Bukele anuncia que vetar¨¢ la ley de reconciliaci¨®n aprobada por el Parlamento de El Salvador

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El Salvador aprueba una ley de reconciliaci¨®n rechazada por las v¨ªctimas de la guerra civil

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inform¨® este viernes en una conferencia de prensa que vetar¨¢ la pol¨¦mica ley de reconciliaci¨®n que aprob¨® el mi¨¦rcoles la Asamblea Legislativa de ese pa¨ªs, un reglamento que es rechazado por las v¨ªctimas de la guerra civil (1980-1992), que lo consideran como una puerta a la impunidad para los cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad. El mandatario justific¨® su decisi¨®n afirmando que el reglamento viola los convenidos internacionales relacionados con los derechos humanos que su pa¨ªs ha firmado, adem¨¢s de considerarlo como una ¡°ley de amnist¨ªa¡± que beneficia a los perpetradores de cr¨ªmenes atroces. ¡°Es una burla e infamia contra los salvadore?os¡±, ha afirmado Bukele.

El pol¨¦mico presidente salvadore?o vuelve a enfrentarse al Parlamento de su pa¨ªs, despu¨¦s de que hace dos semanas desafi¨® a los diputados irrumpiendo en la sede del Legislativo arropado por militares, para obligarlos a aprobar un pr¨¦stamo internacional para financiar su estrategia contra la violencia. Bukele ha criticado con dureza a los legisladores y ha dicho que ¡°hay diputados involucrados en cr¨ªmenes de lesa humanidad y temen por ellos mismos¡±. La denominada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparaci¨®n y Reconciliaci¨®n Nacional fue aprobada con votos de 44 diputados de derecha en una sesi¨®n plenaria extraordinaria convocada por el presidente parlamentario, Mario Ponce. Los diputados del izquierdista Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN), la guerrillera que combati¨® al r¨¦gimen militar, se abstuvieron durante la votaci¨®n, en lo que Bukele llam¨® ¡°un silencio c¨®mplice¡±.

¡°Estamos ante una ley que ni siquiera cumple con par¨¢metros internacionales. No solo es inconstitucional y viola convenios internacionales de derechos humanos, sino que es una burla e infamia contra los salvadore?os¡±, ha explicado el presidente de El Salvador. ¡°Llevamos 40 a?os de estar esperando justicia. Es demasiado tiempo y ya es hora de que los criminales paguen, que comiencen los juicios por cr¨ªmenes de guerra¡±. La primera decisi¨®n que Bukele tom¨® tras asumir la presidencia en junio pasado fue ordenar retirar de un cuartel militar el nombre del teniente Domingo Monterrosa, a quien la Comisi¨®n de la Verdad de Naciones Unidas (creada para investigar la violencia durante la guerra civil, que dej¨® m¨¢s de 75.000 muertos) ha se?alado de ser el responsable de la matanza de El Mozote de 1981, cuando soldados del Batall¨®n Atl¨¢catl del Ej¨¦rcito salvadore?o asesinaron a al menos 986 personas en una operaci¨®n que ten¨ªa como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista.

Integrantes de Vidas, asociaci¨®n de v¨ªctimas de la guerra civil, lamentan que hasta ahora no hay ninguna condena por los cr¨ªmenes cometidos durante la guerra. Lo que hay, desde hace dos a?os, es un juicio por la masacre de El Mozote. Est¨¢n siendo juzgados el exministro de Defensa, Guillermo Garc¨ªa; el exjefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima y el exjefe del Batall¨®n Atl¨¢catl, Natividad C¨¢ceres, que fue el comandante que dirigi¨® la operaci¨®n.

Cr¨ªtica internacional

La ley de reconciliaci¨®n ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos. Antonia Urrejola, experta de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha explicado a EL PA?S en entrevista desde Santiago de Chile que los legisladores no han escuchado a las v¨ªctimas a la hora de preparar el reglamento. ¡°En una ley de reconciliaci¨®n, las v¨ªctimas son centrales. Por eso es importante establecer una metodolog¨ªa clara para su participaci¨®n. Y eso no ha sucedido¡±, ha dicho.

Urrejola ha explicado que esta ley no cumple con los est¨¢ndares internacionales en materia de justicia para las v¨ªctimas de cr¨ªmenes de lesa humanidad o de guerra. Menciona entre los fallos que la ley deja en manos de las v¨ªctimas impulsar el proceso penal por este tipo de cr¨ªmenes, ¡°cuando es el Estado el que tiene la obligaci¨®n, de oficio, de investigar y sancionar¡±. ¡°Lo que hace esta ley es que pone la carga en las propias v¨ªctimas. Son miles las v¨ªctimas, muchos de ellos son campesinos, no viven en las ciudades, no tienen acceso a abogados. No se est¨¢ garantizando acceso real a la justicia estableciendo la carga en las v¨ªctimas de abrir un proceso penal cuando esa carga es obligaci¨®n del Estado¡±, ha afirmado. La experta tambi¨¦n ha se?alado que la ley da discrecionalidad a la Fiscal¨ªa para determinar qu¨¦ denuncias s¨ª pueden ser consideradas cr¨ªmenes de lesa humanidad y a los jueces al permitirles reducir las condenas debido a problemas de salud o edad de los acusados.

Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), tambi¨¦n ha criticado la ley, de la que ha dicho ¡°que adolece de graves deficiencias, permite que todas las penas se conmuten sin establecer ning¨²n requisito, lo que es una forma clara de impunidad¡±. ¡°Es una afrenta al derecho interno y al derecho internacional. Para que haya justicia y verdad debe haber juicios contra todos los responsables de los cr¨ªmenes, la c¨²pula militar, los presidentes. Si estos juicios no llegan, si se quedan en la impunidad, lo que existe es un inmenso riesgo de que los cr¨ªmenes se repitan¡±, ha afirmado.

Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del IDHUCA de la Universidad Centroamericana, en San Salvador, considera que la legislaci¨®n promueve que ninguno de los delitos cometidos durante la guerra civil prescriba, lo que considera un avance importante para lograr justicia en ese pa¨ªs centroamericano. Si bien considera que el proceso de aprobaci¨®n de la ley ¡°no ha sido el mejor¡± y que ¡°hay alg¨²n art¨ªculo que ha quedado incompleto por la precipitaci¨®n y las prisas¡±, para este experto este nuevo reglamento ¡°ha mejorado mucho¡± en comparaci¨®n a una ley de amnist¨ªa aprobada en 1993, declarada inconstitucional por la justicia salvadore?a en 2016, al ser considerada como una traba para investigar las atrocidades de la sangrienta guerra salvadore?a.