Estados Unidos sanciona a dos altos funcionarios del Gobierno nicarag¨¹ense

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este viernes a dos altos funcionarios del Gobierno nicarag¨¹ense por apoyar al ¡°corrupto r¨¦gimen¡± de Daniel Ortega. El organismo financiero federal ha comunicado que ha incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a Julio C¨¦sar Avil¨¦s Castillo, comandante en jefe del Ej¨¦rcito, e Iv¨¢n Adolfo Acosta, ministro de Hacienda y Cr¨¦dito P¨²blico de Nicaragua. Al primero porque los militares han aportado armas para ¡°llevar a cabo actos de violencia¡± contra el pueblo, y al segundo por colaborar a favor de que Ortega reciba apoyo financiero, seg¨²n el comunicado del Tesoro.

¡°Las continuas violaciones del r¨¦gimen de Ortega de los derechos humanos b¨¢sicos, la corrupci¨®n flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicarag¨¹ense son inaceptables¡±, ha afirmado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. ¡°Estados Unidos apuntar¨¢ [en la lista] a quienes apoyan el r¨¦gimen de Ortega y perpet¨²an la opresi¨®n del pueblo nicarag¨¹ense¡±, ha agregado. Las sanciones anunciadas se traducen en el congelamiento de todos los bienes e intereses econ¨®micos que los penados tengan en Estados Unidos.

A principios de marzo, Washington sancion¨® a la Polic¨ªa Nacional de Nicaragua (NNP), la principal entidad encargada de hacer cumplir la ley en el pa¨ªs centroamericano, por su papel en ¡°el grave abuso de los derechos humanos¡±. La reciente sanci¨®n de Estados Unidos al titular del Ej¨¦rcito es un duro golpe para una instituci¨®n que hab¨ªa intentado mantenerse al margen de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos achacadas al Gobierno de Ortega y Rosario Murillo por reprimir con brutalidad las protestas iniciadas en abril de 2018 por una reforma a la Seguridad Social. La crisis humanitaria y pol¨ªtica ha forzado a m¨¢s de 100.000 nicarag¨¹enses a huir, seg¨²n la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El Ej¨¦rcito siempre ha sostenido que no tuvieron participaci¨®n en la represi¨®n contra los civiles desarmados, en especial en la denominada Operaci¨®n Limpieza, una cruzada conjunta de polic¨ªas y parapolic¨ªas que inici¨® en junio de 2018 y permiti¨® al Gobierno retomar con violencia el control de las calles. Se trat¨® de un parteaguas en el esquema represivo, porque por primera vez civiles con armamento b¨¦lico tomaron el control de las ciudades alzadas contra el Gobierno y cometieron la mayor¨ªa de las 325 ejecuciones extrajudiciales contabilizadas por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los parapolic¨ªas portaban un arsenal b¨¦lico que inclu¨ªa AK 47, Dragunov, ametralladoras PKM, M 16, Remington 700, Jericho 941, y Mossberg 500. Armas de guerra convencional que, en teor¨ªa, solo est¨¢n en control de la instituci¨®n castrense, lo que aviva la sospecha sobre la responsabilidad militar.

Aunque la principal cr¨ªtica al Ej¨¦rcito ha sido la inacci¨®n ante estos grupos, que todav¨ªa operan en Nicaragua. Los militares no han desarmado a los parapolic¨ªas y han desatendido, as¨ª, su obligaci¨®n constitucional de neutralizar a todo grupo armado no contemplado legalmente. El mismo general Avil¨¦s neg¨® que en Nicaragua existan ¡°grupos paramilitares¡±, pese a las pruebas recopiladas por organismos de derechos humanos.

En julio de 2019, el general Avil¨¦s dijo que el Ej¨¦rcito no tiene base legal, ni estructura ni equipamiento para desarmar a los grupos parapoliciales. ¡°Es a la Polic¨ªa a la que le corresponde ejercer sus funciones de orden p¨²blico¡±, afirm¨®, pese al mandato constitucional claro para el Ej¨¦rcito. No obstante, fuentes militares aseguran que la decisi¨®n de no desarmar estos grupos es para no re?ir al Ejecutivo.

Fuentes en Washington se?alan que la raz¨®n para no sancionar antes al Ej¨¦rcito, es que tem¨ªan que los militares se plegaran totalmente al Ejecutivo sandinista, como sucede en Venezuela. Sin embargo, en la pr¨¢ctica, el general Avil¨¦s act¨²a como un subordinado del presidente Ortega, al punto que ha sido prorrogado en su cargo tres veces consecutivas y bloqueado, de ese modo, la sucesi¨®n militar.

¡°Estados Unidos ahora ve un escenario claro en t¨¦rminos de desenlace: esperaban que el Ej¨¦rcito cambiara su comportamiento frente a estos grupos armados, pero la actuaci¨®n pol¨ªtica del alto mando no ha variado¡±, ha asegurado a EL PA?S la experta en seguridad Elvira Cuadra. Aunque el Departamento del Tesoro hab¨ªa sancionado antes a militares en retiro, ahora ¡°la presi¨®n es contra la instituci¨®n¡±, ha afirmado Cuadra.

¡°Puede suceder algo similar que con la Polic¨ªa: primero sancionaron a su director, a mandos intermedios, y como no hubo rectificaci¨®n, al final Estados Unidos sancion¨® a la instituci¨®n policial como tal. Eso puede pasar con el Ej¨¦rcito. Es un mensaje a la oficialidad¡±, ha dicho Cuadra, en referencia a los intereses econ¨®micos militares, que son variados e incluso cotizan en bolsas de valores internacionales. ¡°Es un duro golpe al gobierno de Ortega, porque el Departamento del Tesoro trastoca las finanzas y las fuerzas armadas, dos actores claves en la constituci¨®n de un Estado. Al Ej¨¦rcito no le alcanz¨® la campa?a de relaciones p¨²blicas para lavarse la cara sobre su implicaci¨®n en la represi¨®n¡±, ha enfatizado Cuadra.