Un militar juzgado en Italia, cerca de ser el primer condenado por cr¨ªmenes de la dictadura en Brasil

Los agentes de la Polic¨ªa Federal ya sab¨ªan que el montonero ¨ªtalo-argentino Lorenzo Ismael Vi?as Gigli, que entonces ten¨ªa 25 a?os, estaba all¨ª cuando subieron al ¨®mnibus procedente de Santa Fe aquella noche del 26 de junio de 1980, en la frontera entre Paso de Los Libres y Uruguaiana. Seg¨²n el relato del conductor a su mujer, se dirigieron directamente a su asiento, el n¨²mero 11, reservado con un nombre falso d¨ªas antes, y le sacaron del veh¨ªculo sin preguntarle nada. Perseguido por la dictadura militar argentina y padre de una ni?a nacida 20 d¨ªas antes, desapareci¨® como parte de la Operaci¨®n C¨®ndor, el plan de colaboraci¨®n represiva de las dictaduras del Cono Sur. Vi?as Gigli fue capturada cuando intentaba huir con su familia a Italia desde Brasil.

M¨¢s de 40 a?os despu¨¦s, aquel crimen, en el que participaron verdugos brasile?os, ser¨¢ juzgado definitivamente por los tribunales italianos a finales de este mes. Pasar¨¢ a la historia como el primero en sentar en el banquillo de los acusados y quiz¨¢s el primero en condenar a un agente de la dictadura brasile?a por cr¨ªmenes cometidos por el r¨¦gimen. ?tila Rohrsetzer, el agente juzgado, est¨¢ acusado en Italia de participar en el secuestro, la tortura, el asesinato y la ocultaci¨®n del cad¨¢ver de Vi?as Gigli y podr¨ªa ser condenado a cadena perpetua. A los 89 a?os, Rohrsetzer niega los cargos y no asistir¨¢ al juicio. Vive un tranquilo retiro en la costa de Santa Catarina, al sur de Brasil.

En los a?os ochenta, Rohrsetzer era el director de la Divisi¨®n Central de Inteligencia de Rio Grande do Sul (DCI), que actuaba en asociaci¨®n con las ¨¢reas de seguridad e inteligencia del Tercer Ej¨¦rcito y el temido DOI-CODI, cerebro de la tortura de los que estaban en contra del r¨¦gimen militar. Al ser citado por el gobierno italiano mediante una carta enviada al Tribunal Superior de Justicia en 2011, Rohrsetzer declar¨® que no se somete a la jurisdicci¨®n italiana porque considera que las acusaciones son absurdas. EL PA?S intent¨® sin ¨¦xito localizarlo.

De Brasil a Argentina

Rohrsetzer era el ¡°hombre de conexi¨®n¡± entre el gobierno central de Brasilia y el aparato represivo de Rio Grande do Sul cuando el ¨ªtalo-argentino fue detenido y poco despu¨¦s entregado clandestinamente a agentes de la dictadura argentina. Fue una v¨ªctima m¨¢s de la Operaci¨®n C¨®ndor, un pacto iniciado a finales de los a?os sesenta entre las dictaduras de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay para intercambiar y asesinar presos pol¨ªticos y compartir informaci¨®n intelectual y material para la instalaci¨®n de centros de tortura. El resultado fue miles de muertos de todas las nacionalidades en el continente sudamericano.

La ¨²ltima testigo que vio a Vi?as Gigli con vida, Silvia Noem¨ª Tolchinsky, declar¨® en 2018 en el juicio celebrado en Italia desde 2016. Seg¨²n su relato, ella y Vi?as Gigli fueron encarcelados en el centro de detenci¨®n clandestino Campo de Mayo del ej¨¦rcito argentino, situado en el ¨¢rea metropolitana de Buenos Aires. Vi?as Gigli llevaba una foto de su hija y le dijo que llevaba m¨¢s de 90 d¨ªas encarcelado. Fue encadenado, torturado y poco despu¨¦s desapareci¨® de su cautiverio sin dejar registros, probablemente en un vuelo de la muerte sobre el R¨ªo de la Plata. Com¨²n como forma de asesinato en el r¨¦gimen militar argentino y en las acciones de la Operaci¨®n C¨®ndor, estos vuelos en avi¨®n y helic¨®ptero transportaban prisioneros que eran arrojados vivos, muertos o heridos a mar abierto.

Justicia en Italia

El caso contra Atila es el desarrollo de un juicio m¨¢s amplio relacionado con la Operaci¨®n C¨®ndor. El proceso principal, aceptado por la Justicia italiana en 2007, investig¨® los cr¨ªmenes cometidos por agentes de las dictaduras del Cono Sur contra ciudadanos italo-latinoamericanos entre 1973 y 1980, a partir de las denuncias de los familiares de las v¨ªctimas. Un total de 146 personas fueron denunciadas, entre ellas cuatro brasile?os, de los cuales 33 fueron imputados. Ocho expresidentes y militares sudamericanos fueron condenados a cadena perpetua por asesinato. En un proceso derivado, cuatro brasile?os fueron acusados del asesinato de Vi?as Gigli como parte de la operaci¨®n transnacional clandestina: Jo?o Osvaldo Leivas Job, secretario de seguridad de Rio Grande do Sul en aquel momento; Carlos Alberto Ponzi, que dirig¨ªa la sucursal del Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) en Porto Alegre; Marco Aur¨¦lio da Silva Reis, delegado de la polic¨ªa que era director del Departamento de Orden Pol¨ªtico y Social (Dops); y Rohrsetzer. Todos formaban parte del aparato represivo brasile?o. Como Job, Ponzi y Silva Reis murieron durante el proceso, Rohrsetzer se convirti¨® en el ¨²nico acusado.

Rohrsetzer es mencionado tres veces en el Informe Final de la Comisi¨®n Nacional de la Verdad, creada en el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff para investigar los cr¨ªmenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura. La Comisi¨®n vincula a ?tila Rohrsetzer con los cr¨ªmenes cometidos contra al menos ocho personas, entre ellas dos ciudadanos italo-argentinos: Horacio Domingo Campiglia Pedamonti y Vi?as Gigli. Militar de Rio Grande do Sul, a lo largo de su carrera fue nombrado miembro del mando de una serie de aparatos de la estructura represiva de la dictadura militar brasile?a.

Lorenzo Ismael Vi?as Gigli era estudiante de Ciencias Sociales en Buenos Aires, Argentina, donde se incorpor¨® al movimiento estudiantil en 1969. En 1970 se incorpor¨® a la Juventud Universitaria Peronista (JUP). En 1974, reci¨¦n casado con Claudia Olga Ramona Allegrini, fue encarcelado durante nueve meses en la prisi¨®n de Villa Devoto, en la capital argentina. Tras su liberaci¨®n, se traslad¨® junto con su esposa como exiliado a M¨¦xico y luego a Brasil. Regres¨® del exilio a Argentina en 1979 en respuesta a las llamadas de los Montoneros, organizaci¨®n de izquierda en la que militaba. En mayo del a?o siguiente, naci¨® la ¨²nica hija de la pareja y se retiraron de la militancia. Seg¨²n la denuncia presentada ante los tribunales italianos, el matrimonio decidi¨® trasladarse a Italia debido a la creciente persecuci¨®n pol¨ªtica. Vi?as ir¨ªa primero, y luego se reunir¨ªa con Allegrini en Rio de Janeiro para embarcar hacia el pa¨ªs europeo, pero fue capturado.

¡°Cuando Lorenzo desapareci¨® me part¨ª en dos¡±, dice Claudia Allegrini, viuda del desaparecido que ahora tiene 62 a?os, en una entrevista con Mar Centenera, en Buenos Aires. ¡°Cri¨¦ a mi hija y lo busqu¨¦¡±, dice. Tuvieron que pasar 14 a?os para que recibiera noticias de lo sucedido a su marido. Al parecer, fue retenido durante cuatro d¨ªas por la dictadura brasile?a, durante los cuales fue interrogado y torturado, y luego entregado clandestinamente a sus colegas argentinos en coche en la frontera. En 1994, ley¨® por primera vez el relato de Tolchinsky, la ¨²ltima persona que lo vio con vida. ¡°S¨®lo pude leer el relato una vez. Oy¨® sus gritos mientras lo torturaban. Lo vio encadenado por las mu?ecas y los tobillos, estaba todo gangrenado¡±, dice Claudia. En Argentina, vio c¨®mo se hac¨ªa justicia sobre el caso.

La desaparici¨®n de su marido es una de las que han llevado a la condena de varios militares por cr¨ªmenes cometidos durante la dictadura argentina. Hasta la fecha, 1.013 militares argentinos han sido condenados por cr¨ªmenes cometidos durante la dictadura, seg¨²n informaci¨®n oficial. Sin esperanza de que se haga justicia en Brasil, Claudia espera la sentencia en Italia. ¡°Es una verg¨¹enza, estoy indignada. Debido al retraso ya han muerto tres, s¨®lo queda vivo ?tila Rohsetzer¡±, dice. El juicio comenz¨® en 2001 y Claudia declar¨® en 2016.

A principios de este a?o, en enero, el periodista brasile?o Marcelo Godoy declar¨® a distancia como testigo en el proceso. En 2007, public¨® en el peri¨®dico O Estado de S. Paulo, donde trabaja hasta hoy, documentos y una entrevista con el general de la reserva Agnaldo Del Nero Augusto, en la que el militar admit¨ªa la participaci¨®n de Brasil en la Operaci¨®n C¨®ndor y la implicaci¨®n del gobierno militar en la detenci¨®n de Vi?as Gigli. ¡°?tila formaba parte de la cadena jer¨¢rquica, de la estructura de la represi¨®n pol¨ªtica de la ¨¦poca, y el ¨®rgano que comandaba coordinaba la represi¨®n en Rio Grande do Sul¡±, comenta el periodista. ¡°Si no lo sab¨ªa, deber¨ªa haberlo sabido¡±.

Ley de amnist¨ªa

Para Godoy, el derecho de Italia a celebrar el juicio es una cuesti¨®n de Derecho Internacional. ¡°Italia tiene derecho a juzgar a los autores del asesinato de sus conciudadanos que no han sido juzgados en sus pa¨ªses. No tiene ninguna obligaci¨®n de seguir la Ley de Amnist¨ªa brasile?a ni de reconocerla¡±.

La polit¨®loga y escritora Glenda Mezzaroba, que coordin¨® el grupo de trabajo ¡°Dictadura y G¨¦nero¡± de la Comisi¨®n Nacional de la Verdad, coincide y va m¨¢s all¨¢: ¡°Es un argumento habitual de los defensores del r¨¦gimen militar invocar la Ley de Amnist¨ªa para justificar la falta de investigaci¨®n, juicio y castigo a los agentes de la dictadura¡±, aclara. ¡°Este argumento es falso, la ley no les exime de los delitos cometidos, y aunque fuera v¨¢lido, el delito en cuesti¨®n se cometi¨® en 1980, es decir, despu¨¦s de la Ley de Amnist¨ªa que es de 1979 y aplica para los delitos pol¨ªticos cometidos hasta esa fecha.¡±

El juicio tiene un valor extra para Brasil. ¡°Este caso puede significar la primera condena de un brasile?o por cr¨ªmenes cometidos durante el r¨¦gimen militar, el valor de esto es inmenso¡±, dice Lucas Paolo Vilalta, coordinador de Memoria, Verdad y Justicia del Instituto Vladimir Herzog. Sin embargo, como el acusado no se present¨® a juicio y Brasil dif¨ªcilmente extraditar¨ªa a su propio ciudadano por un delito cometido aqu¨ª mismo, el resultado es simb¨®lico, pero eso no le resta valor, dice el investigador.

¡°Marca el fin de la impunidad de los agentes de la dictadura por los cr¨ªmenes cometidos en ese per¨ªodo. Aunque el Estado brasile?o ha reconocido los delitos y varias personas han sido indemnizadas en el ¨¢mbito civil, nunca ha habido una condena penal¡±, afirma. ¡°Es un legado de impunidad que hay que interrumpir, porque es lo que hoy, por ejemplo, autoriza al presidente de la Rep¨²blica a seguir haciendo apolog¨ªa del r¨¦gimen militar hasta que algunos sectores de la polic¨ªa militar se creen con licencia para matar¡±.

El Estado brasile?o reconoci¨® su responsabilidad en la detenci¨®n y tortura de Vi?as Gigli el 2 de agosto de 2005 en una sesi¨®n de la Comisi¨®n Especial de Muertes y Desapariciones Pol¨ªticas (CEMDP). El caso tambi¨¦n est¨¢ incluido en el Dossier Ditadura: mortos e desaparecidos pol¨ªticos no Brasil (1964-1985) de la Secretar¨ªa Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la Rep¨²blica (2009, 2? ed.) y fue denunciado por la Comisi¨®n Nacional sobre la Desaparici¨®n de Personas (Conadep) de Argentina. Sin embargo, hasta ahora nadie ha sido castigado en Brasil por este u otro crimen de la dictadura, a pesar de que m¨¢s de 100 violadores de derechos humanos han sido nominalmente identificados en el trabajo de la Comisi¨®n Nacional de la Verdad.

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