Los ataques a ind¨ªgenas se duplicaron durante los a?os de Bolsonaro: casi 800 fueron asesinados

Los pueblos ind¨ªgenas brasile?os suelen decir que llevan resistiendo exactamente 523 a?os, el tiempo que hace que las carabelas portuguesas asomaron en la l¨ªnea del horizonte. El informe anual del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), divulgado este jueves, prueba que en los ¨²ltimos cuatro a?os, el primer presidente abiertamente beligerante contra la causa ind¨ªgena en la historia de la democracia les oblig¨® a hacer un esfuerzo extra: durante el Gobierno de Jair Bolsonaro la violencia se multiplic¨® exponencialmente; fueron asesinados 795 ind¨ªgenas, 180 de ellos en 2022.

En las casi 300 p¨¢ginas de documento, esta organizaci¨®n ligada a la Iglesia cat¨®lica recopila datos oficiales de todos los Estados del pa¨ªs para hacer un retrato exhaustivo de los ataques de los ¨²ltimos a?os, que vincula estrechamente a las pol¨ªticas del expresidente. Los casos de violencia contra las personas ind¨ªgenas (asesinatos, amenazas de muerte, lesiones corporales, racismo o violencia sexual) llegaron a una media de 373,8 al a?o, con un aumento del 54% respecto a los cuatro a?os anteriores (bajo los gobiernos de Michel Temer y Dilma Rousseff).

¡°La intensidad y gravedad de esos casos no pueden comprenderse fuera del contexto de desmonte de la pol¨ªtica indigenista y de los ¨®rganos de protecci¨®n ambiental durante los cuatro a?os bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro¡±, indica el informe. El expresidente, por ejemplo, lleg¨® al cargo prometiendo no dedicar ¡°ni un cent¨ªmetro m¨¢s¡± de tierra a los ind¨ªgenas, y as¨ª lo hizo, a pesar de que la Constituci¨®n obliga a reconocer legalmente los territorios ocupados hist¨®ricamente por las poblaciones nativas. El Gobierno intent¨® reiteradamente aprobar leyes para permitir explotar las tierras ind¨ªgenas y deshidrat¨® desde dentro los ¨®rganos que deber¨ªan proteger a estas comunidades, lo que a la postre deriv¨® en un escenario de conflictos, indefensi¨®n e inseguridad jur¨ªdica en el campo. Tan solo en 2022, hubo 309 casos de invasi¨®n y explotaci¨®n ilegal de recursos.

El a?o pasado, en Estados como Mato Grosso do Sul, Maranh?o y Bah¨ªa, las disputas por la tierra y la falta de protecci¨®n derivaron en asesinatos de ind¨ªgenas en los que incluso participaron agentes policiales como ¡°seguridad privada¡± de terratenientes, denuncia el informe. En la tierra ind¨ªgena Comexatib¨¢, en el sur de Bah¨ªa, el patax¨® Gustavo Silva da Concei??o, un chaval de apenas 14 a?os, fue asesinado durante uno de los varios ataques de grupos que los ind¨ªgenas definen como ¡°milicianos¡±. Los casos as¨ª son recurrentes. En el Estado de Mato Grosso do Sul, el granero de donde cada a?o salen miles de toneladas de soja hacia el mundo, los guaran¨ª kaiow¨¢ se enfrentan desde hace d¨¦cadas al todopoderoso sector agr¨ªcola brasile?o. Tras reivindicar como territorio ancestral la hoy registrada como hacienda Guapoy, hubo una expulsi¨®n violenta por parte de la Polic¨ªa Militar que acab¨® con un muerto, Vitor Fernandes, y decenas de heridos.

Ninguno de estos asesinatos tuvo una repercusi¨®n medi¨¢tica comparable a los del periodista brit¨¢nico Dom Philips y el indigenista Bruno Pereira en junio del a?o pasado. Sus cuerpos fueron descuartizados y quemados en el Valle del Yavar¨ª, la regi¨®n del mundo con m¨¢s pueblos ind¨ªgenas no contactados. El informe certifica que poco despu¨¦s del terrible homicidio continuaron las amenazas a ind¨ªgenas de la regi¨®n.

Especialmente grave es la situaci¨®n de los ind¨ªgenas yanonami, en el norte del pa¨ªs, en la frontera con Venezuela. En los ¨²ltimos a?os, el discurso permisivo de Bolsonaro con la miner¨ªa ilegal en tierras ind¨ªgenas provoc¨® la llegada de m¨¢s de 20.000 garimpeiros en busca de oro. El presidente, lejos de desautorizar la actividad, lleg¨® a visitar una excavaci¨®n ilegal en la tierra ind¨ªgena Raposa Serra do Sol para explicitar su apoyo. Entre las muertes m¨¢s cruentas del a?o pasado, el informe cita la de una adolescente yanomami de 12 a?os que fue violada y asesinada por garimpeiros en una aldea de la regi¨®n de Waik¨¢s, una de las m¨¢s afectadas por la miner¨ªa ilegal.

Las invasiones contaminan los r¨ªos con mercurio, lo que a su vez acaba con la pesca, principal fuente de alimentaci¨®n de estos ind¨ªgenas. El resultado de a?os de negligencia estatal salt¨® a la vista el pasado mes de enero, cuando las im¨¢genes de adultos y ni?os yanomami fam¨¦licos, con las costillas a la vista, dieron la vuelta al mundo. El Gobierno del presidente Luiz In¨¢cio Lula da Silva mont¨® una compleja operaci¨®n para expulsar a los garimpeiros, pero las consecuencias tardar¨¢n en desaparecer. Uno de los datos m¨¢s escalofriantes del documento se encuentra en la categor¨ªa sobre muertes por ¡°omisi¨®n de poder p¨²blico¡±, sobre todo por falta de asistencia sanitaria. Entre 2019 y 2022, murieron un total de 3.552 ni?os ind¨ªgenas de entre cero y cuatro a?os por este motivo, un 35% m¨¢s que en los cuatro a?os anteriores.

De esas muertes, el CIMI identific¨® 1.504 que se dieron por causas evitables, como diarrea, fiebre, neumon¨ªa o desnutrici¨®n. El territorio yanomami, de nuevo debido a la invasi¨®n de los garimpeiros, fue el m¨¢s afectado. A pesar de que aqu¨ª vive apenas el 4% de los ind¨ªgenas brasile?os, el 17,5% de las muertes por ausencia de pol¨ªticas p¨²blicas adecuadas se produjo aqu¨ª, con 621 ni?os fallecidos en los ¨²ltimos cuatro a?os. Los especialistas afirman que el n¨²mero podr¨ªa ser mayor, ya que hay puntos de muy dif¨ªcil acceso donde los garimpeiros a¨²n ocupan los precarios puestos de salud repartidos por la selva. El informe habla en varias ocasiones de genocidio y pide la creaci¨®n de una Comisi¨®n Nacional Ind¨ªgena de la Verdad, como la que se instal¨® para investigar los cr¨ªmenes de la dictadura militar.

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