La complicidad en las escuelas de Ecuador silencia los abusos sexuales a ni?os

No importa que Ecuador carezca de una cifra oficial de los casos de abusos sexuales en las escuelas para que tenga la dimensi¨®n de problema estructural. Las estad¨ªsticas desperdigadas en informes de entes oficiales o de organizaciones reflejan lo mismo: una epidemia cr¨®nica que ha tocado a todas las generaciones. Hay registradas 14.000 denuncias de ¨ªndole sexual en el sistema educativo desde que empezaron a contarse en 2014, pero adem¨¢s, una encuesta de 2019 a la poblaci¨®n muestra que en todas las generaciones de mujeres -adolescentes, j¨®venes, adultas y mayores de 65 a?os- en torno al 20% de cada grupo de edad reconoce haber tenido alg¨²n episodio de violencia sexual en el ¨¢mbito escolar.

El ¨²ltimo caso que escandaliz¨® a los padres de estudiantes se conoci¨® a mediados de agosto. Un ni?o de ocho a?os llevaba meses sufriendo el abuso de otro alumno de secundaria en una escuela de un sector de Guayaquil de bajos recursos. Su profesora lo sab¨ªa y la escuela tambi¨¦n, pero los familiares de la v¨ªctima solo lo descubrieron cuando requiri¨® hospitalizaci¨®n por una violaci¨®n en los ba?os del centro educativo. ¡°Se est¨¢ ejecutando un procedimiento sumario, que es sancionatorio, ante la conducta de omisi¨®n de la docente¡±, fue la respuesta del coordinador jur¨ªdico del Ministerio de Educaci¨®n, ?dgar Acosta, que precis¨® ante las c¨¢maras que la profesora hab¨ªa sido suspendida.

Esa denuncia coincidi¨® con el primer aniversario desde que Ecuador declar¨® el 14 de agosto como el D¨ªa de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Esta conmemoraci¨®n se fij¨® el a?o pasado solo despu¨¦s de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizase y condenase en 2020 al Estado ecuatoriano por no haber protegido a Paola Guzm¨¢n, una adolescente que qued¨® embarazada de su rector, 50 a?os mayor que ella, y que termin¨® suicid¨¢ndose hace ahora 20 a?os.

Apenas 15 d¨ªas despu¨¦s de conocerse el caso de Guayaquil, otra denuncia revel¨® a inicios de esta semana que un profesor de 38 a?os de una escuela rural, en la provincia de Santo Domingo, hab¨ªa sido acusado por manosear a 30 ni?as de 12 a?os y de chantajearlas con suspender el curso si romp¨ªan el silencio. Qued¨® en libertad provisional tras la denuncia de cinco de sus v¨ªctimas. A finales de abril, un audio publicado en redes sociales estremec¨ªa a Quito por el llanto de desesperaci¨®n de una adolescente que acusaba al conductor del bus de la ruta escolar de haberla violado al inicio del camino.

En la grabaci¨®n de 38 minutos, la v¨ªctima cuenta sollozando a sus compa?eros y a varios adultos que solo la escuchan con recelo y escepticismo. ¡°Te juro que me viol¨®¡±, repite hasta el hartazgo la joven ante los comentarios de descr¨¦dito de quienes la oyen. Para cuando las autoridades se tomaron en serio la acusaci¨®n, el responsable se hab¨ªa dado a la fuga. Solo despu¨¦s de que el caso se convirtiera en un esc¨¢ndalo medi¨¢tico y de que los estudiantes del colegio salieran a las calles a protestar, la movilizaci¨®n concluy¨® con su captura en una provincia de la Amazon¨ªa ecuatoriana.

¡°Hay un fuerte ambiente de impunidad, en el que est¨¢ normalizado el abuso sexual¡±, diagnostica Valeska Chiriboga, t¨¦cnica en incidencia pol¨ªtica para el cumplimiento de la sentencia Paola Guzm¨¢n vs. Ecuador. La coordinadora del observatorio que vigila los avances del Estado para evitar la repetici¨®n de casos como el condenado por la Corte IDH reconoce que ha habido reuniones para definir la pol¨ªtica p¨²blica contra la violencia sexual en el ¨¢mbito educativo. Est¨¢n implicados actores institucionales como el Ministerio de Educaci¨®n, la Secretar¨ªa de Derechos Humanos, la Fiscal¨ªa o el Consejo de la Judicatura. Pero es insuficiente. ¡°No hay rutas claras para la denuncia, para que los estudiantes sepan c¨®mo actuar y eso tiene que ser materia educativa¡±, apunta hacia una educaci¨®n sexual integral.

La impunidad est¨¢ garantizada en estos casos, explica Chiriboga, porque en los centros educativos no se denuncia a los agresores, se les encubre, no se quiere da?ar la imagen de la escuela e, incluso, pasa en la misma familia de la v¨ªctima. ¡°No conocen que es un delito; la discriminaci¨®n y los estereotipos influyeron en el caso Paola Guzm¨¢n y dec¨ªan que ella era la que sedujo al rector. Eso sigue pasando¡±, retrata. ¡°Se esconde al responsable o simplemente es separado de la instituci¨®n¡±, reniega Chiriboga, aludiendo a la a¨²n escasa voluntad pol¨ªtica. Sin esta ruta, insiste, es hoy dif¨ªcil medir el problema o trabajar para la prevenci¨®n y la reparaci¨®n porque no hay denuncias, no hay cifras y no son p¨²blicas.

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