Los ind¨ªgenas de Brasil denuncian a Bolsonaro en La Haya por genocidio y ecocidio

La Articulaci¨®n de Pueblos Ind¨ªgenas de Brasil (APIB) presentar¨¢ este mes una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro por genocidio y ecocidio ante la Corte Penal Internacional. ¡°La APIB ha reunido y analizado todos los actos practicados por Bolsonaro contra los pueblos originarios desde el inicio de su Gobierno y consideramos que hay elementos concretos para que la Corte Penal Internacional inicie una investigaci¨®n¡±, declara Luiz Eloy Terena, abogado y coordinador jur¨ªdico de la APIB, a EL PA?S. El pasado 23 de junio, una comisi¨®n internacional de 12 juristas, apoyada por la sociedad civil, recogi¨® el delito de ecocidio, considerado un crimen contra el conjunto de la humanidad, pero especialmente contra el planeta, y pretende incorporarlo a la Corte Penal Internacional.

Terena sostiene que el presidente brasile?o ignora la Constituci¨®n de 1988, que garantiza la protecci¨®n de estas comunidades y el derecho a sus territorios. ¡°No solo hace inviable la demarcaci¨®n de nuestras tierras, sino tambi¨¦n la protecci¨®n de las comunidades que viven en ¨¢reas ya garantizadas por la ley, al incentivar la presencia de grileiros [ladrones de tierras p¨²blicas], madereros y mineros ilegales¡±. El especialista a?ade que el derecho al territorio y la pol¨ªtica de protecci¨®n del medio ambiente son aspectos fundamentales para formalizar la denuncia por ecocidio. ¡°No se puede hablar de protecci¨®n de los pueblos ind¨ªgenas sin garantizar el territorio. Eso es lo que hace imposible la supervivencia f¨ªsica y cultural de nuestros pueblos. Y los pueblos ind¨ªgenas no son los ¨²nicos sujetos de derechos, tambi¨¦n lo son los r¨ªos, los lagos, la fauna y la flora de nuestros territorios y, en nuestra cosmovisi¨®n, hasta los esp¨ªritus encantados que habitan estos espacios¡±, explica.

La denuncia de la APIB se sumar¨¢ a otra formulada en 2019 por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisi¨®n Arns, formada por exministros de varios Gobiernos e intelectuales brasile?os para velar por los derechos humanos, que presentaron ante el Tribunal de La Haya los indicios de cr¨ªmenes de lesa humanidad e incitaci¨®n al genocidio de los pueblos ind¨ªgenas cometidos por Bolsonaro. Entonces, el avance de la deforestaci¨®n y los incendios en la Amazonia fueron fundamentales para el caso. En diciembre de 2020, la Fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional inform¨® que se estaba realizando la evaluaci¨®n preliminar de jurisdicci¨®n de la denuncia, convirti¨¦ndose en el primer caso de este tipo contra un presidente brasile?o que prospera en el organismo internacional y no se archiva. ¡°El estado actual ya es hist¨®rico y no tiene precedentes. Si se abriera la investigaci¨®n, ser¨ªa una revoluci¨®n, porque no estamos hablando de la responsabilidad del Estado, sino de la responsabilidad de determinados individuos, que pueden ser condenados por cometer estos delitos¡±, afirma Elo¨ªsa Machado, abogada del CADHu.

La Corte Penal Internacional permite que las denuncias presentadas se actualicen a lo largo del proceso, y eso es lo que el CADHu y la Comisi¨®n Arns pretenden hacer adjuntando hechos relacionados con la ¡°negligencia en la gesti¨®n de la pandemia¡± y con los recientes ataques a comunidades yanomamis y mundurukus por parte de mineros ilegales que presuntamente tendr¨ªan el apoyo del Gobierno Federal. ¡°Es jur¨ªdicamente c¨®modo hablar de cr¨ªmenes de lesa humanidad y genocidio de la comunidad ind¨ªgena cuando tenemos este escenario¡±, destaca Machado. Seg¨²n la Secretar¨ªa Especial de Salud Ind¨ªgena del Ministerio de Sanidad, 728 ind¨ªgenas han muerto de la covid-19, sin considerar los contagios y muertes entre los ind¨ªgenas que viven en zonas urbanas. La APIB, por su parte, registra 1.126 muertes entre los pueblos originarios.

Aunque el proceso siga avanzando y se llegue a juzgar y condenar a Bolsonaro por cr¨ªmenes recogidos en el Estatuto de Roma, eso dif¨ªcilmente ocurrir¨ªa durante su mandato como presidente: por el historial del Tribunal, la responsabilizaci¨®n de jefes o exjefes de Estado suele tardar una d¨¦cada. Penas de prisi¨®n de hasta 30 a?os, confiscaci¨®n de bienes y reparaciones ¡ªcomo disculpas e indemnizaciones¡ª son algunas de las posibles sanciones en caso de condena.

En julio del a?o pasado, una coalici¨®n de m¨¢s de 60 sindicatos y movimientos sociales ¡ªla mayor¨ªa, de profesionales de la salud, liderados por la Red Sindical UniSa¨²de¡ª ya solicit¨® al Tribunal de La Haya que el presidente brasile?o fuera condenado por genocidio.

Las acusaciones contra Bolsonaro repercuten cada vez m¨¢s en la comunidad internacional. Alice Wairimu Nderitu, asesora del secretario general de las Naciones Unidas para la prevenci¨®n del genocidio, cit¨® por primera vez a Brasil al hablar del tema el lunes en una reuni¨®n del Consejo de Derechos Humanos de la organizaci¨®n en Ginebra. ¡°En la regi¨®n de las Am¨¦ricas, me preocupa especialmente la situaci¨®n de los pueblos ind¨ªgenas. En Brasil, Ecuador y otros pa¨ªses, pido a los Gobiernos que protejan a las comunidades que est¨¢n en peligro y garanticen que los delitos cometidos no queden impunes¡±, dijo Nderitu. Fue la primera vez que se cit¨® a Brasil en la ONU en relaci¨®n con un genocidio.

¡°Nunca hemos vivido una situaci¨®n como esta, de llegar al triste punto de tener que denunciar a un presidente brasile?o ante la justicia internacional. Sabemos que el proceso en la Corte Penal Internacional es largo, pero nuestro objetivo era precisamente llamar la atenci¨®n de la comunidad internacional sobre lo que ocurre aqu¨ª¡±, comenta Juliana Vieira dos Santos, abogada de la Comisi¨®n Arns, que cree que el Gobierno de Bolsonaro ha sistematizado una ¡°pol¨ªtica antindigenista¡± en Brasil.

Jurisdicci¨®n

La Corte Penal Internacional acepta denuncias como las que se han presentado contra Bolsonaro cuando considera que las autoridades judiciales del propio pa¨ªs no tienen capacidad para investigar o juzgar tales irregularidades. Las organizaciones denunciantes aseguraron a la Corte de La Haya que ¡°los tribunales nacionales no han dado muestras de querer responsabilizar a los culpables¡±.

Santos y otros denunciantes consideran que, si la Corte Penal Internacional decidiera llevar adelante la causa de genocidio contra Bolsonaro, se enfrentar¨ªa a todo un desaf¨ªo: tendr¨ªa que analizar un pa¨ªs de renta media, con una Constituci¨®n en vigor y sin ning¨²n conflicto armado, cuando est¨¢ acostumbrada a investigar situaciones en pa¨ªses pobres y en guerra o bajo reg¨ªmenes dictatoriales. ¡°Se acusa a la Corte Penal Internacional de ser selectiva y de no investigar a pa¨ªses grandes o poderosos, pero ahora tiene la oportunidad de demostrar que no es as¨ª¡±, afirma Machado. Como precedente, cita la decisi¨®n de 2020 de investigar la actuaci¨®n de las tropas estadounidenses en Afganist¨¢n. ¡°En el caso de Brasil, el ataque sistem¨¢tico a los pueblos ind¨ªgenas ha llamado la atenci¨®n¡±, concluye.

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