El Gobierno de Maduro acelera la devoluci¨®n de bienes expropiados durante el chavismo
El proceso permitir¨¢ el regreso a sus due?os de fincas destruidas tras la administraci¨®n del Estado, pero sin indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados
Con discreci¨®n y sin grandes anuncios, el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro adelanta un proceso de escala para devolver al sector privado activos expropiados en los ¨²ltimos a?os, especialmente durante el ¨²ltimo tiempo de su predecesor y jefe pol¨ªtico, Hugo Ch¨¢vez. La decisi¨®n del r¨¦gimen venezolano comprende una lista de propiedades y empresas, en las que, de momento, destacan fincas y hatos vinculados a la producci¨®n agraria, aunque tambi¨¦n hay hoteles e industrias.
El hermetismo ha sido clave en este proceso. La devoluci¨®n del Centro Comercial Sambil a sus propietarios, la familia Cohen, que llevaba meses en negociaciones secretas parece ser la punta del iceberg. En ning¨²n caso parece estar planteada la figura de indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados. Los hermanos Delcy y Jorge Rodr¨ªguez, Tarek El Aissami, y los ministros del ¨¢rea econ¨®mica y comercial, con la autorizaci¨®n de Nicol¨¢s Maduro, conducen el cronograma de entregas, de car¨¢cter selectivo, y que se ha desarrollado con objeciones y resistencias en el sector chavista.
La comunicaci¨®n del oficialismo con el empresariado es fluida, se?alan las fuentes consultadas. El Gobierno, algunos empresarios y varios sindicatos planean convocar para finales de este mes al Foro de Di¨¢logo Social, con Maduro ejerciendo de ¨¢rbitro, y en presencia de funcionarios de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo.
En el ¨¢rea agraria, el Gobierno y los empresarios discuten un papel de trabajo en el que se eval¨²a la devoluci¨®n a sus due?os originales de hatos como El Rodeo, ubicado en el estado Gu¨¢rico, de 3.600 hect¨¢reas; el Hato Las Mercedes, en Barinas, con 14.000 hect¨¢reas; el Fundo San Roque, en el estado Zulia, de 176 hect¨¢reas; la Escuela Agron¨®mica Salesiana San Jos¨¦, en Barinas, de 1.800 hect¨¢reas; el Fundo San Antonio, en el estado Yaracuy, de 1.200 hect¨¢reas; el Fundo Buena Esperanza, en el Zulia, de 900 hect¨¢reas; el Hato Cristo/El Tr¨¦bol, en el Estado M¨¦rida, de 530 hect¨¢reas; el Fundo San Felipe, en el estado Zulia, de 275 hect¨¢reas; la Hacienda Bol¨ªvar, en el estado Zulia, de 4.000 hect¨¢reas o el Hato El Zamuro, en el Estado Portuguesa, de 6.200 hect¨¢reas. Salvo algunas excepciones, lo habitual es que el Ejecutivo de Maduro est¨¦ regresando desmantelados y sin operatividad activos que estaban funcionando con total normalidad antes de ser incautados.
El r¨¦gimen chavista ha hecho proposiciones a los due?os expropiados de compa?¨ªas e industrias manufactureras ¡ªla empresa de agroqu¨ªmicos y servicios AgroIsle?a, Aceites Diana; la sider¨²rgica Sivensa¡ª pero, a diferencia de lo que sucede con las haciendas, el ofrecimiento ha sido recibido con incredulidad y renuencia. La cadena de hoteles estatal Venetur se ha ido desprendiendo de algunas de sus sedes. Walter Stipa, empresario cercano al chavismo, ha asumido el control de algunas de ellas para operarlas. El chavismo est¨¢ ofreciendo contratos de servicio bajo la figura de concesiones. Sus funcionarios siguen muy renuentes a usar la palabra ¡°privatizaci¨®n.¡±
Una vez reelecto en el a?o 2006, Hugo Ch¨¢vez inici¨® una toma progresiva de activos y empresas del sector privado, invocando el inter¨¦s nacional y proponiendo la existencia de f¨®rmulas alternativas de propiedad, luego de negar muchas veces que tuviera intenciones de hacerlo. La pol¨ªtica formaba parte del inter¨¦s estrat¨¦gico de ¡°controlar los medios de producci¨®n¡± para hacer realidad la utop¨ªa revolucionaria. La ola de estatizaciones, expropiaciones, tomas y ¡°rescates¡± de tierras en Venezuela, se supone que para hacer justicia social y redistribuir la riqueza, incluy¨® cementeras, f¨¢bricas de vidrios, sider¨²rgicas, hoteles, operadoras petroleras, el servicio el¨¦ctrico y la compa?¨ªa de tel¨¦fonos. Este proceso alcanz¨® el paroxismo en los a?os 2010 y 2011, poco antes de que Ch¨¢vez enfermara de c¨¢ncer.
¡°Se est¨¢n devolviendo activos al empresariado¡±, reconoce Ana Mar¨ªa Carrasquero, soci¨®loga y directora del Observatorio Venezolano para los Derechos de Propiedad del Centro de Divulgaci¨®n del Conocimiento Econ¨®mico, Cedice. ¡°Lo que no sabemos es bajo qu¨¦ criterios. Durante a?os el chavismo promovi¨® las invasiones de propiedades, organiz¨® ideol¨®gicamente bandas para asaltar haciendas, robar reses, organizar asentamientos. Hay caudillos regionales muy conocidos por organizar estas invasiones con el consentimiento de Miraflores, como Lesbia Sol¨®rzano, en el Estado Barinas, o el diputado Braulio Alvarez, en Yaracuy. Me pregunto qu¨¦ se va a hacer ahora con esos cursos de adoctrinamiento a sindicatos y campesinos en los cuales se mostraba al empresario como el enemigo¡±, advierte Carrasquero.
En las invasiones y tomas de fincas participan con frecuencia miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo personal tambi¨¦n es adiestrado en la hostilidad hacia los propietarios. ¡°La actitud de las autoridades y de los militares ha cambiado, es otra desde hace unos dos a?os¡±, cuenta el due?o de una finca que fue tomada por el chavismo en el centro del pa¨ªs y que ha preferido no identificarse para protegerse. Su propiedad fue ocupada por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras en 2017 pese a haber demostrado su titularidad. ¡°Aqu¨ª llegaron de forma abusiva, se llevaron cosas decomisadas, me robaron bienes. Como nunca pudieron sacarme y les gan¨¦ el juicio, finalmente las cosas han cambiado. No he logrado que los militares salgan de aqu¨ª, pero al menos hay buena disposici¨®n, nos ayudamos y trabajamos en equipo. Pero eso no ocurre siempre. Conozco al menos cuatro casos, incluyendo el de una t¨ªa, a los que las expropiaciones les destruyeron por completo sus terrenos en haciendas en el centro del pa¨ªs¡±.
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