones de sus respectivas naciones", insiste Celia Medrano, directora regional de programas de la organizaci¨®n Cristosal. "Estamos ante un doble discurso", sentencia?Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Adem¨¢s de la falta de transparencia de los pactos, los especialistas apuntan a las condiciones en las que se firmaron. La Casa Blanca renegoci¨® por separado con Gobiernos que tienen un acuerdo de libre movilidad, similar al tratado de Schengen en Europa. "Es como si Washington pidiera a la Polic¨ªa francesa que vigilara la frontera con Espa?a sin anuencia de la Uni¨®n Europea", explica Wong.

En 2018, el Gobierno guatemalteco recibi¨® 257 solicitudes de asilo, Honduras tuvo 107 y El Salvador, apenas 20, seg¨²n Acnur. Ahora se exige que tramiten potencialmente miles de peticiones. "La fragilidad institucional de estos pa¨ªses demuestra lo rid¨ªcula y carente de sentido que es la firma de estos acuerdos", lamenta Martino.

La firma de los acuerdos fue entre Trump y dos mandatarios en el punto de mira de la justicia estadounidense. En el caso de Guatemala, el signatario es la administraci¨®n de Jimmy Morales, que cuenta con un ¨ªndice de aprobaci¨®n inferior al 20% y que entr¨® en una disputa con la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), despu¨¦s de que ¨¦sta investigara a Samuel y Jos¨¦ Manuel Morales, hermano e hijo del presidente, por un caso de financiamiento ilegal de su campa?a. La Cicig, cuyo principal donante es EE UU, tuvo que salir del pa¨ªs en agosto pasado despu¨¦s de Morales no renovara su mandato. En cuanto a Honduras, el firmante fue el Gobierno de Juan Orlando Hern¨¢ndez, acusado por la Fiscal¨ªa de Nueva York de recibir un mill¨®n de d¨®lares del capo mexicano Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n, mientras su hermano Antonio enfrenta a la justicia estadounidense por narcotr¨¢fico. "Ambos Gobiernos est¨¢n negociando su impunidad y privilegiando sus intereses particulares por encima del bienestar de sus propios ciudadanos", asevera Martino.

Los especialistas aducen la presi¨®n que supone estar expuesto a un chantaje arancelario similar al que enfrent¨® M¨¦xico sobre el acero, as¨ª como la cancelaci¨®n de ayudas por parte de Washington. A cambio, Washington habr¨ªa puesto sobre la mesa 47 millones de d¨®lares para fortalecer a las instituciones guatemaltecas, seg¨²n la prensa de ese pa¨ªs. Para Honduras, se anunci¨® un programa que beneficiar¨ªa a "miles" de trabajadores agr¨ªcolas temporales, sin ofrecer m¨¢s detalles. Y El Salvador busca mantener un programa de estancia temporal que el Gobierno estadounidense ha concedido a 200.000 salvadore?os, que est¨¢ por expirar el pr¨®ximo a?o.

Aunque todos los mandatarios han evitado pronunciar el t¨¦rmino "tercer pa¨ªs seguro" y no han hecho comentarios p¨²blicos sobre lo que esperar¨ªan recibir a cambio de estos pactos, quienes se oponen a ellos pelean porque el asunto llegue a los Congresos nacionales, por lo que su aplicaci¨®n a¨²n es incierta. Por parte de EE UU, gran parte de la reglamentaci¨®n de estas pol¨ªticas pasa sobre legislaci¨®n prevista para terceros pa¨ªses seguros, de acuerdo con Reichlin-Melnick. "Se espera resistencia en los tribunales estadounidenses, sobre todo tras una serie de acusaciones de que estas disposiciones legales est¨¢n fuera de la ley", se?ala.

La aplicaci¨®n del Protocolo de Protecci¨®n a Migrantes (MPP), que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en M¨¦xico, aunado a un procesamiento dosificado de peticiones en las cortes estadounidenses, tiene consecuencias palpables. Se calcula que cada semana 3.000 personas m¨¢s se suman a la espera en territorio mexicano en condiciones precarias y sin certeza sobre sus solicitudes. Nueve de cada diez solicitantes no tienen representaci¨®n legal despu¨¦s de su primera audiencia migratoria y el porcentaje de aprobaci¨®n del asilo en las cortes fronterizas del MPP es m¨¢s bajo que en el resto de Estados Unidos, seg¨²n la Universidad de Syracuse.

"M¨¦xico y Centroam¨¦rica est¨¢n dando un cheque en blanco para la reelecci¨®n de Trump", opina Wong, aunque otras voces como Reichlin-Melnick ven el esfuerzo por contener la inmigraci¨®n como parte de un esfuerzo m¨¢s all¨¢ de las votaciones presidenciales de 2020. Mientras se define el nuevo tablero de juego regional para la migraci¨®n y el asilo, las preocupaciones de quienes operan en el terreno se centran en las personas en tr¨¢nsito, que ya ni siquiera tendr¨ªan audiencia para defender sus casos, son blancos de violaciones sistem¨¢ticas a sus derechos y tendr¨ªan que optar por rutas m¨¢s peligrosas para esquivar los nuevos controles. "Parece que el mensaje es hacer sufrir tanto a las personas hasta que decidan quedarse en sus pa¨ªses", acusa Martino.