Bruselas exige por primera vez garant¨ªas a Hungr¨ªa y Polonia sobre la protecci¨®n de los fondos europeos

La Comisi¨®n Europea ha exigido por escrito a Hungr¨ªa y a Polonia explicaciones detalladas sobre el impacto que el deterioro del Estado de derecho en ambos pa¨ªses puede tener en la gesti¨®n de los fondos europeos. Bruselas estrena as¨ª el nuevo Reglamento de condicionalidad, que desde el 1 de enero permite cortar los fondos a aquellos socios donde no est¨¦ garantizado una gesti¨®n adecuada por la falta de independencia judicial o por la corrupci¨®n rampante. Para el per¨ªodo 2021-2027, Polonia tiene asignados m¨¢s de 120.500 millones de euros en subvenciones de los fondos estructurales, agr¨ªcolas y de recuperaci¨®n. Y Hungr¨ªa, 38.600 millones con cargo a las mismas partidas.

Las cartas remitidas por la Comisi¨®n a Budapest y Varsovia son todav¨ªa un paso preliminar en la aplicaci¨®n del Reglamento. Pero permiten a Bruselas ganar tiempo a la espera de que el Tribunal de Justicia europeo resuelva los recursos de Hungr¨ªa y Polonia contra una norma que consideran discriminatoria y arbitraria. La presidenta de la Comisi¨®n, Ursula von der Leyen, intenta adem¨¢s calmar al Parlamento Europeo, que ha denunciado al ejecutivo comunitario por no activar el nuevo Reglamento de condicionalidad.

El Parlamento exige la apertura de expedientes con base en el art¨ªculo 6.1 de la norma, que permitir¨ªa cortar los fondos a los pa¨ªses infractores. Von der Leyen, de momento, reclama informaci¨®n a Hungr¨ªa y Polonia con base en el art¨ªculo 6.4, una v¨ªa preliminar que levanta la amenaza de cortar los fondos, pero deja el posible castigo para mucho m¨¢s adelante.

Ambas cartas se?alan que la situaci¨®n en los dos pa¨ªses ¡°supone un serio riesgo para la protecci¨®n de los intereses financieros de la Uni¨®n¡±, seg¨²n los textos a los que ha tenido acceso EL PA?S. Y se?alan que la petici¨®n de informaci¨®n se hace con vistas al art¨ªculo del Reglamento que permite evaluar si se dan las condiciones previstas para adoptar medidas en caso de que una vulneraci¨®n de los principios del Estado de derecho afecte o amenace con afectar gravemente la buena gesti¨®n del presupuesto de la Uni¨®n.

En el caso de Hungr¨ªa, la Comisi¨®n inquiere sobre todo en lo relativo a la lucha contra la corrupci¨®n y al marco de licitaci¨®n p¨²blicas. La Oficina europea de Lucha contra el Fraude ya ha llevado a cabo varias investigaciones al respecto y ha requerido el reembolso de cientos de millones de euros en ayudas europeas. Pero ahora, por primera vez, se somete a escrutinio de manera general a un sistema de concesi¨®n de las ayudas que, seg¨²n la oposici¨®n h¨²ngara, ha permitido al primer ministro, Viktor Orb¨¢n, canalizar millones de euros hacia un c¨ªrculo de empresarios y beneficiarios muy cercanos al poder.

La Comisi¨®n reclama informaci¨®n al Ejecutivo de Orb¨¢n sobre ocho puntos relacionados directamente con los fondos. Algunas preguntas tienen un car¨¢cter general (¡°?Qu¨¦ medidas se han adoptado para mejorar el marco de licitaci¨®n p¨²blica (¡­)?¡±) y otras son muy concretas, como la relativa al proceso de privatizaci¨®n del aeropuerto de Budapest tras haberse beneficiado de una ayuda comunitaria de 200 millones de euros. La Comisi¨®n tambi¨¦n reclama los datos de los 10 mayores beneficiarios de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n, una informaci¨®n que Bruselas podr¨ªa probablemente conseguir por s¨ª misma, pero que obligar¨¢ a Budapest a dar el retrato de los destinatarios de tan multimillonarias ayudas.

La carta a Hungr¨ªa tambi¨¦n incluye seis preguntas sobre las garant¨ªas de eficiencia e imparcialidad de las investigaciones de la fiscal¨ªa general. Y advierte que las deficiencias detectadas en esa ¨¢rea as¨ª como la ausencia de sanciones disuasorias puede alentar la corrupci¨®n y, por tanto, poner en peligro la integridad de los fondos europeos.

El tercer y ¨²ltimo apartado de la carta h¨²ngara cuestiona las reformas judiciales acometidas recientemente por el Ejecutivo de Orb¨¢n y que, seg¨²n Bruselas, podr¨ªan poner en peligro la independencia de los jueces h¨²ngaros.

El deterioro de la independencia judicial es el eje dominante de la carta remitida al Gobierno polaco de Mateusz Morawiecki. En este caso, Bruselas comienza por requerir informaci¨®n sobre el seguimiento que Varsovia dar¨¢ a las recientes sentencias del Tribunal Constitucional polaco que han declarado incompatibles con la Carta Magna los pronunciamientos de la justicia europea sobre la independencia judicial.

Y la Comisi¨®n no parece dispuesta a conformarse con una respuesta de Morawiecki que confirme el acatamiento de las sentencias europeas, sino que exige explicaciones sobre c¨®mo lo llevar¨¢ a cabo. ¡°(¡­) Expliquen por favor c¨®mo har¨¢n las autoridades polacas para despejar cualquier potencial incertidumbre con respecto a la aplicaci¨®n del Tratado y de la legislaci¨®n de la Uni¨®n relevantes para la gesti¨®n financiera adecuada y la protecci¨®n del presupuesto de la UE¡±, reclama la misiva enviada a Polonia.

La Comisi¨®n tambi¨¦n pide explicaciones a Varsovia sobre las posibles injerencias pol¨ªticas en la independencia de la fiscal¨ªa e informaci¨®n detallada sobre las investigaciones llevadas a cabo desde 2016 de casos de corrupci¨®n, fraude o conflictos de inter¨¦s en relaci¨®n con los fondos europeos en los que estuvieran implicados altos funcionarios o personalidades pol¨ªticas.

Los gobiernos de Orb¨¢n y Morawiecki disponen de dos meses para contestar a la requisitoria de la Comisi¨®n. Budapest y Varsovia saben que no corren un peligro inmediato de perder las ayudas. Pero ven bajar unos cent¨ªmetros una guillotina que podr¨ªa cortar de ra¨ªz el multimillonario flujo europeo que ha contribuido a alimentar el ¨¦xito electoral de sus respectivos partidos, Fidesz y PiS.

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