Rosita: 4.934 noches en una c¨¢rcel de El Salvador por perder un beb¨¦ durante el parto

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Rosita ten¨ªa 23 a?os cuando pidi¨® ayuda por primera vez. En junio de 2009, busc¨® atenci¨®n m¨¦dica por una emergencia obst¨¦trica en una comunidad rural y empobrecida de El Salvador. Meses antes, acudi¨® a los tribunales a denunciar la violaci¨®n por la que hab¨ªa quedado embarazada. La respuesta del Estado fue su detenci¨®n por ¡°homicidio agravado¡±, tras perder al reci¨¦n nacido en el parto. Hace una semana, ya con 36 a?os, obtuvo la libertad condicional despu¨¦s de 13 a?os y medio entre rejas. Fueron 4.934 noches desde su detenci¨®n. El precio de esa excarcelaci¨®n son cuatro condiciones: no salir del pa¨ªs, vivir con sus padres, una visita trimestral a los juzgados y otra semanal a la iglesia evang¨¦lica de su comunidad. Desde 2009, otras 69 mujeres han podido salir de prisi¨®n con requisitos similares. A¨²n quedan dos con condena firme y otras cuatro en procesos jur¨ªdicos.

A Rosita (nombre ficticio) la condenaron a 30 a?os de prisi¨®n. La joven apel¨®. Ped¨ªa, al menos, una redenci¨®n de pena; un derecho que tienen los ciudadanos privados de libertad en el que se permite una rebaja de condena tras cumplir ciertos requisitos. Empez¨® con servicios en la prisi¨®n que conmutaban un d¨ªa de trabajo por dos de libertad. Se zaf¨® as¨ª de diez a?os. ¡°Pero le robaron una ¨¦poca preciosa. Le cortaron la vida y la juventud¡±, explica por tel¨¦fono Morena Herrera, presidenta de la Agrupaci¨®n Ciudadana por la Despenalizaci¨®n del Aborto, ¡°la vida de estas mujeres y sus expectativas quedan marcadas por siempre¡±. Las condiciones son, adem¨¢s, un mensaje claro: la emergencia obst¨¦trica es un delito. ¡°Se las libera por haber cumplido parte del ¡®castigo¡¯, no porque los jueces reconozcan que nunca se las debi¨® criminalizar¡±.

La Agrupaci¨®n Ciudadana por la Despenalizaci¨®n del Aborto acompa?a a mujeres en situaciones similares y trabaja para que El Salvador deje de ser de los pa¨ªses m¨¢s restrictivos frente al derecho al aborto del mundo. En el pa¨ªs centroamericano, desde 1998, las mujeres que interrumpen voluntaria o involuntariamente el embarazo, son consideradas homicidas. En la calle les dicen ¡°las matani?os¡±. Y reciben penas de hasta medio siglo de c¨¢rcel y un estigma infinito.

Entre 2000 y 2019, se identificaron 181 casos de mujeres que sufrieron emergencias obst¨¦tricas y fueron criminalizadas por abortar o por el delito de homicidio agravado. Las organizaciones feministas luchan por que la liberaci¨®n de estas mujeres sea por revisi¨®n de sentencia, en la que el juez reconozca que el fallo anterior estaba equivocado y que, por tanto, se anulen los antecedentes penales. Solo se han logrado tres casos as¨ª. ¡°Llega un momento en el que las mujeres a las que visito en la c¨¢rcel me dicen que ya no les importa c¨®mo salgan de ah¨ª. Solo me piden que las saque. Con o sin antecedentes¡±, cuenta Herrera.

Rosita prefiere no hablar. Dicen quienes la conocen que ¡°a¨²n no est¨¢ preparada¡±. Tambi¨¦n teme volver a ser privada de su libertad por ¡°contar de m¨¢s¡±. Abigail Cortez, coordinadora del equipo jur¨ªdico de la Agrupaci¨®n y la abogada que llev¨® el caso de la joven, narra por tel¨¦fono que cuando sali¨® de la c¨¢rcel le dijo que ¡°ni ella ni ninguna mujer deber¨ªa de pasar por lo que pas¨®¡±. ¡°A Rosita la denunci¨® un vecino, y durante el juicio se cometieron muchas irregularidades fruto de una persecuci¨®n sistem¨¢tica de las instituciones a las mujeres¡±, narra. ¡°Las salvadore?as que se ven envueltas en casos como este se enfrentan a verdaderas aberraciones¡±.

Una de las consecuencias m¨¢s graves de la penalizaci¨®n total del aborto es que una mujer embarazada se piense dos veces si ir o no al m¨¦dico, por miedo a que alguna complicaci¨®n durante el parto o la gestaci¨®n las encierre en prisi¨®n. Otra, es la falta de confianza en los tribunales. ¡°Los mismos jueces que condenan a estas mujeres a 30 y 50 a?os, son los que luego absuelven a los hombres que las violan¡±, lamenta Herrera en alusi¨®n al agresor de Rosita, quien huy¨® a Estados Unidos cuando la joven lo denunci¨® por violaci¨®n y que, tras ser capturado por otro delito en el exterior, fue deportado y liberado tras un juicio r¨¢pido.

¡°Siempre fue inocente¡±

Como suele pasar en las luchas feministas, otra mujer antes allan¨® el camino. En el caso de Rosita, fue Manuela. Una mujer pobre y analfabeta que padeci¨® un c¨¢ncer linf¨¢tico sin saberlo y que en febrero de 2008 perdi¨® al hijo que esperaba en un parto intempestivo en la letrina de su casa. Denunciada por el personal m¨¦dico del hospital al que lleg¨® de urgencia, fue interrogada sin la presencia de un abogado, esposada a la camilla y condenada a 30 a?os de c¨¢rcel por homicidio agravado. A la madre, testigo de la violencia de los sanitarios, no la dejaron testificar y al padre, que no sab¨ªa leer ni escribir, le hicieron firmar con su huella un documento en el que culpaba a su hija. Manuela muri¨® un a?o despu¨¦s en prisi¨®n y dej¨® hu¨¦rfanos a sus dos hijos, de siete y nueve a?os.

Dos a?os despu¨¦s de su muerte, el Centro de Derechos Reproductivos escal¨® su caso a la Comisi¨®n de Derechos Humanos y en 2021 lograron que la Corte responsabilizara al Estado salvadore?o de las violaciones de derechos humanos que sufri¨® la joven que entonces ten¨ªa 30 a?os. La sentencia exig¨ªa unas medidas de reparaci¨®n individual a los familiares y otras garant¨ªas de no repetici¨®n in¨¦ditas en el pa¨ªs. Sin embargo, seg¨²n Carmen Cecilia Mart¨ªnez, directora de estrategias legales para la regi¨®n de la entidad, ¡°falta mucho de todo¡±. ¡°Queda a¨²n pendiente la regulaci¨®n del secreto profesional m¨¦dico y la adaptaci¨®n de protocolos y gu¨ªas para atender estas emergencias. Tampoco se han reconocido las conclusiones de la Corte IDH ni se ha avanzado en los manuales de educaci¨®n sexual integral¡±, explica. ¡°Pero es un primer paso enorme. Lo que hace de este un caso emblem¨¢tico es que los tribunales reconocen que Manuela siempre fue inocente¡±.

El 1 de diciembre, El Salvador ten¨ªa que rendir cuentas a la Corte IDH sobre avances en materia de estas exigencias, pero los tribunales le concedieron una pr¨®rroga hasta finales de mes.

Para las mujeres v¨ªctimas de la criminalizaci¨®n y para quienes defienden sus casos, los ojos est¨¢n puestos en marzo, en la audiencia de Beatriz, otra joven a quien negaron una interrupci¨®n voluntaria del embarazo, a pesar de que este pon¨ªa en riesgo su vida y la del beb¨¦, que falleci¨® cinco horas despu¨¦s de nacer. Abortar hubiera sido la recomendaci¨®n de cualquier doctor fuera de El Salvador. Mart¨ªnez se muestra esperanzada con que la sentencia agriete otro poco m¨¢s la estricta legislaci¨®n: ¡°Si Manuela abri¨® la puerta a que se pare de criminalizar a las mujeres por emergencias obst¨¦tricas, con el caso de Beatriz, la Corte tiene la oportunidad ¨²nica de sentar jurisprudencia para que el aborto como servicio esencial de salud est¨¦ disponible siempre para las mujeres¡±.