Chile pone una pausa a las protestas a la espera del plebiscito constitucional

Chile vive en pausa. La violencia ha disminuido considerablemente con respecto a los ¨²ltimos tres meses de 2019, entre otras razones por las vacaciones de verano y porque el frenazo econ¨®mico ha comenzado a impactar a las familias. Pero ser¨¢ en marzo, cuando arranque el a?o escolar y se conmemore el D¨ªa Internacional de la Mujer, la primera convocatoria masiva de 2020. En ese momento se calentar¨¢ la campa?a por el plebiscito constitucional convocado para el 26 de abril y el Gobierno de Sebasti¨¢n Pi?era tendr¨¢ su prueba de fuego respecto del control del orden p¨²blico. Previsiblemente, la sociedad chilena se polarizar¨¢ en torno a la consulta y la ciudadan¨ªa decidir¨¢ si aprueba o rechaza la idea de reemplazar la Constituci¨®n de Pinochet de 1980 y, de paso, definir qui¨¦nes redactar¨ªan una nueva carta fundamental.

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Las revueltas en Chile llegan a la selectividad

Aunque una amplia mayor¨ªa de la gente respalda la opci¨®n de cambiar la Constituci¨®n ¡ªun 72%, de acuerdo a la encuesta Cadem del 31 de enero¡ª, en las ¨²ltimas semanas se ha observado que comienza a ganar terreno la alternativa del rechazo: un 22%, seg¨²n el mismo sondeo, que lleg¨® a un 25% la semana anterior (24 de enero). La crispaci¨®n de la sociedad chilena se observa en diferentes ¨¢mbitos.

El Congreso, que esta semana ha comenzado con su receso de un mes, rechaz¨® el lunes en una acalorada sesi¨®n una arremetida parlamentaria impulsada por buena parte de la oposici¨®n ¡ªuna acusaci¨®n constitucional, como se le llama en Chile¡ª para destituir al intendente de la Regi¨®n Metropolitana, Felipe Guevara, acusado por su responsabilidad en las estrategias de orden p¨²blico en el epicentro de las manifestaciones de la capital, la zona de Plaza Italia.

A Guevara, oficialista, se le acusaba de haber transgredido el derecho a la libre reuni¨®n con el despliegue masivo de fuerzas policiales ¡ªlos llamados ¡°copamientos¡±¡ª, lo que ha abierto un intenso debate en Chile tanto sobre los l¨ªmites de la protesta como de las herramientas para controlarlas. La acusaci¨®n fracas¨® en el Senado, en buena parte por ausencias y abstenciones de parlamentarios de centroizquierda, que desvel¨® nuevamente las tensiones que enfrenta el sector pol¨ªtico despu¨¦s del estallido social del 18 de octubre.

La zona de Plaza Italia es el lugar elegido por los manifestantes para protestar cada viernes, donde se producen hechos como el del 20 de diciembre, cuando un carro lanza gases atropell¨® a un joven y luego lo aplast¨® contra otro veh¨ªculo policial, que fue captado por las c¨¢maras de un canal de televisi¨®n. Las cifras oficiales, sin embargo, muestran que desde diciembre en adelante ha disminuido notoriamente la cantidad de eventos que las autoridades catalogan de graves. Si al inicio de la crisis llegaron a los 350 diarios ¡ªcomo ocurri¨® el 20 de octubre¡ª, en enero solo hubo dos d¨ªas donde sobrepasaron la decena: el pasado 29 y 30 de enero, cuando llegaron a 30 y 17 respectivamente.

El rebrote de la violencia se produjo luego de que un cami¨®n de carabineros arrollara a un hincha del club de f¨²tbol Colo-Colo en las cercan¨ªas del Estadio Monumental, donde se produjeron enfrentamientos despu¨¦s de un partido. Las im¨¢genes del atropello que le caus¨® la muerte al hombre de 37 a?os se viralizaron en unos segundos a trav¨¦s de las redes sociales, las plataformas elegidas por los chilenos para informarse, seg¨²n la encuesta de la Asociaci¨®n de Mujeres Periodistas.

Parte de la polarizaci¨®n de la sociedad chilena se observa en lo que sucedi¨® con la juez Andrea Acevedo, que decidi¨® decretar la libertad vigilada del carabinero investigado por el atropello y muerte del hincha. Criticada por aplicar medidas cautelares de baja intensidad y por sus declaraciones ¡ªAcevedo indic¨® que el polic¨ªa era v¨ªctima de una agresi¨®n mientras sucedieron los hechos y que los manifestantes no le estaban ¡°tirando flores ni challas¡±¡ª, la magistrada se encuentra con resguardo policial despu¨¦s de recibir amenazas de muerte a trav¨¦s de redes sociales. En estos meses de convulsi¨®n pol¨ªtica y social no es la primera vez que jueces y periodistas han sido intimidados por sus decisiones y opiniones.

Una sociedad polarizada

Chile vive un ambiente crispado tanto en lo p¨²blico como en lo privado. Dirigentes pol¨ªticos de diferentes sectores y personajes de alta connotaci¨®n han sido v¨ªctimas de las llamadas "funas" ¡ªmanifestaciones masivas contra un sujeto en particular, tanto en la calle como en redes sociales¡ª, mientras que uno de cada tres ciudadanos declara que el estallido social ha provocado tensiones en las familias, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios P¨²blicos (CEP), dada a conocer a comienzos de enero.

Fue el mismo sondeo que desvel¨® que apenas el 6% de los ciudadanos aprueba la forma en que el presidente Sebasti¨¢n Pi?era conduce su Administraci¨®n, alcanzando r¨¦cords hist¨®ricos en democracia de impopularidad. La desconfianza contra las instituciones ha aumentado dr¨¢sticamente: apenas un 7% conf¨ªa en las empresas, un 6% en el Ministerio P¨²blico, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposici¨®n.

Este verano ha puesto contra las cuerdas la institucionalidad en Chile por las protestas masivas de agrupaciones de estudiantes secundarios, como la ACES, que a comienzos de a?o emprendieron acciones de sabotaje durante la aplicaci¨®n del examen de selectividad universitaria, que finalmente tuvo que ser repetido. Los dirigentes que protestan por una prueba que consideran injusta para los estudiantes de menos recursos han anunciado nuevas movilizaciones a partir de marzo, cuando tanto los escolares como los universitarios inicien un nuevo a?o acad¨¦mico.

Las protestas han bajado de intensidad, pero no hay jornada, sin embargo, que no se registren detenidos. Desde el inicio del estallido, 23.655 personas han sido detenidas seg¨²n la informaci¨®n del Gobierno, aunque la inmensa mayor¨ªa puesta en libertad (las cifras oficiales indican que solo hasta noviembre hubo prisiones preventivas a 1.615 personas). Tampoco hay d¨ªa en que los registros oficiales no contabilicen agentes heridos: 4.215 en el ¨¢mbito nacional desde el 18 de octubre.

En estos tres meses se han producido alrededor de 350 ataques a cuarteles de Carabineros, sobre todo en la capital. Mientras, organismos internacionales como la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguen denunciado la situaci¨®n chilena. De acuerdo con la Comisi¨®n, que la semana pasada finaliz¨® su visita a Chile y entreg¨® al Estado sus conclusiones preliminares, en el pa¨ªs ¡°se vive una grave crisis de derechos humanos¡±.