Colombia debe aplicar el acuerdo de paz si quiere frenar la deforestaci¨®n
El Gobierno Duque solo podr¨¢ cumplir los compromisos que adquiri¨® en la cumbre de Glasgow si atiende a los aspectos m¨¢s ambientales del pacto, seg¨²n el International Crisis Group
El presidente de Colombia, Iv¨¢n Duque, ha buscado mostrarse como un l¨ªder ambiental esta semana en el marco de la cumbre clim¨¢tica de Glasgow, la COP26. Durante su viaje a la ciudad escocesa, el mandatario se comprometi¨® a que el pa¨ªs alcance para el a?o 2030 cero deforestaci¨®n neta. Sin embargo, en ese horizonte de metas ambiciosas se presentan oscuros nubarrones. Ante la acelerada p¨¦rdida de los bosques, ser¨¢ imposible cumplir ese prop¨®sito sin una implementaci¨®n m¨¢s decidida de los aspectos m¨¢s ¡°verdes¡± del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC sellado hace ya cinco a?os, que se encuentran en gran medida estancados y sin financiaci¨®n, ha advertido un informe del International Crisis Group (ICG).
Los bosques y selvas tropicales que revisten la mitad del territorio colombiano siguen bajo asedio. Aunque las expectativas sobre los dividendos ambientales de ese hist¨®rico acuerdo eran altas, el desarme de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no ha podido materializar, hasta ahora, esos buenos augurios. Por el contrario, la deforestaci¨®n ¨Cla principal causa de cambio clim¨¢tico en el pa¨ªs¨C se ha disparado desde entonces. ¡°Otros insurgentes y grupos criminales han intensificado sus actividades econ¨®micas (ganader¨ªa, tala, miner¨ªa y cultivos de coca) y as¨ª acelerado la p¨¦rdida de bosques y selvas en ¨¢reas anteriormente controladas por la guerrilla¡±, destaca el informe ¡®Bosques ca¨ªdos: deforestaci¨®n y conflicto en Colombia¡¯, publicado este jueves.
Despu¨¦s de realizar m¨¢s de un centenar de entrevistas a campesinos, funcionarios, militares o expertos, y de visitar departamentos como Caquet¨¢, Meta, Choc¨® o Cauca desde el pasado enero para identificar las din¨¢micas, adem¨¢s de analizar los mapas de deforestaci¨®n, el ICG se?ala que el Gobierno debe redirigir sus esfuerzos contra los delitos ambientales hacia los actores econ¨®micos que impulsan la destrucci¨®n de bosques, en lugar de los taladores m¨¢s pobres.
El mensaje del presidente colombiano en los escenarios internacionales contrasta con la situaci¨®n sobre el terreno, apunta Bram Ebus, analista del ICG. ¡°Si el Gobierno no trabaja los acuerdos de paz, va a ser imposible cumplir con las metas con las que se comprometi¨® Iv¨¢n Duque en Glasgow¡±, dice en referencia a los puntos m¨¢s relacionados con el medio ambiente en ese hist¨®rico pacto. Entre ellos, frenar la frontera agr¨ªcola, reintegrar excombatientes en econom¨ªas rurales sostenibles, los proyectos de sustituci¨®n de cultivos il¨ªcitos o los proyectos de desarrollo rural en los municipios m¨¢s golpeados por el conflicto ¨Clos PDET, en la jerga gubernamental¨C.
En armas, las FARC devastaron en muchos sentidos los ecosistemas durante m¨¢s de cinco d¨¦cadas de conflicto armado, reconoce el documento, pero ¡°hay una clara diferencia entre ellos y la generaci¨®n actual de grupos violentos que operan en las zonas rurales de Colombia¡±. La guerrilla tend¨ªa a restringir la deforestaci¨®n en las ¨¢reas donde operaba, en gran medida porque las tupidas copas de los ¨¢rboles dificultaban que el Ej¨¦rcito identificara sus campamentos desde el aire. Desde el desarme de la insurgencia, ¡°la deforestaci¨®n aument¨® dr¨¢sticamente, encabezada o promovida por nuevos y viejos actores armados, a menudo en f¨¦rrea competencia entre ellos¡±, explica el ICG, al se?alar al Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), la ¨²ltima guerrilla activa en Colombia; a las disidencias de las FARC que se apartaron de las negociaciones y a los grupos criminales herederos de los paramilitares.
La deforestaci¨®n, sin embargo, no ocurre exclusivamente a manos de las bandas ilegales, advierte la investigaci¨®n. Muchos desplazados y otras v¨ªctimas del prolongado conflicto armado que Colombia busca dejar atr¨¢s tambi¨¦n se han visto empujados a talar los bosques para sobrevivir. ¡°En la primera l¨ªnea de la disminuci¨®n del bosque del pa¨ªs, algunos de estos campesinos se ven obligados a acatar las ¨®rdenes de los grupos armados, mientras que otros reciben peque?as remuneraciones por su labor¡±.
En ese contexto, la ganader¨ªa, en teor¨ªa un negocio l¨ªcito, emerge como la principal causa de deforestaci¨®n, por encima incluso de los cultivos de coca, la tala il¨ªcita o la miner¨ªa ilegal. ¡°El Estado no ha logrado controlar diversas pr¨¢cticas corruptas y criminales en el seno de la ganader¨ªa¡±, denuncia el ICG. ¡°La tierra utilizada para el pastoreo a menudo se obtiene ilegalmente o se encuentra en zonas de protecci¨®n ambiental. Las ganancias usualmente enriquecen a los grupos criminales que aterrorizan a la poblaci¨®n local y perpet¨²an el conflicto¡±.
El Gobierno, concluye el informe, debe seguir dos rutas principales para enfrentar las amenazas entrelazadas del conflicto y la deforestaci¨®n. ¡°En primer lugar, debe enfrentar y responsabilizar de manera m¨¢s efectiva a los criminales y grupos armados que est¨¢n arrasando el bosque para obtener beneficios econ¨®micos¡±, apunta. Y en segundo, ¡°atender mejor a las familias desplazadas y otras v¨ªctimas del conflicto que se ven obligadas a ampliar la frontera agr¨ªcola del pa¨ªs para poder sobrevivir¡±. La nueva ley contra delitos ambientales promulgada este a?o ofrece una oportunidad para repensar la campa?a contra la deforestaci¨®n y desarrollar una nueva estrategia enfocada en llevar ante la justicia a los delincuentes en las altas esferas de poder de empresas l¨ªcitas e il¨ªcitas implicadas en la destrucci¨®n de los bosques, en lugar de los taladores, abunda en su diagn¨®stico. ¡°Entre tanto, los esfuerzos renovados para cumplir con las iniciativas ambientales del acuerdo de paz de 2016 ser¨¢n cruciales¡±.
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