Pedro Castillo y las tres v¨ªas para acabar con un presidente

Pedro Castillo, el maestro sindical que lleg¨® a Palacio, no gobierna, sobrevive. A diferencia de otros presidentes de Per¨², que tuvieron un periodo de tregua en su primer a?o, Castillo vive en una constante confrontaci¨®n con los otros poderes del Estado. La fiscal de la Naci¨®n lo ha denunciado constitucionalmente ante el Congreso por delitos de corrupci¨®n. Nuevamente en jaque, Castillo apel¨® a su viejo sombrero, y sac¨® un conejo que ha erizado a sus opositores: acudi¨® en busca de protecci¨®n a la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA).

El sindicalista que derrot¨® a Keiko Fujimori denunci¨® que se orquesta un golpe de Estado en su contra, y le ha pedido a la OEA que active la Carta Democr¨¢tica Interamericana, un tratado internacional que defiende la estabilidad institucional y pol¨ªtica de los pa¨ªses miembro. En medio de una jornada extraordinaria, el ¨²ltimo jueves la OEA ha decidido acoger la solicitud de Castillo. Lo que supone enviar una comitiva de alto nivel al Per¨² para analizar la situaci¨®n pol¨ªtica y comprobar in situ si efectivamente hay un complot que amenaza la democracia.

Por estos d¨ªas un grupo parlamentario se encuentra recolectando firmas para impulsar la tercera moci¨®n de vacancia ¡ªdestituci¨®n¡ª contra Castillo. Un mecanismo constitucional que en el pasado removi¨® a los expresidentes Alberto Fujimori y Mart¨ªn Vizcarra. El primer intento ocurri¨® a finales de 2021, cuando Castillo ni siquiera ten¨ªa medio a?o de Gobierno, por supuestamente haber influido en el nombramiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales. El segundo, en marzo de 2022 tras ponerse en evidencia sus reuniones clandestinas con empresarios que luego ganaron licitaciones con el Estado. Ahora, tras seis investigaciones fiscales que lo se?alan como cabecilla de una mafia enquistada desde Palacio, se pretende su salida bajo tres caminos que confiere la Constituci¨®n peruana: denuncia constitucional, vacancia constitucional y suspensi¨®n.

En una acci¨®n que provoc¨® el debate de los juristas, la fiscal de la Naci¨®n, Patricia Benavides denunci¨® a Castillo a pesar de que la Constituci¨®n Pol¨ªtica del Per¨² en su art¨ªculo 117, no incluye los delitos de corrupci¨®n como causales para destituir a un presidente en funciones de su cargo. Aun as¨ª, su denuncia fue aceptada por el Congreso y se encuentra en evaluaci¨®n en la Subcomisi¨®n de Acusaciones Constitucionales. Un proceso que podr¨ªa resolverse todav¨ªa en los primeros meses del pr¨®ximo a?o.

¡°La fiscal ha llegado a la conclusi¨®n de que hay 190 indicios de comisi¨®n de actos delictivos en el ejercicio de la funci¨®n del presidente, pero tiene una valla: el art¨ªculo 117. Por eso le ha sugerido al Congreso que ser¨ªa oportuno aplicar el Principio de Convencionalidad, inaplicando ese art¨ªculo 117, y superponiendo en su defecto el Convenio sobre la Lucha contra la Corrupci¨®n que el Per¨² firm¨® en el 2003 con las Organizaci¨®n de las Naciones Unidas¡±, explica el constitucionalista V¨ªctor Garc¨ªa Toma.

Esta discusi¨®n sobre el art¨ªculo 117 ha generado una paradoja: quienes est¨¢n a favor del cambio total de la Constituci¨®n, son quienes se amparan en ¨¦l para defender la investidura del presidente. Y viceversa: quienes sostienen que la carta magna no debe reformarse, por estos d¨ªas reclaman que dicho art¨ªculo es un blindaje a favor de la impunidad.

A la exministra de Justicia, Ana Neyra le preocupa que se vulnere la Constituci¨®n inaplicando el art¨ªculo 117, pues sentar¨ªa un mal precedente para los futuros mandatarios. ¡°Eventualmente lo que estamos haciendo es debilitar la instituci¨®n presidencial, hoy ocupada por alguien que de repente a muchos no les gusta, pero ma?ana tal vez ocupada por otra persona que tendr¨¢ altas posibilidades de que estas circunstancias se repitan. Los ¨²ltimos presidentes del Per¨² han alcanzado el poder con minor¨ªas parlamentarias o mayor¨ªas d¨¦biles. No podemos generar nuevamente un desbalance entre el Ejecutivo y el Legislativo¡±.

La otra v¨ªa para remover a Castillo de su cargo es la mentada vacancia por incapacidad moral permanente. Una movida legal que, a diferencia de la acusaci¨®n constitucional, puede resolverse r¨¢pidamente en el Pleno del Congreso. El detalle es que se necesitan dos tercios de los votos del total de parlamentarios (130) para aprobarse. Y vaya que no es un detalle menor: como en los dos intentos del pasado, la oposici¨®n no ha sido capaz hasta ahora de reunir los 87 votos que necesitan. ¡°Hay un sector del Congreso que ha sido copado por prebendas y d¨¢divas por parte del Poder Ejecutivo. Evidentemente son ¡®topos¡¯ que impiden llegar a los 87 votos. Se han comprado conciencias para cambiar el curso de un voto por convicci¨®n¡±, arguye V¨ªctor Garc¨ªa Toma. De acuerdo a la tesis fiscal, uno de los brazos de la supuesta organizaci¨®n criminal de Pedro Castillo es un grupo de congresistas del partido Acci¨®n Popular apodados ¡®Los ni?os¡¯. Seg¨²n una colaborador eficaz los llaman as¨ª porque ¡°obedecen todo lo que diga el mandatario¡±.

Para el polit¨®logo Eduardo Dargent la vacancia constitucional pierde fuerza porque existe una numerosa facci¨®n de parlamentarios que desea concluir su periodo congresal y sacar a Castillo solo conseguir¨ªa precarizar todav¨ªa m¨¢s la institucionalidad. ¡°Yo todav¨ªa sigo pensando que hay m¨¢s estabilidad que colapso. Hay un pragmatismo en el Congreso que hace dif¨ªcil una ca¨ªda del Gobierno por vacancia¡±, indica y de inmediato agrega: ¡°si bien (Castillo) por ahora puede tener cierta malla de seguridad y control de la situaci¨®n, todo es muy precario. Su gran problema es que le cuesta mucho articular su defensa, construir una narrativa cre¨ªble. Si uno se da cuenta nunca hay una defensa de fondo de los temas que se le acusan¡±.

En efecto, Castillo en lugar de responder con solidez y ¨¦nfasis a cada una de las imputaciones en su contra, se exculpa alegando que es v¨ªctima de una persecuci¨®n pol¨ªtica de parte del Ministerio P¨²blico y el Congreso. En consonancia a ello, el abogado Ra¨²l Noblecilla, exasesor de Per¨² Libre, el partido que aup¨® a Castillo al poder, asegura que ¡°existe un plan siniestro de golpe de Estado que cuenta con el control de la prensa y los aparatos de administraci¨®n de justicia para doblegar al adversario¡±. Noblecilla remarca: ¡°la sociedad tiene derecho a que se investigue, pero tambi¨¦n se debe tener en claro todo esto. Los enemigos de la democracia pretenden instaurar una dictadura¡±.

?Se puede afirmar que el presidente de la Rep¨²blica emplea como principal estrategia de defensa la victimizaci¨®n? Dargent lo explica as¨ª: ¡°Castillo aprovecha el sector que lo apoy¨®, as¨ª como su procedencia humilde para construir una idea de que hay revanchismo (en la oposici¨®n) y algo de eso hay, pero sus problemas son reales¡±. En ese sentido, la polit¨®loga Katherine Zegarra se?ala que su ¡°victimizaci¨®n es exitosa porque tiene a una oposici¨®n torpe y una treintena de instituciones del Estado que est¨¢n deslegitimadas¡±. Una oposici¨®n que, en cierto modo, sigue sin reconocer el triunfo de Castillo en las elecciones del 2021 y que, curiosamente, acudi¨® a la sede de la OEA, en los Estados Unidos, para denunciar el supuesto fraude electoral.

Prueba de ello es el comunicado emitido por San Isidro, uno de los distritos m¨¢s acomodados de Lima, que ha calificado al presidente como persona no grata recientemente. Zegarra, adem¨¢s, subraya que una de las pisadas en falso del bando contrario es recurrir a descalificaciones de ¨ªndole racista y clasista debido al origen de Castillo, quien naci¨® en Cajamarca, una regi¨®n de la sierra peruana, distante a Lima, la capital. ¡°En general es un l¨ªder que exhibe muchos elementos para ser criticado, especialmente por sus supuestas relaciones con la corrupci¨®n. Pero en muchas ocasiones la cr¨ªtica ha venido cargada de racismo, generando rechazo de parte de la ciudadan¨ªa¡±.

El tercer camino del Congreso para la destituci¨®n de Pedro Castillo es la suspensi¨®n, una medida que tiene una carencia: falta que se apruebe su regulaci¨®n. Actualmente, la Comisi¨®n de Constituci¨®n que preside Fuerza Popular -la agrupaci¨®n que lidera Keiko Fujimori, la principal adversaria de Castillo- viene discutiendo un proyecto de ley al respecto. Tambi¨¦n tardar¨ªa hasta el verano del 2023 para resolverse, pues tiene un a?adido: el Poder Ejecutivo posee la facultad de observalo y as¨ª dilatar su aprobaci¨®n.

Las investigaciones de la Fiscal¨ªa sostienen que la presunta red criminal del mandatario involucra a gran parte de su familia ¡ªdesde su esposa, Lilia Paredes, hasta su cu?ada y sus sobrinos¡ª, as¨ª como ministros de Estado y un c¨ªrculo ¨ªntimo de asesores que ha sido bautizado como ¡°gabinete en las sombras¡±. Algunos de ellos se encuentran pr¨®fugos como Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones; Fray V¨¢squez Castillo, su sobrino; y Alejandro S¨¢nchez, due?o de la casa donde Castillo se reun¨ªa extraoficialmente con empresarios y pol¨ªticos. ¡°Es muy dif¨ªcil tener una percepci¨®n clara en este contexto enmara?ado. Castillo podr¨ªa durar hasta el 2026, pero tampoco tiene capacidad de buscar consensos. Si adem¨¢s de todos los problemas de la clase pol¨ªtica, la gente tiene menos para comer al d¨ªa siguiente o ocurre un milagro o esta situaci¨®n ser¨¢ absolutamente inmanejable¡±, sentencia Eloy Espinosa-Salda?a, exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Las futuras recomendaciones de la OEA, cuya comitiva de alto nivel todav¨ªa no tiene una fecha definida para visitar el Per¨², podr¨ªan caer en saco roto para las aspiraciones de Pedro Castillo. ¡°Por ahora el presidente est¨¢ buscando mostrarse ante el mundo como un perseguido pol¨ªtico. Pero lo cierto es que m¨¢s all¨¢ de que la OEA delegar¨¢ a un grupo para observar la realidad del pa¨ªs, no necesariamente actuar¨¢n a favor del gobierno por m¨¢s que algunos lo crean¡±, dice el polit¨®logo Jos¨¦ Alejandro Godoy. A esperar parados y con los ojos bien abiertos el pr¨®ximo cap¨ªtulo de este vaiv¨¦n presidencial.

Sigue toda la informaci¨®n internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.