Guayaquil, la ciudad ecuatoriana donde cunde el terror del crimen organizado
Las balaceras se multiplican mientras el Gobierno deja en manos de los ciudadanos el combate contra la inseguridad
La promesa de mano dura del Gobierno ecuatoriano y de ganar la guerra que declar¨® contra el crimen organizado hace dos a?os, despu¨¦s de tres masacres carcelarias que cobraron la vida de 200 presos, cambi¨® con el reciente anuncio del presidente Guillermo Lasso de autorizar la tenencia y porte de armas a civiles para defensa personal, llamando al combate a todos. ¡°Tenemos un enemigo com¨²n, la delincuencia, el narcotr¨¢fico y el crimen organizado¡±, dijo el mandatario en un mensaje a la naci¨®n el 1 de abril y que ha desatado toda clase de cr¨ªticas.
¡°Esto es parte de la mirada militarista de la seguridad que ha venido implementando el presidente¡±, se?ala el analista Luis Carlos C¨®rdova y que, en su opini¨®n, ¡°ahora traslada la responsabilidad a la sociedad civil¡±. La decisi¨®n del presidente llega cuando el pa¨ªs enfrenta la peor crisis de inseguridad de su historia. En el 2022 los homicidios intencionales alcanzaron una cifra r¨¦cord de 4.603, eso signific¨® un 83% m¨¢s que en el 2021 y ubic¨® al pa¨ªs como uno de los m¨¢s violentos de Am¨¦rica con una tasa de 25 cr¨ªmenes cada 100.000 habitantes.
El foco de esa violencia se concentra en Guayaquil, la ciudad costera m¨¢s importante, que adem¨¢s, mueve gran parte de la econom¨ªa por tener cinco de los ocho puertos del pa¨ªs y que hist¨®ricamente han atra¨ªdo una importante migraci¨®n interna que busca oportunidades de una mejor vida. Pero las pol¨ªticas p¨²blicas de la ciudad no han sabido responder al crecimiento de la poblaci¨®n, y lo que ha hecho es excluir a los barrios de las obras p¨²blicas, y ¡°se han convertido en un b¨²nker para los grupos delincuenciales¡±, dice Aquiles ?lvarez, alcalde electo de Guayaquil.
Por lo menos unas diez bandas criminales disputan a sangre y fuego el poder de territorios, a trav¨¦s de extorsiones, secuestros, robos, asesinatos perpetrados por sicarios y atentados terroristas. Pintan su insignia en las paredes para sembrar terror en la poblaci¨®n que ha cambiado su din¨¢mica de vida. ¡°Ahora pasamos [el tiempo] encerrados en las casas¡±, dice Virginia Cede?o, una madre de cuatro hijos que vive en el barrio Isla Trinitaria, un sector deprimido del sur de la ciudad, donde la mayor¨ªa de sus habitantes viven del trabajo informal, ante la falta de oportunidades.
El sector se form¨® por invasiones, a los que con los a?os el Municipio llev¨® los servicios b¨¢sicos como agua, electricidad y alcantarillado. En el mejor de los casos, las calles tienen asfalto. La falta de planificaci¨®n hace de estos lugares una masa de concreto, sin vegetaci¨®n, ni parques, que crecieron desde las orillas de los esteros, los brazos de mar que llevan a los puertos. Jam¨¢s imaginaron que su ubicaci¨®n se convertir¨ªa en un factor estrat¨¦gico para los delincuentes que se dedican a traficar con droga utilizando los contenedores de carga.
El mi¨¦rcoles por la noche, 25 j¨®venes armados en motocicletas fueron con pintura a marcar las paredes de las casas de la Isla Trinitaria. ¡°LK, CZ¡±, escribieron en los muros de varias cuadras. ¡°Significa Latin Kings, y las otras letras deben ser del nombre del sujeto que gan¨® la guerra. Ahora el barrio le pertenece¡±, dice Virginia, quien describe que la pugna ha desangrado al barrio, tambi¨¦n arrebat¨® la vida de su esposo, quien fue asesinado hace ocho meses a pocos metros de la casa.
Casi se han normalizado las balaceras que se producen constantemente en el sector, por lo que las armas han dejado de ser algo extra?o. ¡°Yo usar¨ªa un arma si es que la vida de mis hijos estuviera en peligro¡±, a?ade la madre, que ha visto cad¨¢veres en el portal de su casa, y ha sufrido las consecuencias de explosiones de bombas que lanzan los criminales sin distinguir. Aunque reflexiona sobre las consecuencias legales: ¡°El problema es que los delincuentes son protegidos por la justicia en este pa¨ªs¡±.
Hay razones suficientes para los temores de Virginia, cuando tanto el Gobierno como el sistema judicial permitieron la libertad del principal cabecilla de una de las bandas m¨¢s peligrosas de Ecuador. A trav¨¦s de un informe favorable de la direcci¨®n de la prisi¨®n y de una medida cautelar concedida por un juez, alias JR, sentenciado por siete asesinatos, se fue a su casa con un grillete electr¨®nico. Publicaba en redes sociales las fiestas en burdeles y las armas que usaba su equipo de seguridad. Despu¨¦s, intentaron asesinarlo, se quit¨® el dispositivo y se esfum¨®. Ahora es de nuevo pr¨®fugo de la justicia.
Por ahora, Virginia no tiene las posibilidades econ¨®micas para acceder a un arma, ni a las municiones, ni al curso de entrenamiento que demanda el permiso para tenerla legalmente. El Ministerio de Defensa es el que debe entregar los certificados de destreza en armas, el Ministerio de Salud tiene a cargo las pruebas psicol¨®gicas y se deber¨¢ implementar un sistema de registro que estar¨¢ bajo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Pero existen dudas de que los certificados que se emitan para tener armas se obtengan de forma regular, dada la corrupci¨®n reconocida en las instituciones. Incluso el Gobierno de Estados Unidos retir¨® la visa a varios generales por presuntos v¨ªnculos con el narcotr¨¢fico. En noviembre pasado, en la bodega policial del cuartel Modelo, en Guayaquil, descubrieron que faltaban 150 armas, que algunas se han encontrado en escenas de cr¨ªmenes. Otro hecho trascendental ocurri¨® en 2018, cuando se allanaron las oficinas de la Comandancia del Ej¨¦rcito en Quito para desarticular una red que traficaba armas del Ej¨¦rcito y las vend¨ªa a alias Guacho, cabecilla de las disidencias colombianas conocidas como Frente Oliver Sinisterra. ¡°Si es que esas condiciones existen en el pa¨ªs, pretender que con m¨¢s armas importadas no va a crecer el tr¨¢fico de armas interno es una ingenuidad¡±, explica C¨®rdova.
El Ministerio de Salud tambi¨¦n ha estado envuelto en esc¨¢ndalos por emitir de forma irregular 2.300 carn¨¦s de discapacidad en el a?o 2020, entre ellos, a pol¨ªticos, acad¨¦micos e incluso asamble¨ªstas, que aprovecharon los beneficios de reducci¨®n de impuestos que se les otorga a los portadores de este documento.
El anuncio de Lasso estuvo acompa?ado de la declaratoria de un estado de excepci¨®n -el d¨¦cimo en materia de seguridad desde que asumi¨® el cargo-, con toque de queda, para restringir la circulaci¨®n de personas y militarizar las zonas donde los cr¨ªmenes violentos aumentan sin lograr contenerlos con la fuerza p¨²blica, que no cuenta con implementos b¨¢sicos como chalecos antibalas, cascos, armas. En algunas ciudades los gobiernos locales proveen del combustible para los patrulleros.
El Gobierno ha prometido en varias ocasiones la compra de herramientas para reforzar a la Polic¨ªa, modernizar e implementar tecnolog¨ªa, pero ¡°los procesos de compra son burocr¨¢ticos, y debo respetar la ley¡±, ha manifestado Lasso. El presidente cumplir¨¢ dos a?os en el poder el pr¨®ximo 24 de mayo y los insumos llegan a cuentagotas.
La hip¨®tesis del Gobierno es que la crisis de inseguridad tiene su origen en el crecimiento del narcotr¨¢fico en el pa¨ªs y el debilitamiento de la Polic¨ªa Nacional y de las Fuerzas Armadas durante los gobiernos anteriores. Para Daniel Pont¨®n, investigador de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, este problema se remonta hace 20 a?os con el Plan Colombia. ¡°La estrategia del pa¨ªs era barrer el conflicto hacia la frontera, ese desplazamiento interno gener¨® migraciones forzadas hacia Ecuador que ten¨ªan relaci¨®n con actividades criminales¡±, a?ade.
As¨ª fue como la primera provincia en ser cooptada por el narcotr¨¢fico fue Esmeraldas, que limita con los departamentos de Nari?o y Putumayo, Colombia, donde se produce el 42% de la coca¨ªna que se exporta a los mercados europeos y norteamericanos, seg¨²n el informe de la Oficina contra las Drogas de Naciones Unidas (Unodc). En Esmeraldas las actividades comerciales y sociales se cierran antes de caer la noche, es considerada una ¡°zona silenciada¡±, donde los periodistas deben estar con chaleco antibalas, casco y custodia policial o militar para documentar lo que ocurre ah¨ª.
Los escenarios se reconfiguraron con la desintegraci¨®n de los grandes c¨¢rteles colombianos y la entrada de los mexicanos al proceso de distribuci¨®n de drogas. As¨ª Ecuador pas¨® de ser un pa¨ªs de tr¨¢nsito a uno de acopio y distribuci¨®n. Existen evidencias que detr¨¢s de las 11 masacres carcelarias, donde han asesinado cruelmente a 420 presos, y los asesinatos en las calles est¨¢n los c¨¢rteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generaci¨®n y la mafia albanesa que se encarga sobre todo del env¨ªo de droga a Europa.
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