El abogado general de la UE avala retirar fondos europeos a los pa¨ªses que vulneren el Estado de derecho

El abogado general de la Uni¨®n Europea ha rechazado este jueves los recursos planteados por Polonia y Hungr¨ªa frente al mecanismo de condicionalidad, una herramienta aprobada en diciembre de 2020 para asegurarse de que ni un euro de los hist¨®ricos fondos de recuperaci¨®n acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho. Las conclusiones, que no son vinculantes, marcan el rumbo de lo que previsiblemente falle el Tribunal de Justicia de la UE, cuyas sentencias suelen coincidir en la mayor parte de casos con la opini¨®n de los abogados generales. La decisi¨®n definitiva se espera para principios del a?o que viene y, de seguir la l¨ªnea actual, permitir¨¢ a Bruselas apretar un poco m¨¢s las tuercas a los d¨ªscolos vecinos del este frenando el flujo de partidas presupuestarias europeas hacia Varsovia y Budapest.

El texto de conclusiones, redactado por el espa?ol Manuel Campos S¨¢nchez-Bordona, considera que el r¨¦gimen de condicionalidad fue adoptado por el legislador europeo sobre una base jur¨ªdica adecuada y respetando el principio de seguridad jur¨ªdica. Desestima as¨ª los argumentos de los vecinos del Este, que consideraban que el reglamento no serv¨ªa para crear una norma presupuestaria, sino que se hab¨ªa dado vida a ¡°un procedimiento de contenido y significado pol¨ªtico¡± y a un ¡°mecanismo de evaluaci¨®n pol¨ªtica¡± con el que Bruselas pretende inmiscuirse en sus asuntos internos, tal y como denunciaron las defensas de Hungr¨ªa y Polonia en la vista oral celebrada el pasado octubre.

En cambio, S¨¢nchez-Bordona estima que son compatibles con los Tratados las normas emanadas de las instituciones de la Uni¨®n que buscan reaccionar ¡°contra ciertas violaciones del valor Estado de derecho que incidan en la gesti¨®n presupuestaria¡±. Adem¨¢s, considera que la creaci¨®n del mecanismo de condicionalidad es compatible con el art¨ªculo 7 del Tratado de la UE, precepto coloquialmente conocido como el bot¨®n nuclear de la Uni¨®n. Esta disposici¨®n fue pensada como una especie de arma disuasoria de ¨²ltimo recurso frente a los pa¨ªses que incumplen los valores fundamentales del bloque, como los derechos humanos o el imperio de la ley, y puede implicar la p¨¦rdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. Las conclusiones desoyen as¨ª otra de las peticiones de Varsovia y Budapest, que consideraban que el legislador europeo se extralimit¨® en sus funciones, creando el mecanismo de condicionalidad como una sanci¨®n punitiva con la intenci¨®n de ¡°soslayar¡± el instrumento del art¨ªculo 7, que nunca ha logrado prosperar en su contra debido a la falta de mayor¨ªa suficiente en el Consejo.

¡°Antes de que las l¨¢grimas de alegr¨ªa broten en los ojos de los medios de comunicaci¨®n liberales, un amable recordatorio: solo se ha publicado una opini¨®n, no la sentencia del TJUE¡±, ha se?alado Judit Varga, ministra de Justicia de Hungr¨ªa, en redes sociales. ¡°El mecanismo de condicionalidad elude los tratados e infringe los requisitos b¨¢sicos del Estado de derecho, un hecho que los jueces no deben olvidar¡±. Varga tambi¨¦n ha se?alado que el Gobierno h¨²ngaro mantiene su posici¨®n y espera que el Tribunal ¡°se base ¨²nicamente en argumentos jur¨ªdicos y de sentido com¨²n¡±, y no en los razonamientos ¡°err¨®neos¡± del abogado general. ¡°?Decimos no al chantaje con el Estado de Derecho!¡±, ha remarcado, empleando una de las expresiones que se ha vuelto una constante en los Ejecutivos h¨²ngaro y polaco en su conflictivo trato con Bruselas.

¡°Era ingenuo confiar en que las instituciones de la UE ser¨ªan capaces de autolimitarse¡±, ha se?alado tambi¨¦n a trav¨¦s de redes sociales Sebastian Kaleta, secretario de Estado de Justicia de Polonia. ¡°Esto es un robo contra el Estado de derecho que quieren defender¡±, ha a?adido, especificando que la opini¨®n del abogado general da el visto bueno a un mecanismo que se encuentra ¡°fuera de los tratados¡±.

¡°El mecanismo del Reglamento se asemeja a otros instrumentos de condicionalidad financiera y de ejecuci¨®n presupuestaria que existen en varios ¨¢mbitos del derecho de la Uni¨®n, y no al del art¨ªculo 7¡å, considera el abogado general. Adem¨¢s, prosigue, ¡°a diferencia del Reglamento, el art¨ªculo 7 exige que haya una violaci¨®n grave y persistente de cualquiera de los valores de la Uni¨®n, y no solo del Estado de derecho¡±.

Las conclusiones acercan un poco m¨¢s la posibilidad de que Bruselas dispare desde un nuevo frente contra los d¨ªscolos gobiernos del Este, haciendo uso de esta nueva herramienta negociada en 2020 junto al paquete hist¨®rico de los fondos de recuperaci¨®n de la covid y aprobada tras arduas negociaciones con Hungr¨ªa y Polonia. A pesar de su adopci¨®n, ambos Estados recurrieron de inmediato ante la justicia europea y arrancaron el compromiso de que el mecanismo no ser¨ªa aplicado hasta que el tribunal se pronuncie. Desde entonces, se encuentra en una especie de limbo. A pesar de ello, la Comisi¨®n Europea dio a finales de noviembre los primeros pasos para activar el mecanismo de condicionalidad, exigiendo por escrito a Hungr¨ªa y a Polonia explicaciones detalladas sobre el impacto que el deterioro del Estado de derecho en ambos pa¨ªses puede tener en la gesti¨®n de los fondos europeos. Bruselas trata as¨ª de ganar tiempo frente a la presi¨®n del Parlamento Europeo, que ha denunciado al Ejecutivo comunitario por no activar el nuevo Reglamento de condicionalidad.

El Ejecutivo comunitario es consciente de que una de las armas m¨¢s poderosas para doblegar a Hungr¨ªa y Polonia es la econ¨®mica. Y, de hecho, estos dos pa¨ªses se encuentran entre los pocos cuyos planes de recuperaci¨®n para hacer frente a la pandemia a¨²n no han recibido el visto bueno. En el caso polaco se siguen intensas negociaciones entre Varsovia y la capital comunitaria para fijar un calendario de reformas del sistema judicial que contemple el desmantelamiento de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo del pa¨ªs, un ¨®rgano que amenaza la independencia de los jueces, seg¨²n estima Bruselas, y la restituci¨®n de los jueces sancionados por esta sala.

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