Argentina busca a 22 represores pr¨®fugos de la dictadura por delitos de lesa humanidad

La Justicia argentina ha condenado a 1.058 personas por cr¨ªmenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura entre 1976 y 1983. Pero a¨²n queda mucho camino por recorrer: hay 20 juicios en curso, medio centenar que aguardan fecha de inicio y una veintena de pr¨®fugos de la Justicia. Seg¨²n el Ministerio P¨²blico Fiscal, el Estado argentino desconoce el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad y ofrece recompensas por ellos. Por los m¨¢s buscados est¨¢ dispuesto a pagar hasta cinco millones de pesos (unos 43.300 d¨®lares) a quien d¨¦ alguna pista que facilite su captura, seg¨²n el anuncio realizado por el Ministerio de Seguridad en v¨ªsperas del 46 aniversario del golpe de Estado.

Con el paso de los a?os, la b¨²squeda se vuelve cada vez m¨¢s compleja y es necesario envejecer las escasas fotograf¨ªas que se disponen de los pr¨®fugos. En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado est¨¢ vivo o ha fallecido, como es el caso del exmarino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de la apropiaci¨®n de Javier Penino Vi?as a los pocos d¨ªas de haber nacido en la Escuela Superior de Mec¨¢nica de la Armada en Buenos Aires, el mayor centro clandestino de detenci¨®n de la dictadura argentina.

Vildoza escap¨® del pa¨ªs por la frontera de Paraguay en 1986 junto a su esposa y a su menor apropiado en un autom¨®vil de Inteligencia de la Armada. Pas¨® por Brasil y varios pa¨ªses europeos hasta llegar a Sud¨¢frica, donde se instal¨®. Su familia afirma que Vildoza muri¨® en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que fue cremado, pero como el acta de defunci¨®n fue falsificada, para la justicia argentina sigue pr¨®fugo.

En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. El exmilitar Carlos Alberto Arroyo es uno de ellos. En 2013, aprovech¨® el beneficio de la excarcelaci¨®n que le hab¨ªa sido concedido y se fug¨® cuando estaba a punto de ser juzgado por el doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. Esta ¨²ltima estaba embarazada cuando integrantes del Ej¨¦rcito entraron en la vivienda donde se encontraba la pareja y los acribillaron. El cuerpo de Souto Castillo recibi¨® m¨¢s de 20 disparos y la familia tard¨® 15 a?os en dar con su paradero porque fue enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther Garc¨ªa.

Entre los m¨¢s buscados figura tambi¨¦n el ex subcomisario de polic¨ªa Emilio Alberto Rimoldi Fraga, acusado de haber participado junto a otros seis integrantes de esta fuerza en una cacer¨ªa a lo largo de una noche de octubre de 1977 en la que secuestraron a tres personas y asesinaron a otras tres.

La mayor¨ªa de pr¨®fugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad pero hay tambi¨¦n civiles vinculados a ellas, como Eduardo Rebechi y Gabriel Jes¨²s Isach, por quienes el Estado argentino ofrece tambi¨¦n una recompensa de cinco millones de pesos. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y est¨¢n imputados en causas por cr¨ªmenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad, la tercera m¨¢s importante de Argentina.

Una treintena de capturas

La unidad especial de b¨²squeda de pr¨®fugos en casos de lesa humanidad se cre¨® en 2008 y se articul¨® un fondo de recompensas para quienes brinden informaci¨®n que permita localizar su paradero. Desde entonces se han capturado una treintena de represores.

Uno de los m¨¢s recientes fue el exteniente coronel Roberto Brunello, de 72 a?os, que se encontraba pr¨®fugo desde el 22 de noviembre del 2013. Brunello, imputado por los delitos de secuestro, aplicaci¨®n de torturas, ejercicio de violencia sexual y homicidio bajo la modalidad de desaparici¨®n forzada de persona, fue capturado el pasado noviembre en Bel¨¦n de Escobar, a unos 50 kil¨®metros de Buenos Aires.

Los organismos de derechos humanos presionan para que el Estado argentino intensifique la b¨²squeda de estos pr¨®fugos y tambi¨¦n para que acelere los juicios en curso o en fase de instrucci¨®n, dada la edad cada vez m¨¢s avanzada de v¨ªctimas y victimarios. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por cr¨ªmenes de lesa humanidad.

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