La justicia peruana proh¨ªbe a Fujimori salir del pa¨ªs para afrontar un juicio pendiente

El tribunal penal que lleva el juicio contra el aut¨®crata Alberto Fujimori por el asesinato de seis campesinos ¡ªperpetrado por militares durante su Gobierno¡ª ha prohibido su salida del pa¨ªs durante un a?o y medio. La medida se ha concedido a petici¨®n del fiscal, ante la inminente excarcelaci¨®n del reo tras la decisi¨®n del Tribunal Constitucional el jueves pasado, que aprob¨® un h¨¢beas corpus. Fujimori tiene pendiente, entre otros casos, comparecer en el juicio oral del caso Pativilca como autor mediato de homicidio calificado, que se considera delito de lesa humanidad, cometido al norte de Lima en enero de 1992 por el Grupo Colina, un escuadr¨®n de la muerte del Ej¨¦rcito peruano que cometi¨® decenas de ejecuciones extrajudiciales a civiles bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo al inicio de la d¨¦cada de los 90.

El fiscal Luis Javier Ram¨ªrez pidi¨® adem¨¢s comparecencias con restricciones para asegurar que Fujimori se presente al juicio, en vista de que en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos no ha pagado la reparaci¨®n civil a las v¨ªctimas y sus familiares. El reo tiene una deuda de 13,6 millones de d¨®lares con el Estado por reparaci¨®n civil, seg¨²n el procurador anticorrupci¨®n. La tarde del jueves, la jueza Miluska Cano se?al¨® que cuando Fujimori sea excarcelado debe informar a su despacho de cu¨¢l ser¨¢ su domicilio en la ciudad de Lima, y ¡°presentarse ante el tribunal cuando este lo requiera, salvo que su situaci¨®n de salud ¡ªdebidamente documentada¡ª se lo impida¡±.

Entre los fundamentos de su decisi¨®n, la jueza coment¨® que este viernes 25 de marzo el Estado peruano remitir¨¢ sus observaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas provisionales que tomar¨¢ ante el fallo del Tribunal Constitucional peruano. ¡°Se debe advertir el impacto sobre el derecho a la verdad y el derecho a la reparaci¨®n, m¨¢s cuando el procesado no ha pagado la reparaci¨®n civil en los casos Barrios Altos y La Cantuta¡±, afirm¨® Cano. En noviembre de 1991 el Grupo Colina asesin¨® a 15 personas ¡ªentre ellos un ni?o de ocho a?os¡ª en un inmueble de Barrios Altos, en el centro de Lima, y, en julio de 1992, secuestr¨® a nueve estudiantes y un profesor de la universidad nacional de educaci¨®n La Cantuta a quienes luego ejecut¨® extrajudicialmente. Al a?o siguiente, algunos de los cuerpos fueron encontrados calcinados al este de la capital.

En 2009, la Sala Penal Especial conden¨® a Fujimori a 25 a?os de prisi¨®n como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por ambos casos, despu¨¦s de haber sido extraditado desde Chile. La sentencia lleg¨® despu¨¦s de un largo proceso en el sistema de justicia interamericano al que acudieron las v¨ªctimas y sobrevivientes ante la imposibilidad de encontrarla en el fuero peruano. La CIDH hall¨® responsabilidad del Estado peruano en ambos casos, y como parte de las reparaciones dispuso la investigaci¨®n y sanci¨®n de los delitos, entre otras medidas. Fujimori ha cumplido 15 a?os de dicha condena.

Bajo el argumento de que Fujimori, de 82 a?os, no representa un peligro para la sociedad y tiene la salud resquebrajada, el recurso que el abogado Gregorio Parco present¨® al Constitucional pidi¨® anular la resoluci¨®n del juez supremo Hugo N¨²?ez que en 2018 invalid¨® el indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorg¨® a Fujimori en la nochebuena de 2017.

En el debate del jueves pasado, del habeas corpus, los jueces quedaron empatados tres a tres, pero el presidente del Constitucional, Augusto Ferrero, defini¨® con el voto dirimente. Ferrero lleg¨® a la corte en 2017 apadrinado por la bancada fujimorista de Fuerza Popular y la l¨ªder de ese grupo pol¨ªtico, Keiko, la hija mayor del expresidente.

Aunque el Constitucional no ha difundido la sentencia ¡ªcon los argumentos a favor y en contra¡ª el jueves comunic¨® que la decisi¨®n con los tres votos a favor del h¨¢beas corpus ¡°restituye los efectos de la resoluci¨®n del 24 de diciembre de 2017, que concedi¨® el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad¡±. El juez N¨²?ez anul¨® en octubre de 2018 el perd¨®n presidencial debido a que fue producto de una negociaci¨®n pol¨ªtica de Kuczynski con Kenji ¡ªel hijo menor de Fujimori, congresista en ese momento¡ª para evitar su destituci¨®n.

El magistrado demostr¨® que el tr¨¢mite del indulto ocurri¨® en un lapso extraordinariamente breve y que hubo irregularidades en los informes m¨¦dicos sobre el reo. A petici¨®n de los familiares de las v¨ªctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, el juez evalu¨® si el indulto infring¨ªa las obligaciones del Estado peruano ante el sistema interamericano de justicia y concluy¨® que era incompatible con ellas. Para el juez N¨²?ez, los vicios procesales del indulto de 2017 evidenciaron la falta de debido proceso, independencia y transparencia que el caso exig¨ªa. ¡°No procede otorgar beneficios en forma indebida que puedan conducir de alg¨²n modo a la impunidad¡±, dijo en su resoluci¨®n.

De aquel episodio, Kenji Fujimori enfrenta desde enero un juicio por cohecho y tr¨¢fico de influencias debido al canje del indulto de su padre a favor de votos para salvar la presidencia de Kuczynski. El fiscal ha pedido once a?os de prisi¨®n para el hijo menor de Fujimori.

Tras el fallo de los tres magistrados del Constitucional, la semana pasada, la Comisi¨®n y la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupaci¨®n por el incumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas record¨® que las normas internacionales restringen los indultos en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El martes, los expertos en derechos humanos de la ONU tambi¨¦n rechazaron el fallo del Constitucional, en un comunicado. ¡°Las v¨ªctimas de violaciones a los derechos humanos esperaron justicia por un largo tiempo, y esta decisi¨®n representa un doloroso retroceso para ellas¡±, plantearon Fabi¨¢n Salvioli, relator especial sobre la promoci¨®n de la verdad, la justicia y la reparaci¨®n; Morris Tidball Binz, relator especial sobre ejecuciones judiciales; y cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

¡°La decisi¨®n del Tribunal Constitucional de liberar al se?or Fujimori y de restablecer un indulto presidencial que le hab¨ªa sido concedido en 2017 parece ser inconsistente con los est¨¢ndares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±, a?aden los especialistas de procedimientos especiales de Naciones Unidas.

Este viernes, un procurador debe informar a la Corte Interamericana de la posici¨®n del Estado peruano acerca de lo decidido por el Constitucional, mientras a las puertas del recinto donde Fujimori cumple su condena la prensa espera la excarcelaci¨®n que podr¨ªa ser efectiva alrededor del d¨ªa 28, fecha l¨ªmite que tienen los magistrados para entregar la argumentaci¨®n de sus votos en la cuestionada sentencia.

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