La paradoja del juez del ¡®Diario Militar¡¯: pedir protecci¨®n a las instituciones por las que se exili¨®

El juez Miguel ?ngel G¨¢lvez suma cuatro meses en el exilio por las presiones e intimidaci¨®n que experiment¨® luego de encarcelar y enviar a juicio a nueve polic¨ªas y militares retirados, acusados de cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado en Guatemala en el caso conocido como Diario Militar o Dosier de la Muerte. El jurista ha dicho que no tuvo m¨¢s opci¨®n que el exilio porque consider¨® que en Guatemala no hay garant¨ªas para defenderse de denuncias infundadas y porque la polic¨ªa que deb¨ªa cuidarlo no advirti¨® ni fren¨® las pr¨¢cticas intimidatorias de seguimientos y vigilancias que lo llevaron a pedir las medidas cautelares que la Corte IDH le otorg¨® en julio de 2022. En respuesta al sistema americano de justicia, el Estado le ofrece ahora a G¨¢lvez dos ¨²nicas garant¨ªas para que vuelva al pa¨ªs: custodia policial y que denuncie ante el Ministerio P¨²blico, una instituci¨®n en la que parad¨®jicamente no conf¨ªa.

En sus 23 a?os como jurista, G¨¢lvez ha sumado decenas de resoluciones contra grupos del crimen organizado, estructuras de corrupci¨®n y criminales de guerra. En 2012, hizo que el dictador Efra¨ªn R¨ªos Montt fuera a juicio por cargos de genocidio y cr¨ªmenes contra la humanidad. Cinco a?os m¨¢s tarde, proces¨® tambi¨¦n al expresidente Otto P¨¦rez Molina y varios exintegrantes de su gabinete de Gobierno, acusados en el caso de defraudaci¨®n aduanera conocido como La L¨ªnea, que investig¨® la extinta Comisi¨®n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Por su trabajo, G¨¢lvez (64 a?os) se gan¨® el sobrenombre de ¡°Honorable Juzgador¡± en las redes sociales. Pero no todo eran aplausos para el Juez de Mayor Riesgo, figura legal guatemalteca para designar a los magistrados responsables de juicios que puedan representar un peligro personal para ellos. La alerta de criminalizaci¨®n lleg¨® tambi¨¦n desde internet. El 6 de mayo de 2022, horas despu¨¦s de su resoluci¨®n en el caso Diario Militar, uno de los directivos de la Fundaci¨®n contra el Terrorismo (FCT), Ricardo M¨¦ndez Ruiz, public¨® un tuit en el que le pon¨ªa en la diana: ¡°Es el turno de Miguel ?ngel G¨¢lvez. La @FCTGuatemala se hace cargo.¡±

Creada para la defensa y apoyo de los veteranos de guerra, la fundaci¨®n que dirige M¨¦ndez Ruiz ha acabado encabezando una persecuci¨®n penal contra jueces, fiscales y periodistas que son inc¨®modos para el poder de turno. Como advert¨ªa en el mensaje contra G¨¢lvez, buscan llevar ante la justicia a juristas a quienes ellos consideran ¡°delincuentes¡± o que han cometido irregularidades. En su diana han estado tambi¨¦n exjefe de la Fiscal¨ªa Especial Contra la Impunidad (FECI), Francisco Sandoval; la jueza Ericka Aif¨¢n y el presidente de elPeri¨®dico, Jose Rub¨¦n Zamora. Sandoval y Aif¨¢n llevaron ante la justicia a decenas de funcionarios y exfuncionarios se?alados por corrupci¨®n en instituciones de Gobierno y por supuestos vicios en la elecci¨®n de magistrados y justicia. Zamora, por su parte, lleva m¨¢s de siete meses en prisi¨®n acusado por lavado de dinero, en un caso que se arm¨® en tres d¨ªas, seg¨²n un reportaje del peri¨®dico digital ElFaro. La detenci¨®n del presidente de elPeri¨®dico se orden¨® despu¨¦s de publicar varios art¨ªculos e investigaciones period¨ªsticas que denuncian posibles actos de corrupci¨®n durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, como la conocida Trama Rusa.

En el caso de G¨¢lvez, le se?alan por prevaricato y por crear la figura de ¡°prisi¨®n provisional¡±, aunque en el texto de la denuncia que present¨® el 11 de mayo de 2022 no quedaba del todo claro el fundamento del se?alamiento hacia el juez. Tambi¨¦n le atribuyeron casos que no se hab¨ªan tramitado en su juzgado. Para garantizar que los funcionarios no sean sujetos de denuncias espurias o de car¨¢cter pol¨ªtico, en Guatemala se activa el proceso de antejuicio o pesquisa preliminar, pero G¨¢lvez ha asegurado que, en su caso, ese mecanismo no fue efectivo.

Conforme avanz¨® el antejuicio, se comprendi¨® que la FCT se?alaba a G¨¢lvez por el retraso en la primera declaraci¨®n de los detenidos. La Constituci¨®n guatemalteca establece que los arrestados deben testificar ante un juez dentro de las 24 horas posteriores a su captura. G¨¢lvez se defendi¨® argumentando que es ¡°imposible¡± cumplir con ese plazo cuando los casos involucran a m¨¢s de 50 sospechosos, como el de La L¨ªnea u otros a cargo del Ministerio P¨²blico y la CICIG.

El pasado 15 de noviembre, el jurista divulg¨® un video en el que anunci¨® su renuncia y exilio por la falta de garant¨ªas para enfrentar un proceso penal en Guatemala. La maquinaria que se activ¨® con la denuncia de la FCT avanzaba a toda prisa pese a las medidas provisionales que la corte IDH dict¨® a favor del juez en julio de 2022, precisamente para asegurar la justicia a favor de las v¨ªctimas del caso Diario Militar.

El Diario Militar

El Diario Militar es un documento desclasificado de inteligencia militar y policial que registra las torturas, asesinatos y desapariciones contra 183 dirigentes sociales e integrantes de organizaciones guerrilleras, considerados como ¡°enemigos internos¡± entre 1983 y 1985. La justicia guatemalteca no hab¨ªa dado seguimiento al caso hasta que, en 2012, la corte IDH conden¨® al Estado y orden¨® investigar los hechos.

Las primeras capturas por el caso se efectuaron en mayo de 2021, por autorizaci¨®n del juez G¨¢lvez. Entonces, el Ministerio P¨²blico asegur¨® que las personas fichadas en el Diario Militar fueron sometidas a ¡°diversos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y en algunos casos ejecuci¨®n extrajudicial¡±.

En una audiencia de supervisi¨®n de las medidas provisionales de seguridad que la corte IDH dict¨® a favor de G¨¢lvez, el jurista record¨® la escalada de intimidaciones y criminalizaci¨®n en su contra. El magistrado decidi¨® salir del pa¨ªs tras advertir que continuaban los seguimientos y que lo hab¨ªan fotografiado junto con su hijo menor de edad.

Cuando la jueza de la corte IDH Ver¨®nica Gonz¨¢lez pregunt¨® qu¨¦ medidas puede asegurar el Estado para el retorno seguro de G¨¢lvez y su familia a Guatemala, el director de la Comisi¨®n Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Ramiro Contreras, se?al¨® que la Polic¨ªa Nacional Civil (PNC) siempre ofreci¨® protecci¨®n perimetral a la residencia del juez.

Pero el retorno del juez m¨¢s bien depende del cese de las acciones judiciales que se emprendieron en su contra por la denuncia de la FCT. La petici¨®n puntual de G¨¢lvez ante la corte IDH es que Guatemala se abstenga de ¡°cualquier acci¨®n de persecuci¨®n y hostigamiento¡± en contra de ¨¦l y su familia y que finalice la ¡°criminalizaci¨®n por sus resoluciones en los casos de graves violaciones a los derechos humanos¡±.

El juzgador record¨® ante los jueces de la corte IDH que la supuesta protecci¨®n policial que le ofrece el Gobierno no impidi¨® que dos hombres armados lo siguieran hasta su casa el d¨ªa de su resoluci¨®n en el caso Diario Militar. A la cita de la corte en Costa Rica, asisti¨® el secretario general del Ministerio P¨²blico, Angel Pineda, incluido en la lista Engel del Departamento de Estado de EE UU que se?ala actores corruptos y antidemocr¨¢ticos en Centroam¨¦rica. Cuando la jueza Gonz¨¢lez pregunt¨® por la falta de investigaci¨®n en torno a los seguimientos e intimidaci¨®n que denuncia G¨¢lvez, Pineda se?al¨® que el juez no sigui¨® el camino de la denuncia, el ¨²nico que marcan las instituciones de justicia de Guatemala para ¡°encontrar la verdad¡±.

Galvez expres¨® que no quiso denunciar ante el Ministerio P¨²blico porque eso significaba compartir informaci¨®n con una instituci¨®n que no le inspira credibilidad. Para los abogados que acompa?an al juez, las causas generadoras del riesgo siguen vigentes. Para los representantes de la estructura gubernamental, el Estado de Guatemala ¡°respetar¨ªa¡± el compromiso de proteger a G¨¢lvez, con protecci¨®n policial.

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