La Fiscal¨ªa de Colombia decide el destino judicial de ?lvaro Uribe
El ente investigador debe definir si acusa al expresidente por el caso de manipulaci¨®n de testigos que ya lo mantuvo m¨¢s de dos meses en detenci¨®n domiciliaria
Colombia se acerca con expectaci¨®n a un nuevo hito judicial en torno al expresidente ?lvaro Uribe, quien gobern¨® el pa¨ªs entre 2002 y 2010, en el proceso que enfrenta por presunta manipulaci¨®n de testigos para que declararan a su favor y lo desvincularan de las denuncias que lo relacionan con la conformaci¨®n de un grupo paramilitar. La Fiscal¨ªa debe decidir esta semana si por primera vez acusa formalmente a un exmandatario colombiano por los delitos de soborno y fraude procesal, o si por el contrario pide a un juez precluir la investigaci¨®n en el dilatado caso que ya mantuvo al influyente pol¨ªtico m¨¢s de dos meses en detenci¨®n domiciliaria y lo llev¨® a renunciar a su esca?o en el Senado para salir de la ¨®rbita de la Corte Suprema de Justicia.
El intrincado caso que involucra al exmandatario, mentor pol¨ªtico del presidente Iv¨¢n Duque y fundador del Centro Democr¨¢tico, el partido de Gobierno, pasar¨¢ as¨ª a una nueva etapa. La decisi¨®n de la Fiscal¨ªa ¨Cencabezada por Francisco Barbosa, un ¨ªntimo amigo de Duque desde que estudiaban juntos en la universidad¨C mantiene en vilo al pa¨ªs, y se producir¨¢ sin una nueva declaraci¨®n de un testigo clave, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de una antigua finca de la familia Uribe, al que la defensa del exmandatario ha buscado desacreditar como un testigo mentiroso.
Monsalve solo declarar¨¢ ¡°ante un juez imparcial, en una audiencia p¨²blica, oral, transparente¡±, y no lo har¨¢ ante ¡°una Fiscal¨ªa sesgada y parcializada, donde el se?or Uribe V¨¦lez parece m¨¢s una v¨ªctima que un imputado¡±, reiter¨® esta semana el abogado del exparamilitar, Miguel ?ngel del R¨ªo. ¡°No declarar¨¢ porque ya lo hizo, no solamente una vez, sino varias. De hecho, la imputaci¨®n que recae sobre el se?or Uribe V¨¦lez es precisamente por eso, por buscar que el testigo se retractara de esas declaraciones. Es decir, que est¨¢n dados todos los elementos para llevar a juicio al se?or Uribe V¨¦lez¡±, se?al¨® el abogado en un mensaje en redes sociales. ¡°Sin Monsalve el caso es d¨¦bil, por eso debe declarar¡±, apuntaba en un editorial el peri¨®dico El Espectador.
El fiscal designado para el caso, Gabriel Jaimes, es el responsable de definir si acusa o no al expresidente. Si se abstuviera de hacerlo, debe sustentar su decisi¨®n ante un juez y es apelable. El senador Iv¨¢n C¨¦peda, reconocido como v¨ªctima en el proceso contra Uribe, ha advertido insistentemente que, desde que lleg¨® a la Fiscal¨ªa, no ha habido ninguna clase de garant¨ªas para las v¨ªctimas y sus abogados.
¡°Yo tengo la certeza de que el se?or Jaimes va a presentar un escrito en el que solicita se precluya esta investigaci¨®n¡±, afirm¨® Cepeda a EL PA?S. ¡°Un escrito que va a estar plagado de afirmaciones grandilocuentes que no tienen ning¨²n sustento probatorio, y que en la pr¨¢ctica son una manera de encubrir el hecho de que ¨¦l ha desviado la investigaci¨®n, ha menospreciado y se ha abstra¨ªdo de la investigaci¨®n hecha por la Corte Suprema de Justicia, de las miles de pruebas que hay en el expediente y que fueron claramente sustentadas por la Corte en un escrito de m¨¢s de 1.500 p¨¢ginas cuando dio la orden de privar de la libertad a Uribe¡±, asegura. ¡°Aqu¨ª todav¨ªa hay mucho trecho por recorrer, sea en un sentido o en otro¡±, advierte.
El caso por el que Uribe es investigado se remonta al a?o 2012, cuando el propio expresidente present¨® una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema ¨Ccon competencias sobre aforados como los legisladores¨C por un supuesto complot que, seg¨²n su versi¨®n, involucraba falsos testigos en c¨¢rceles colombianas para relacionarlo con paramilitares. Ese proceso dio un vuelco a mediados de 2018 cuando, fruto de casi seis a?os de investigaciones, el alto tribunal decidi¨® absolver a Cepeda y en su lugar pidi¨® investigar a Uribe ¨Cpor aquel entonces senador¨C bajo la sospecha de que ¨¦l y sus abogados fueron los que manipularon testigos. La denuncia original de Juan Guillermo Monsalve se?ala que en la hacienda Guacharacas, una antigua propiedad de la familia Uribe, se conform¨® un bloque de autodefensas en la d¨¦cada de los noventa, cuando era gobernador del departamento de Antioquia.
La medida de casa por c¨¢rcel para un exmandatario no ten¨ªa precedentes en Colombia. El pasado agosto, cuando Uribe todav¨ªa era senador, la Corte Suprema orden¨® su detenci¨®n preventiva y domiciliaria como parte del expediente seg¨²n el cual varios testigos recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios para favorecerlo. Uribe, con un extenso historial de enfrentamientos con los altos tribunales, renunci¨® entonces al Senado y la corte decidi¨® a comienzos de septiembre enviar el expediente a la Fiscal¨ªa por considerar que hab¨ªa perdido la competencia.
Desde que el exmandatario abandon¨® el Congreso, parte de la discusi¨®n jur¨ªdica ¨Cplagada de tecnicismos¨C se concentr¨® en interpretaciones sobre las implicaciones del cambio de esquema procesal debido al tr¨¢nsito de la Corte Suprema a la justicia ordinaria, pues Uribe ya hab¨ªa rendido indagatoria y estaba formalmente vinculado a una investigaci¨®n penal en el alto tribunal. Su defensa ha alegado que la corte viol¨® sus garant¨ªas procesales, mientras sus detractores denuncian que su estrategia est¨¢ sembrada de maniobras dilatorias para garantizarle impunidad.
Una jueza de control de garant¨ªas orden¨® el pasado octubre, en una marat¨®nica audiencia virtual, la libertad de Uribe, como reclamaba su defensa, luego de m¨¢s de dos meses en detenci¨®n domiciliaria en su finca de El Ub¨¦rrimo, una extensa propiedad en el norte del pa¨ªs. Desde entonces ha sido investigado en libertad, como ped¨ªan tanto el presidente Duque como el Centro Democr¨¢tico. Esa decisi¨®n, sin embargo, no anul¨® las actuaciones de la Corte Suprema, cuya validez defienden los representantes de las v¨ªctimas en el proceso. Alegando falta de garant¨ªas de imparcialidad, Cepeda ha intentado recusar tanto al fiscal general, Francisco Barbosa, como a su designado, Gabriel Jaimes, pero esas acciones no prosperaron.
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