La CIDH alimenta las dudas sobre los juicios a pol¨ªticos detenidos durante las protestas en Ecuador

La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos cree que ¡°est¨¢n en grave riesgo¡± los derechos a la vida e integridad personal de tres pol¨ªticos afines al corre¨ªsmo en Ecuador, tras ser detenidos y encausados penalmente por rebeli¨®n durante las protestas del pasado mes de octubre. En consecuencia, ha concedido medidas cautelares en favor de Paola Pab¨®n, prefecta de la provincia de Pichincha, de su asesor Christian Gonz¨¢lez, y de Virgilio Hern¨¢ndez, secretario ejecutivo de Compromiso Social, las nuevas siglas pol¨ªticas que acogieron a los disidentes corre¨ªstas de Alianza PAIS, tras la ruptura entre Rafael Correa y el presidente de Ecuador, Len¨ªn Moreno.

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La CIDH ordena al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos de los tres, ¡°quienes se encuentran privados de libertad y supuestamente expuestos a amenazas y actos de hostigamiento¡±, seg¨²n la resoluci¨®n 58/19 de la comisi¨®n emitida este viernes. Los tres beneficiarios de las medidas cautelares del ente interamericano est¨¢ procesados y en prisi¨®n preventiva por su participaci¨®n en las violentas protestas que llevaron al presidente Moreno a decretar el estado de excepci¨®n y a cambiar la sede de Gobierno desde la capital, Quito, a la ciudad costera de Guayaquil. La Fiscal¨ªa les investiga por instigar actos violentos, con base en escuchas telef¨®nicas y evidencias que apuntan a una presunta coordinaci¨®n y financiaci¨®n de grupos que aprovecharon las jornadas de paro nacional para cometer actos violentos, realizar saqueos y desestabilizar al pa¨ªs.

Tras visitar en prisi¨®n a Pab¨®n, Hern¨¢ndez y Gonz¨¢lez -los dos primeros fueron colaboradores de primera l¨ªnea durante la d¨¦cada en la que gobern¨® Correa-, la CIDH asegura haber percibido un nivel de hostigamiento y una situaci¨®n de exposici¨®n frente a amenazas en el sistema penitenciario que justifica la orden a Ecuador. Le da 15 d¨ªas al Ejecutivo de Len¨ªn Moreno para informar a la Comisi¨®n de las medidas adoptadas.

Los abogados defensores de los tres implicados ya han anunciado que plantear¨¢n desde este lunes los recursos judiciales oportunos para que se acate la orden de la CIDH. Todas las propuestas van encaminadas a que sean liberados de la prisi¨®n preventiva y reciban medidas sustitutivas como arresto domiciliario, grillete electr¨®nico o prohibici¨®n de salida del pa¨ªs mientras dure el proceso judicial por rebeli¨®n. En el caso de la prefecta de Pichincha, regi¨®n en la que se asienta Quito, la Comisi¨®n puntualiza que debe evitarse un da?o irreparable a los ¡°derechos pol¨ªticos de las personas elegidas por voto popular¡±. La prefecta, detenida el 14 de octubre, fue elegida en los ¨²ltimos comicios municipales de mayo. A ra¨ªz de su encarcelaci¨®n, pidi¨® una licencia sin sueldo para ausentarse de su cargo, que caduca este domingo. En caso de no volver, podr¨ªa ser apartada definitivamente.

No ha habido ning¨²n pronunciamiento hasta ahora del Gobierno de Ecuador sobre la resoluci¨®n ni sobre si ser¨¢ acatada o no, pese a que ¨¦sta da un espaldarazo a los cuestionamientos lanzados desde sectores corre¨ªstas contra las investigaciones derivadas de las protestas. Cr¨ªticas que, generalmente, hacen alusi¨®n a persecuci¨®n pol¨ªtica y detenciones arbitrarias. El expresidente Correa, que obvi¨® y desconsider¨® acatar decisiones de la CIDH durante su mandato, celebr¨® el reciente pronunciamiento como una victoria: ¡°Ganamos todo a nivel internacional: Interpol rechaza pedidos de alerta roja, CIDH otorga medidas cautelares, etc.¡±, public¨® en sus redes sociales.

El Estado, seg¨²n recoge la resoluci¨®n del organismo interamericano, defendi¨® la legalidad del proceso penal, de las detenciones y de las escuchas telef¨®nicas obtenidas con autorizaci¨®n judicial. Y reniega de que la CIDH considere que la estancia en prisi¨®n sea, per se, la situaci¨®n que expone a los detenidos a una situaci¨®n de peligro. ¡°Seg¨²n lo aportado (por el Estado), las escuchas se fundamentaron, inter alia, en declaraciones en redes sociales por parte de Virgilio Hern¨¢ndez, tales como: ¡®O se cae el paquetazo o se cae el Gobierno¡±, cita el texto, donde tambi¨¦n se insiste en la supuesta financiaci¨®n, apoyo ilegal y material a los manifestantes.

Adem¨¢s del proceso por rebeli¨®n que investiga a Paola Pab¨®n, Virgilio Hern¨¢ndez y Christian Gonz¨¢lez, el asamble¨ªsta Yofre Poma, de la Revoluci¨®n Ciudadana -el grupo de oposici¨®n que surgi¨® tras la divisi¨®n entre morenistas y corre¨ªstas-, fue condenado a un a?o y cuatro meses de prisi¨®n a inicios de noviembre como c¨®mplice de un delito de paralizaci¨®n de servicio p¨²blico. Fue sorprendido durante las protestas en un acto de sabotaje a la extracci¨®n de petr¨®leo en un pozo de la empresa estatal Petroamazonas. Tambi¨¦n est¨¢ condenado el prefecto de Sucumb¨ªos, Amado Ch¨¢vez. Adem¨¢s, a ra¨ªz de las violentas jornadas, cuatro legisladores - Gabriela Rivadeneira, Soledad Buend¨ªa, Carlos Viteri y Luis Fernando Molina- solicitaron protecci¨®n a M¨¦xico porque, seg¨²n sus declaraciones, se sent¨ªan perseguidos. Y desde mediados de octubre permanecen alojados con sus c¨®nyuges dentro de la embajada mexicana en Quito.