La investigaci¨®n sobre los papeles de Trump se enreda en los tribunales

El caso de los papeles de Donald Trump ha entrado temporalmente en v¨ªa muerta. Los abogados del expresidente han logrado paralizar la investigaci¨®n gracias a la decisi¨®n de una jueza federal, nombrada por el propio Trump, de nombrar un perito independiente que revise los documentos incautados en el registro de Mar-a-Lago antes de que el Departamento de Justicia y el FBI puedan seguir trabajando con los mismos en la investigaci¨®n. La fiscal¨ªa ha recurrido con el objetivo de poder seguir examinando al menos el centenar de documentos confidenciales hallados. Lo contrario, alega provocar¨ªa un ¡°da?o irreparable¡± a la investigaci¨®n.

El Departamento de Justicia suele mantener un perfil m¨¢s bajo cuando se acercan unas elecciones. A menos de dos meses de las legislativas del 8 de noviembre, tampoco podr¨¢, de momento seguir trabajando de forma discreta. En su orden, la jueza ¡°proh¨ªbe temporalmente al Gobierno revisar y utilizar los materiales incautados con fines de investigaci¨®n hasta que se complete la revisi¨®n del maestro especial o se emita una nueva orden judicial¡±. El Gobierno puede continuar revisando y utilizando los documentos para fines de clasificaci¨®n de inteligencia y evaluaciones de seguridad nacional, pero no para la investigaci¨®n como tal.

En su decisi¨®n, la jueza Aileen Cannon se muestra consciente de que una decisi¨®n como la suya no es la habitual y de modo impl¨ªcito admite un trato especial hacia Trump: ¡°Bas¨¢ndose en la naturaleza de esta acci¨®n, los principios de equidad requieren que el tribunal considere el contexto espec¨ªfico en cuesti¨®n, y esa consideraci¨®n est¨¢ inherentemente impactada por la posici¨®n que anteriormente ten¨ªa el demandante¡±, en referencia a su anterior cargo como presidente.

Sin referirse expl¨ªcitamente a este caso, el fiscal general, Merrichk Garland, responsable del Departamento de Justicia, advirti¨® este s¨¢bado en un acto en Nueva York de que el imperio de la ley o el Estado de Derecho es ¡°fr¨¢gil¡± y hay que cuidarlo: ¡°El Estado de Derecho significa que la ley nos trata a todos por igual: No hay una norma para los amigos, otra para los enemigos; una norma para los poderosos, otra para los impotentes; una norma para los ricos, otra para los pobres¡±, se?al¨®.

La jueza Aileen Cannon ha designado como perito especial al juez semiretirado de Nueva York Raymond J. Dearie, de 78 a?os, que fue propuesto por los abogados de Trump y aceptado por la Fiscal¨ªa. Su trabajo no es asumir el sumario, sino comprobar si algunos de esos documentos est¨¢n protegidos por el privilegio abogado-cliente o por el privilegio ejecutivo. El primero protege el secreto profesional que afecta a las relaciones entre un investigado y su abogado, en la medida en que puedan afectar al derecho de defensa. El segundo, se refiere a la capacidad del Poder Ejecutivo para negar en ciertos casos documentos a otros poderes del Estado, como el Legislativo o el Judicial, una alegaci¨®n extra?a parea alguien que ya no es parte de ese poder y para oponerla a quien ahora lo ostenta.

Ser¨¢ Trump el que corra con los gastos del perito especial y con el apoyo administrativo que necesite, pero sus trabajos de revisi¨®n de los m¨¢s de 11.000 documentos puede llevar mucho tiempo. La jueza le ha dado en principio hasta el 30 de noviembre. Por eso, el Departamento de Justicia recurri¨® ante la jueza para que al menos le permitiese seguir investigando el centenar de documentos incautados que est¨¢n marcados como confidenciales. Esta se lo deneg¨®, aunque ha hecho una peque?a concesi¨®n: ordena al perito que los revise primero y abre la puerta a reconsiderar m¨¢s adelante su decisi¨®n. La fiscal¨ªa no lo considera suficiente y ha recurrido al tribunal superior.

¡°La jueza de distrito ha emitido una orden sin precedentes que proh¨ªbe el uso por parte del Poder Ejecutivo de sus propios registros altamente clasificados en una investigaci¨®n criminal con implicaciones directas para la seguridad nacional¡±, se?ala en su recurso ante el Tribunal de Apelaciones del 11? Circuito, al que pide que ¡°suspenda solo las partes de la orden que causan el da?o m¨¢s grave e inmediato al Gobierno y al p¨²blico al restringir la revisi¨®n y el uso por parte del Gobierno de los registros que llevan marcas de clasificaci¨®n y exigir al Gobierno que revele esos registros para un proceso de revisi¨®n especial¡±.

El Departamento de Justicia argumenta que los privilegios alegados por Trump no pueden aplicarse a los documentos clasificados. ¡°El demandante no puede reclamar la devoluci¨®n de esos registros, que pertenecen al gobierno y fueron incautados en un registro autorizado por el tribunal¡±, explica, a?adiendo que son ¡°centrales para la investigaci¨®n en curso¡±.

Trump y sus abogados han estado jugando al gato y al rat¨®n con la idea de que esos documentos podr¨ªan haber sido desclasificados. El expresidente lo ha afirmado en su red social, pero los abogados han evitado mojarse ante los tribunales. Eso ha permitido a la jueza decir que tienen que ser revisados como todos los dem¨¢s y que ya se sacar¨¢n las conclusiones.

En su recurso, el Departamento de Justicia alega que negarle seguir trabajando con esos documentos puede provocar un da?o irreparable. Y con respecto a la posibilidad de que est¨¦n desclasificados, dice: ¡°A pesar de las m¨²ltiples oportunidades, el demandante nunca ha manifestado que de hecho haya dado alguno de esos pasos, y mucho menos ha apoyado tal manifestaci¨®n con pruebas competentes. El tribunal se equivoc¨® al conceder una medida extraordinaria basada en posibilidades no demostradas¡±.

El Tribunal de Apelaciones al que corresponde dirimir el recurso tiene su sede en Atlanta y 6 de sus 11 magistrados han sido nombrados por el propio Trump. Sea cual sea el resultado final del recurso, la actuaci¨®n de la juez Cannon ya ha tenido una consecuencia: ha provocado que el caso se enrede en los tribunales y que la investigaci¨®n se retrase.

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