Legal, pero obstaculizada: la despenalizaci¨®n del aborto cumple 10 a?os en Uruguay

Interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de gestaci¨®n es un derecho en Uruguay, pero si una mujer acude en este momento a los hospitales p¨²blicos de las ciudades de Colonia del Sacramento, Mercedes (suroeste del pa¨ªs) y Melo (este) con intenci¨®n de abortar tendr¨¢ que ser trasladada a otro lugar, ya que el 100% de los ginec¨®logos de estos centros se ha declarado objetor de conciencia.

Son datos de la organizaci¨®n social Mujer y Salud Uruguay (MYSU), que han suscitado preocupaci¨®n en el pa¨ªs, donde hay otros profesionales sanitarios que tambi¨¦n se escudan en sus creencias para no realizar esta pr¨¢ctica, sobre todo en las zonas del interior, donde vive un 50% de la poblaci¨®n, aunque los datos oficiales escasean y no est¨¢n actualizados. Este diario solicit¨® una entrevista al Ministerio de Salud P¨²blica (MSP) para obtener informaci¨®n sobre los ginec¨®logos objetores de conciencia y otros datos actualizados, pero no recibi¨® respuesta.

Pero no es el momento de revisar la ley, porque el contexto pol¨ªtico de Uruguay es muy conservador y el riesgo de retroceder es mayor que las posibilidades de avanzar

Cecilia Stapff, de Iniciativas Sanitarias

Diez a?os despu¨¦s de la promulgaci¨®n de la ley IVE, como es conocida en Uruguay, organizaciones de defensa de los derechos de la mujer coinciden en la necesidad de reformarla, aunque el contexto pol¨ªtico actual del pa¨ªs no sea el m¨¢s propicio. Otros, como el ginec¨®logo Lionel Briozzo, viceministro de Sanidad en 2012, aspira a que el delito por aborto desaparezca definitivamente del c¨®digo penal y sea un asunto que se resuelva entre la mujer y un centro m¨¦dico, como ocurre en pa¨ªses como Canad¨¢.

¡°No se combate el estigma y la discriminaci¨®n que siguen existiendo hacia quienes deciden abortar como hacia los equipos profesionales que brindan la atenci¨®n¡±, resumi¨® el MYSU en un informe publicado con motivo del d¨¦cimo aniversario de la promulgaci¨®n de la ley, en el que denunci¨® que autoridades del actual gobierno de Luis Lacalle Pou (centro-derecha), que asumi¨® en 2020, han situado a ¡°profesionales ¡®objetores¡¯ a cargo de los servicios que reniegan dar¡±. ¡°Lejos de avanzar, retrocedimos¡±, zanja la organizaci¨®n.

Seg¨²n Lili¨¢n Abracinskas, directora de MYSU, la ley nunca fue la que deseaban las organizaciones feministas, pero fue la ¨²nica ¡°posible¡± dentro del marco pol¨ªtico favorable que se viv¨ªa en el pa¨ªs entre 2010 y 2015, bajo la presidencia de Jos¨¦ Mujica (Frente Amplio, centroizquierda). En aquel momento en las calles, multitudinarias manifestaciones mostrando manos anaranjadas ped¨ªan la legalizaci¨®n del aborto y Mujica no se opuso a la norma, a diferencia de su antecesor, Tabar¨¦ V¨¢zquez, quien vet¨® los art¨ªculos que despenalizaban el aborto en una ley aprobada por el parlamento en 2008.

La ley establece la despenalizaci¨®n del aborto durante las 12 primeras semanas de gestaci¨®n, que se ampl¨ªan a 14 en caso de violaci¨®n. Los plazos desaparecen cuando existan anomal¨ªas fetales o la vida de la madre corra peligro. Sin embargo, para interrumpir el embarazo la mujer tiene seguir varios pasos: manifestar su voluntad ante una instancia m¨¦dica, comparecer ante un tribunal integrado por un ginec¨®logo, un experto en salud mental y un asistente social que le explicar¨¢n riesgos y alternativas y reflexionar cinco d¨ªas antes de ratificar su decisi¨®n. ¡°Ser¨ªa bueno revisar y mejorar¡± la ley, admite a este diario Cecilia Stapff, de Iniciativas Sanitarias, asociaci¨®n de defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

La responsable propone incluir a parteras y m¨¦dicos de familia en esta pr¨¢ctica para la que solo est¨¢n habilitados los ginec¨®logos y considera que los cinco d¨ªas de reflexi¨®n de la mujer que desea abortar podr¨ªan ser optativos. ¡°Pero no es el momento de revisar la ley, porque el contexto pol¨ªtico de Uruguay es muy conservador y el riesgo de retroceder es mayor que las posibilidades de avanzar¡±, reconoce.

10.000 abortos al a?o

En la Am¨¦rica Latina de diciembre de 2012, cuando esta ley entr¨® en vigor en Uruguay, s¨®lo se contemplaba el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en Cuba, Guyana y Puerto Rico. Desde entonces, Argentina, Colombia y M¨¦xico han aprobado leyes que despenalizan el aborto estipulando plazos diferentes. Actualmente, cinco pa¨ªses de la regi¨®n proh¨ªben el aborto sin excepciones (Honduras, El Salvador, Nicaragua, Rep¨²blica Dominicana y Hait¨ª) y el resto lo permite bajo una serie de supuestos, por ejemplo que la vida de la mujer corra peligro, haya habido violaci¨®n o la vida del feto sea inviable.

Diez a?os despu¨¦s deber¨ªamos haber sacudido esos fantasmas. Ya sabemos que la gente no va a salir en hordas a abortar

M¨®nica Gorgoroso, ginec¨®loga

De acuerdo con los datos oficiales citados por MYSU, en 2013, primer a?o de vigencia de la ley se llevaron a cabo 7.200 abortos en el sistema sanitario uruguayo y actualmente se realizan una media de 10.000 anuales. Los mismos datos muestran que un 95% de las mujeres que expres¨® su voluntad de interrumpir el embarazo lleg¨® hasta el final del proceso.

¡°En estos 10 a?os, ha quedado claro que el procedimiento no hace que la mujer desista de abortar. Esta ley tampoco promueve el aborto, sino que genera las condiciones en que se realiza la pr¨¢ctica¡±, insiste Abracinskas.

Seg¨²n M¨®nica Gorgoroso, ginec¨®loga referente de salud sexual y reproductiva de la Administraci¨®n de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), hay informar m¨¢s y mejor sobre la ley para alejar el estigma que la rodea. ¡°Diez a?os despu¨¦s deber¨ªamos haber sacudido esos fantasmas. Ya sabemos que la gente no va a salir en hordas a abortar y que la baja natalidad en Uruguay no se debe al aborto¡±, asegura.

Los prejuicios y la presi¨®n social se dejan sentir con m¨¢s fuerza en pueblos y peque?as ciudades. Como ocurre en Salto, localidad del noroeste de Uruguay, donde la aplicaci¨®n de la ley IVE est¨¢ garantizada, pero persisten los obst¨¢culos, el desconocimiento y la presi¨®n social, explica Yanina Rold¨¢n, de la red feminista de acompa?antes Las Lilas.

Tras aprobar la ley, ¡°no se hicieron campa?as para informar sobre el servicio. Ese trabajo sigue dependiendo de las organizaciones sociales y de los movimientos feministas¡±, lamenta, en una videollamada con este diario. Rold¨¢n describe la presi¨®n ejercida por los grupos religiosos de la ciudad y denuncia que se ha llegado a mostrar a las mujeres que desean abortar im¨¢genes y sonidos durante las ecograf¨ªas a las que deben someterse, pese a que los protocolos m¨¦dicos indican claramente que no se debe hacer.

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