La pol¨ªtica boliviana se ¡°narcotiza¡± con acusaciones en todas las direcciones
Dos asesinatos grupales relacionados con el narco alimentan la discusi¨®n sobre el tr¨¢fico de drogas y su presencia en el pa¨ªs

Las acusaciones de complicidad con el narcotr¨¢fico de pol¨ªticos del oficialismo y la oposici¨®n sobrevuelan Bolivia desde hace semanas. En lo que es ya el peor episodio de ¡°narcotizaci¨®n¡± de la pol¨ªtica del pa¨ªs andino desde fines de los a?os noventa. El tema se volvi¨® m¨¢s impactante tras dos asesinatos grupales que fueron atribuidos al narcotr¨¢fico. Est¨¢n en marcha varias investigaciones oficiales, pero el escepticismo reina entre los partidos pol¨ªticos opositores.
Gerardo Garc¨ªa es el vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Gobierno de Bolivia. Se halla en el centro de la controversia desde que Rolando Cu¨¦llar, un diputado disidente de su agrupaci¨®n present¨® una carta supuestamente firmada por ¨¦l, en la que agradece las contribuciones electorales de una persona que result¨® ser el alias de Jos¨¦ Miguel Farf¨¢n, un narcotraficante argentino que operaba en Bolivia y fue extraditado a su pa¨ªs natal en 2019. Garc¨ªa se?al¨® que tanto la carta como su firma en ella eran falsas e inici¨® un juicio por calumnias contra Cu¨¦llar, que antes hab¨ªa sido expulsado del MAS por otras razones. La oposici¨®n inici¨® un procedimiento ante el Tribunal Electoral para suspender la personalidad jur¨ªdica de este partido, que es la sanci¨®n prevista si se demuestra que recibi¨® financiamiento ilegal. Aunque es dif¨ªcil que esta demanda prospere, el presidente Luis Arce se vio obligado a ordenar al Ministerio de Justicia que inicie una investigaci¨®n a su propio partido.
Esta decisi¨®n no le cay¨® nada bien al jefe del MAS, Evo Morales, quien pidi¨® que ¡°con la misma rapidez que se persigue a dirigentes y se anuncia investigaciones para dividir y proscribir [a su partido]¡±, se investiguen sus propias denuncias sobre unos ¡°narcoaudios¡±. Semanas antes, el expresidente public¨® audios de unas llamadas entre polic¨ªas que actuaban en un operativo de intervenci¨®n de una f¨¢brica de coca¨ªna en el Chapare, que es una de las regiones con cocales del pa¨ªs. Morales vive en ella. Los audios parec¨ªan indicar que alguna autoridad superior orden¨® abortar el operativo. Morales, que se ha mostrado fuertemente cr¨ªtico a la pol¨ªtica de seguridad del Gobierno de su correligionario Arce, se?al¨® que la polic¨ªa estaba protegiendo al narcotr¨¢fico. El caso de los ¡°narcoaudios¡± ha ocasionado la ca¨ªda de varios jefes policiales y est¨¢ siendo tratado por la fiscal¨ªa.
La molestia de Morales con la gesti¨®n del ministro de Gobierno (Interior) de Arce, Eduardo del Castillo, se remonta al hecho que puede considerarse el primero de esta epidemia de ataques pol¨ªticos por narcov¨ªnculos. En abril, una investigaci¨®n de la Administraci¨®n de Control de Drogas (DEA, por su iniciales en ingl¨¦s) concluy¨® que Maximiliano D¨¢vila, uno de los jefes de la oficina antinarc¨®ticos en el ¨²ltimo Gobierno de Morales (2015-2019), hab¨ªa protegido a una red de narcotraficantes desarticulada en Panam¨¢. Del Castillo hizo detener a D¨¢vila, aunque hasta ahora no ha logrado vincularlo con el delito de tr¨¢fico de drogas. Evo Morales no defiende a su exjefe antinarc¨®ticos, pero qued¨® molesto porque el Gobierno aparentemente se guiara por los reportes de la DEA, que el expresidente considera una agencia sesgada y conspirativa, y que por eso expuls¨® del pa¨ªs en 2008.
Varios sectores de la oposici¨®n creen que existi¨® un v¨ªnculo ilegal entre Morales y D¨¢vila que debe investigarse internacionalmente, porque el sistema judicial boliviano no se atrever¨¢ a actuar contra el jefe del poderoso MAS. Debido a su oficio como cultivador de coca, Morales ha tenido que enfrentar este tipo de acusaciones durante toda su vida pol¨ªtica. Al punto de que un grupo de legisladores adversarios del expresidente est¨¢n tratando de sabotear una copa internacional de f¨²tbol sub-17 en el Chapare, que llevar¨¢ su nombre, y para eso aconsejan a los equipos invitados no mezclarse en un evento organizado por un ¡°narcotraficante¡±. Esta vez, Morales reaccion¨® con buen humor: agradeci¨® a los opositores por hacer publicidad a su campeonato.
Adem¨¢s de la detenci¨®n de D¨¢vila, otros dos hechos han impulsado fuertemente la discusi¨®n sobre narcotr¨¢fico en el pa¨ªs. Hace poco, tres polic¨ªas fueron acribillados en Porongo, una poblaci¨®n cercana a Santa Cruz, aparentemente porque hab¨ªan intentado arrestar a Misael Nallar, quien fue r¨¢pidamente detenido. El sospechoso es el yerno de un poderoso narcotraficante que cumple condena en Brasil y parte de una familia tradicionalmente vinculada con este delito. Sin embargo, su fortuna de varios millones de d¨®lares ¨C sin un origen claro, establecido e invertida en lujosas residencias y decenas de veh¨ªculos caros¨C no hab¨ªa disparado las alarmas de las entidades encargadas del lavado de dinero. Adem¨¢s, Nallar pact¨® secretamente su entrega a la polic¨ªa, lo que, cuando se supo, caus¨® esc¨¢ndalo y oblig¨® al ministro Del Castillo a cambiar de puestos a decenas de efectivos antinarc¨®ticos.
Otro asesinato grupal que caus¨® impacto fue el de tres posibles narcos que aparecieron muertos dentro de un veh¨ªculo en el Chapare. Bolivia no est¨¢ acostumbrada a este tipo de hechos, que, en cambio, son habituales en otros pa¨ªses productores de drogas.
¡°Hay un reflote de este tema en la guerra pol¨ªtica dentro del ¡®c¨ªrculo rojo¡¯ [la suma de los pol¨ªticos, la prensa y los intelectuales]¡±, admite el analista Manuel Su¨¢rez, que, sin embargo, piensa que el narcotr¨¢fico no preocupa ¡°m¨¢s que al 4% de la poblaci¨®n¡±, de acuerdo a las encuestas. En su opini¨®n, esto se debe a que el flagelo tiene en Bolivia ¡°poca condena social y moral, y, adem¨¢s, est¨¢ estructuralmente vinculado a la econom¨ªa¡±. De modo que, seg¨²n cree, la tormenta no dejar¨¢ muchos escombros. ¡°En Bolivia no hay Estado ni fuerza policial suficiente para frenar este negocio. As¨ª que estamos acostumbrados a la impunidad¡±.
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