El Salvador aprueba una ley de reconciliaci¨®n rechazada por las v¨ªctimas de la guerra civil

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A toda y prisa y a puerta cerrada los partidos de derecha con representaci¨®n en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la noche del mi¨¦rcoles en una sesi¨®n extraordinaria una ley de reconciliaci¨®n que es vista por las v¨ªctimas de la guerra civil que desangr¨® a este pa¨ªs como una puerta abierta a la impunidad. La legislaci¨®n reduce hasta en un 75% las penas a quienes confiesen haber cometido cr¨ªmenes durante el conflicto y pidan perd¨®n, a la vez que permite a los jueces conmutar las condenas cuando se alegue problemas de salud o edad. Organismos internacionales han rechazado la nueva ley, que, dicen, es un retroceso importante en el camino de este pa¨ªs centroamericano para lograr justicia para las v¨ªctimas de una sangr¨ªa que dej¨® m¨¢s de 70.000 muertos seg¨²n organizaciones de derechos humanos.

La guerra civil se extendi¨® de 1980 a 1992 y dej¨® algunos de los cap¨ªtulos m¨¢s terribles de vejaciones en el continente americano. Entre ellos destaca la matanza de El Mozote de 1981, cuando soldados del Batall¨®n Atl¨¢catl del Ej¨¦rcito salvadore?o asesinaron a al menos 986 personas en una operaci¨®n que ten¨ªa como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista que combat¨ªa a la dictadura militar. Desde los acuerdos de paz firmados a inicios de los a?os noventa, las v¨ªctimas del conflicto han exigido una respuesta del Gobierno salvadore?o. ¡°Lo que ha pasado es muy grave para toda la sociedad y nos causa mucho dolor¡±, dice a EL PA?S Amanda Castro, cuyos padres fueron desaparecidos durante el conflicto.

Castro forma parte del Colectivo Vidas, conformado por supervivientes y familiares de v¨ªctimas de la guerra, y no esconde su enojo por la decisi¨®n de los diputados salvadore?os. Sus padres eran j¨®venes estudiantes universitarios que se involucraron dentro de organizaciones de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN). El padre, Jorge Enrique Jim¨¦nez fue desaparecido en agosto de 1981 junto a otros nueve compa?eros, en Honduras, por integrantes del Ej¨¦rcito de ese pa¨ªs. La madre, Lisbeth Castro, fue capturada en una estaci¨®n de autobuses cuando se dirig¨ªa a la Universidad Nacional. M¨¢s tarde hombres de civiles y fuertemente armados la llevaron, con signos de tortura, a la casa familiar, donde realizaron un cateo. Luego Lisbeth fue desaparecida. Amanda ten¨ªa 14 meses. "Desde entonces estamos buscando justicia y no ha sido posible hallarla", dice.

La noche del mi¨¦rcoles el FMLN, ahora convertido en partido pol¨ªtico de oposici¨®n, se abstuvo de votar por la legislaci¨®n, que fue aprobada sin consultas. ¡°Pero tampoco mostr¨® una posici¨®n clara a favor de las v¨ªctimas¡±, acota Castro. ¡°Su posici¨®n es pueril. Los diputados del FMLN tambi¨¦n son c¨®mplices¡±.

Entre los partidos que votaron la ley est¨¢ la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada en 1981 por Roberto d'Aubuisson, militar a cargo de los denominados Escuadrones de la muerte que sembraron el terror durante la guerra. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hab¨ªa advertido el 25 de febrero que la legislaci¨®n podr¨ªa significar una ¡°restricci¨®n del derecho a la justicia¡± y una ¡°prescripci¨®n de facto para cr¨ªmenes que, por su naturaleza y definici¨®n, son imprescriptibles¡±. Para el organismo, la conmutaci¨®n de las penas ¡°propicia la impunidad¡±.

El presidente Nayib Bukele, que hace dos semanas se enfrent¨® al Parlamento por la negaci¨®n de este a votar un pr¨¦stamo internacional para financiar su estrategia contra la violencia, anunci¨® que vetar¨¢ la ley. Las v¨ªctimas, sin embargo, tampoco conf¨ªan en el controvertido mandatario. ¡°Si el presidente veta la ley es importante, pero un presidente que tiene toda una pr¨¢ctica autoritaria y militarista. Tampoco es garant¨ªa de nada. Vamos a seguir luchando para que haya verdadera justicia¡±, dice Castro. Su esperanza, afirma, es que la Sala Constitucional del Supremo ¡°se pronuncie con fuerza sobre esta ley que es un pacto de impunidad.¡±