Las expropiaciones de Hugo Ch¨¢vez empiezan a costarle caras a Venezuela

Cuando Hugo Ch¨¢vez se hizo con Agroisle?a ¡ªuna compa?¨ªa de capitales y due?os espa?oles con 50 a?os de historia en Venezuela¡ª ya acumulaba millas expropiando a lo Robin Hood; es decir, sin pagar y sin ning¨²n procedimiento legal. Extensos hatos, miles de hect¨¢reas de tierras, empresas de todo tipo, edificios. Ch¨¢vez firm¨® el decreto principios de octubre de 2010, casi a la medianoche, mientras hac¨ªa uno de sus habituales contactos telef¨®nicos en los programas del primetime de la televisora estatal VTV. ¡°Este es el decreto n¨²mero 7.700. Me gusta ese n¨²mero¡±, comentaba mientras le¨ªa la resoluci¨®n por tel¨¦fono. ¡°Se acab¨® el tiempo de Agroisle?a. Ahora ser¨¢ de propiedad popular¡±.

El comandante de la revoluci¨®n bolivariana entonces alegaba luchar contra un supuesto oligopolio para garantizar la seguridad alimentaria. La decisi¨®n tomada regresa ahora como b¨²meran, con una deuda m¨¢s que debe pagar el Estado venezolano. Esta semana, el tribunal de arbitrajes internacionales del CIADI ¡ªCentro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, instancia del Banco Mundial¡ª fall¨® a favor de la compa?¨ªa fundada en 1958 por Enrique Fraga Alonso, un canario que como muchos espa?oles emigr¨® a Venezuela a finales de los a?os cuarenta del siglo pasado.

Ahora Venezuela debe pagar al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos m¨¢s de 1.400 millones de euros como compensaci¨®n por el incumplimiento del Acuerdo Espa?a-Venezuela que protege las inversiones espa?olas en el pa¨ªs sudamericano, al que se aferr¨® la empresa para reclamar por sus bienes con una demanda que introdujo en 2016. A este monto se suman los gastos administrativos de este procedimiento tanto para el el a como para la empresa, inform¨® la compa?¨ªa en un comunicado.

Al momento de su expropiaci¨®n, Agroisle?a ten¨ªa 52 a?os de fundada en el pa¨ªs, m¨¢s de 60 tiendas, silos, centros de distribuci¨®n, cerca de 3.000 empleados y un conglomerado de empresas asociadas al negocio agr¨ªcola como Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego. As¨ª prove¨ªa y daban asesor¨ªa t¨¦cnica a m¨¢s 18.000 peque?os y medianos productores, que representaban 70% del sector. Para el agro venezolanos hay un antes y despu¨¦s de Agroisle?a.

Tras la ocupaci¨®n por el Gobierno de todas las instalaciones de Agroisle?a vino el cambio de nombre. Agropatria asumi¨® el control de la importaci¨®n de todos los insumos del sector sacando provecho de los d¨®lares preferenciales de los a?os del control de cambio que rigi¨® por 15 a?os en Venezuela y se convirti¨® en una centrifugadora de corrupci¨®n.

Ch¨¢vez prometi¨® la venta de semillas y fertilizantes a precios m¨¢s bajos y ocurri¨® lo que pas¨® con todas las empresas tomadas por el chavismo. Los productos empezaron a escasear, la producci¨®n del campo se fue en picada hasta que Venezuela termin¨® en 2020 en la lista de las Naciones Unidas de los pa¨ªses del mundo que enfrentan crisis alimentarias junto con Yemen, Siria y Hait¨ª. Luego de que Agropatria naufragara, Nicol¨¢s Maduro dio luz verde en 2013 para que una empresa de la Fuerza Armada Nacional, Agrofanb, entrara en el terreno. Con el monopolio militar de ambas estatales la situaci¨®n no mejor¨®.

Datos de Fedeagro, la patronal de los agricultores, revelan la ca¨ªda de la producci¨®n en una d¨¦cada. En 2009, un a?o antes de la expropiaci¨®n de Agroisle?a, se produc¨ªan 17 millones de toneladas m¨¦tricas de los principales rubros: ma¨ªz, arroz, sorgo, ca?a de az¨²car, caf¨¦, papa, cebolla, tomate, girasol y piment¨®n. Para 2020 se produc¨ªa casi seis veces menos, tan solo 3 millones de toneladas m¨¦tricas.

La decisi¨®n del CIADI ocurre d¨ªas despu¨¦s de que se conociera que el centro comercial Sambil Candelaria, una enorme edificaci¨®n en el centro de Caracas, propiedad de empresarios de origen jud¨ªo y expropiada en 2006, regres¨® a sus due?os. Maduro ha puesto la reversa a la pol¨ªtica de tomas y ocupaciones de la propiedad privada que marcaron el llamado socialismo del siglo XXI de Hugo Ch¨¢vez. Desde hace un par de a?os, el Gobierno ha comenzado a privatizar algunas de las m¨¢s de 500 empresas que posee como parte del viraje obligado por la debacle econ¨®mica del pa¨ªs petrolero. El caso del Sambil ser¨ªa at¨ªpico, porque es el primero que regresa a sus due?os, aunque no han trascendido los detalles de esa negociaci¨®n. Muchas otras empresas han pasado a otras manos, en muchos casos de capitales vinculados al chavismo, bajo la sombra de la ley antibloqueo aprobada en 2021 que pone un velo de confidencialidad a todas estas transacciones.

Hasta el a?o pasado el Gobierno venezolano hab¨ªa hecho m¨¢s de 5.500 confiscaciones directas y expropiaciones y adeudaba m¨¢s 30.000 millones de d¨®lares (27.400 millones de euros) solo en litigios y arbitrajes, seg¨²n el Observatorio de Gasto P¨²blico de Cedice, un centro de investigaci¨®n econ¨®mica local, sin incluir los compromisos con bonos de PDVSA. Entre los m¨¢s costosos est¨¢n los de las mineras canadienses Gold Reserve y Crystallex. Con Agroisle?a tambi¨¦n hubo intentos de negociaci¨®n, pero el pleito finalmente ha desembocado en el CIADI y abulta una monstruosa deuda para el futuro de un pa¨ªs quebrado.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S Am¨¦rica y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la regi¨®n