La batalla para impedir que Riad pueda cometer cr¨ªmenes en Yemen con armas europeas llega a La Haya

Proporcionar armas, aviones, repostaje y mantenimiento que permiti¨® a la coalici¨®n liderada por Arabia Saud¨ª cometer cr¨ªmenes de guerra en Yemen. Esa es la acusaci¨®n que una red de abogados y ONG internacionales ha depositado el mi¨¦rcoles ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra empresas de armamento europeas y contra las entidades p¨²blicas que autorizaron esas exportaciones. Piden que se investigue la posible responsabilidad criminal de los individuos que autorizaron y vendieron el material b¨¦lico. A Espa?a se le acusa de vender aviones cisterna 330-MRTT de Airbus que reabastecen en vuelo a los Typhoon y los Tornado saud¨ªes, as¨ª como componentes del caza Eurofighter fabricados por la compa?¨ªa aeron¨¢utica europea Airbus en sus factor¨ªas de Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid).

T¨¦cnicamente se trata de una comunicaci¨®n, a la que ha tenido acceso este diario y otros tres medios europeos y en la que se pide al tribunal internacional que investigue la responsabilidad legal de individuos de esas empresas y de las autoridades nacionales que autorizaron las ventas. Suma 360 p¨¢ginas en las que se detalla qu¨¦ empresas proporcionaron qu¨¦ armas, aviones, componentes o combustible que, seg¨²n el documento hicieron posible el bombardeo de colegios, hospitales, casas, un museo o edificios hist¨®ricos por parte de la llamada coalici¨®n. En total, cuentan 26 bombardeos que sostienen los demandantes podr¨ªan ser constitutivos de cr¨ªmenes de guerra, seg¨²n el estatuto de Roma.

La comunicaci¨®n ha sido coordinada por el Centro europeo para los derechos humanos y constitucionales (ECCHR) con sede en Berl¨ªn y participan tambi¨¦n en ella Amnist¨ªa internacional (AI), la campa?a contra el comercio de armas brit¨¢nica, la organizaci¨®n de derechos humanos yemen¨ª Mwatana, el Centre Del¨¢s espa?ol y la organizaci¨®n OPAL de Italia.

¡°A pesar de la documentaci¨®n de graves violaciones del derecho internacional humanitario en Yemen, pa¨ªses como Espa?a, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han continuado exportando armas, componentes y repuestos as¨ª como proporcionando mantenimiento, entrenamiento y apoyo a Arabia Saud¨ª y EAU¡±, sostienen las organizaciones demandantes. Argumentan que los bombardeos dibujan ¡°un patr¨®n b¨¦lico que se caracteriza por ataques desproporcionados e indiscriminados que ha resultado en la muerte y heridas de civiles¡±. El documento incluye fotograf¨ªas de lugares bombardeados, v¨ªdeos, im¨¢genes de sat¨¦lite y e informes corporativos que suman 700 p¨¢ginas de anexos.

La guerra en Yemen estall¨® hace cinco a?os y desde entonces, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas ha documentado la muerte de 8.872 civiles y 10.768 heridos, aunque se teme que la cifra sea mucho mayor. De ellos, 10.852 son v¨ªctimas de los bombardeos de la coalici¨®n liderada por Arabia Saud¨ª. La crisis humanitaria en Yemen sigue siendo una de las mayores emergencias en el mundo, con m¨¢s de 24 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria y con 3,6 millones de desplazados internos.

Argumentan que las empresas exportaron o contin¨²an exportando armas gracias a la autorizaci¨®n de los Gobiernos, que saben que hay una probabilidad muy alta de que esas armas se utilicen para cometer violaciones del derecho humanitario, equivalentes a cr¨ªmenes de guerra. Piden al tribunal que examine la responsabilidad criminal de quienes tienen el poder para autorizar y para revocar las licencias.

Consideran adem¨¢s los demandantes que la comisi¨®n de cr¨ªmenes humanitarios no es responsabilidad exclusiva de l¨ªderes pol¨ªticos y militares, que el papel de los directivos de empresas en las dictaduras y las guerras debe ser tambi¨¦n investigado. Que el hecho de que haya una licencia para exportar no libera a las empresas de evaluar el riesgo de que las armas que venden sean utilizadas para cometer cr¨ªmenes.

El informe, basado en informaci¨®n de fuentes abiertas, acusa a Espa?a de vender a Arabia Saud¨ª armamento utilizado en la guerra de Yemen. En concreto, alude a los componentes del caza Eurofighter Typhoon fabricados por la compa?¨ªa aeron¨¢utica europea Airbus en sus factor¨ªas de Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid). Adem¨¢s, la empresa ITP, propiedad de la brit¨¢nica Rolls Royce, fabrica partes del motor EJ200 que equipa al Typhoon. El Reino Unido vendi¨® en 2007 a Arabia Saud¨ª una partida de 72 cazas Typoon, que acabaron de entregarse en 2017. Riad ha mostrado su intenci¨®n de comprar 48 aparatos m¨¢s.

M¨¢s directa es la implicaci¨®n espa?ola en la venta de aviones cisterna 330-MRTT de Airbus. Aunque Francia y Alemania tambi¨¦n participan en la fabricaci¨®n, la trasformaci¨®n final se hace en la planta de Getafe y la exportaci¨®n corresponde a Espa?a. Espa?a vendi¨® seis de estos aviones a Riad, de los cuales al menos uno se entreg¨® tras el inicio de la intervenci¨®n saud¨ª en Yemen, en marzo de 2015. Posteriormente, Espa?a ha continuado suministrando repuestos y varios de estos aparatos han vuelto para ser revisados en La Mu?oza, los talleres de mantenimiento de Iberia junto al aeropuerto de Barajas (Madrid), subcontratada por Airbus.

Adem¨¢s, Emiratos ?rabes Unidos (EAU), principal aliado saud¨ª en la guerra de Yemen, recibi¨® en 2016 tres 330-MRTT y el mes pasado anunci¨® la compra de otros tres. El papel de estos aparatos, que reabastecen en vuelo a los Typhoon y los Tornado saud¨ªes, multiplicado su alcance, resulta fundamental, especialmente despu¨¦s de que EE UU anunciara hace un a?o que dejaba de suministrar combustible a los aviones que bombardean Yemen.

Un portavoz de Airbus en Espa?a ha subrayado que la compa?¨ªa ¡°cumple escrupulosamente con la normativa espa?ola y europea en la materia¡±. Fuentes del sector subrayan que todas las exportaciones de armamento son aprobadas por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (Jimddu) y que la entrada en Espa?a de aviones militares extranjeros (en alusi¨®n a los cisterna revisados por Iberia) requiere una autorizaci¨®n especial.

Por sy parte, la Secretar¨ªa de Estado de Comercio (de la que depende la Jimddu) asegura? que "Espa?a cuenta con uno de los sietemas de control del comercio de material de defensa m¨¢s robustos" que existen y que, "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados", se suspender¨ªa o revocar¨ªa la autorizaci¨®n. No obstante, reconoce que "Espa?a tiene el deber de asegurar que sus exportaciones no fomenten la violaci¨®n de los derechos humanos ni aviven los conflictos armados", por lo que "se est¨¢n dise?ando mecanismos de mejora que hagan a¨²n m¨¢s efectivo el control".

Ampar¨¢ndose en la interinidad pol¨ªtica, el Gobierno no ha hecho p¨²blicas las estad¨ªsticas sobre exportaciones de armamento desde junio de 2018, aunque deber¨ªa publicarlas con car¨¢cter semestral. El anterior ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha dicho repetidamente que, desde que Pedro S¨¢nchez lleg¨® a La Moncloa, en junio de 2018, no se han aprobado nuevas licencias para Arabia Saud¨ª. De hecho, las compa?¨ªas espa?olas que suministran munici¨®n a Riad se quejan de que sus peticiones de autorizaci¨®n llevan m¨¢s de un a?o aparcadas, sin que el Gobierno las autorice ni tampoco las deniegue. El informe no cita las grandes cantidades de munici¨®n que Espa?a ha entregado a Riad al menos entre 2015 y 2018 ni las 400 bombas de guiado l¨¢ser que el Ministerio de Defensa vendi¨® en la etapa del PP y el Gobierno del PSOE acab¨® entregando hace un a?o para evitar una crisis con Arabia Saud¨ª.

¡°Todas la partes implicadas en al guerra de Yemen comenten cr¨ªmenes y las empresas europeas est¨¢n permitiendo a algunos de esos actores cometer esos cr¨ªmenes¡±, indica la abogada Linde Bryk, la autora del documento en Berl¨ªn. Bryk considera imprescindible investigar la responsabilidad de los actores econ¨®micos, m¨¢s all¨¢ de la de los dirigentes. Bryk, que lleva dos a?os trabajando en la comunicaci¨®n, explica que tal vez dentro de unos a?os haya un tribunal que juzgue los cr¨ªmenes de Yemen y que tambi¨¦n por eso es importante el trabajo de recopilaci¨®n de pruebas.

Bryk sostiene que las autoridades espa?olas son especialmente opacas a la hora de informar sobre sus exportaciones y que, incluso con la ley de transparencia, apenas han conseguido informaci¨®n. En Alemania, mucha de la informaci¨®n procede de respuestas a preguntas parlamentarias.

Uno de los ejemplos que contiene el documento es el del bombardeo en Taiz (al suroeste de Yemen) el 2 de diciembre de 2015, que alcanz¨® a una cl¨ªnica m¨®vil de M¨¦dicos Sin fronteras (MSF). Una persona muri¨® y otras ocho resultaron heridas, entre ellas dos trabajadores de MSF.

Dos d¨ªas antes del ataque, la ONG hab¨ªa compartido con los mandos de la coalici¨®n las coordenadas GPS de la cl¨ªnica, situada en una zona residencial poblada tambi¨¦n por desplazados internos y sin posibles objetivos militares en los alrededores. La misma ma?ana del ataque, la coalici¨®n fue contactada de nuevo tras registrarse bombardeos en las cercan¨ªas del centro m¨¦dico. Ante los bombardeos en las cercan¨ªas, MSF contact¨® de nuevo con la coalici¨®n, de la que recibi¨® garant¨ªas de que no se acercar¨ªan a aquel lugar y que el equipo m¨¦dico deb¨ªa permanecer donde se encontraba. ¡°Pueden estar seguros de que no nos acercaremos a esas localidades. Su equipo debe permanecer en su lugar de momento¡±. Una hora m¨¢s tarde, se produjo el ataque junto a la cl¨ªnica, seg¨²n el informe del incidente elaborado por MSF.

Patrimonio de la UNESCO

Otro de los bombardeos ocurri¨® en junio de 2015 en la ciudad vieja de San¨¢, con 2.500 a?os de historia y patrimonio mundial de la UNESCO. La coalici¨®n bombarde¨® de madrugada una zona residencial en el barrio de Al Qasimi, sin que se pudieran identificar objetivos militares cercanos en el momento del ataque. En el bombardeo murieron cinco civiles, incluida una mujer de 35 a?os y un ni?o de 16. ¡°Estoy profundamente afligida por la p¨¦rdida de vidas humanas as¨ª como por el da?o infligido a una de las joyas m¨¢s antiguas del urbanismo isl¨¢mico¡±, dijo tras el ataque la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Los abogados internacionales consideran que el ataque puede ser constitutivo de cr¨ªmenes de guerra en virtud el art¨ªculo 8(2) del estatuto de Roma, en el que se incluyen los ¡°ataque intencionales¡± contra ¡°monumentos hist¨®ricos [¡­] a condici¨®n de que no sean objetivos militares¡±.

Una vez presentada la comunicaci¨®n, la Corte debe decidir si abre una investigaci¨®n formal. La CPI solo puede actuar si el acusado forma parte de un pa¨ªs firmante, si el incidente ha tenido lugar en un pa¨ªs miembro o si un no miembro acepta la jurisdicci¨®n de la corte. En este caso, los pa¨ªses europeos son firmantes y por lo tanto la CPI tendr¨ªa jurisdicci¨®n sobre individuos de los pa¨ªses miembros, no sobre las empresas ni entidades jur¨ªdicas.

Robert Heinsch, profesor del centro de derecho internacional humanitario de la Universidad holandesa de Leiden, piensa que la demanda tiene ¡°cerca del 50% de posibilidades de prosperar porque, aunque Yemen o Arabia Saud¨ª no sean parte de la CPI, los cr¨ªmenes no se podr¨ªan haber cometido sin la cooperaci¨®n de las empresas europeas¡±. Heinsch considera que la conciencia y el conocimiento de lo que sucede en Yemen es cada vez mayor y cita como prueba la decisi¨®n del Gobierno alem¨¢n el a?o pasado de paralizar la venta de armas a Riad, provocada por el asesinato de Jamal Khashoggi y la guerra en Yemen.