Un juez declara de nuevo ilegal el programa DACA para los inmigrantes irregulares llegados de ni?os a EE UU

Un juez federal ha declarado ilegal una versi¨®n revisada del programa DACA, que protege a cientos de miles de inmigrantes llegados de ni?os de modo irregular a Estados Unidos. La decisi¨®n del juez, del circuito sur de Texas, no afecta a las personas ya inscritas en el programa, pero s¨ª impide que se registren nuevos solicitantes y asesta un duro golpe a la Administraci¨®n del presidente Joe Biden.

El Gobierno dem¨®crata hab¨ªa introducido esa versi¨®n revisada el a?o pasado precisamente para ¡°preservar y reforzar¡± el DACA (acr¨®nimo en ingl¨¦s de Acci¨®n Diferida para las Llegadas en la Infancia) e impedir que los republicanos, muy cr¨ªticos hacia la medida, eliminaran ese programa puesto en marcha en 2012, durante la Administraci¨®n Obama (2009-2016).

Nueve Estados gobernados por el Partido Republicano, entre ellos Texas, presentaron una demanda para que se bloqueara la provisi¨®n. Argumentaban que el Gobierno de Barack Obama no ten¨ªa competencia para poner en marcha el programa porque no lo someti¨® a la aprobaci¨®n del Congreso.

En 2021, el juez Andrew Hanen determin¨® que DACA era ilegal porque hab¨ªa incumplido la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a dar un plazo de aviso y en el que el p¨²blico puede enviar comentarios sobre la nueva norma. La Administraci¨®n Biden aprob¨® el a?o pasado la nueva versi¨®n, que s¨ª inclu¨ªa el plazo para los comentarios p¨²blicos.

Pero en enero los Estados presentaron una nueva demanda contra la medida. Hanen, nombrado en su puesto en 2002 por el entonces presidente George W Bush, ha determinado este mi¨¦rcoles que el programa sigue siendo ilegal y que la potestad de aprobar legislaci¨®n que proteja a los inmigrantes llegados de ni?os corresponde al Congreso, no al Gobierno.

A finales de marzo, 578.680 inmigrantes se encontraban inscritos en el programa, que les permite residir y trabajar en Estados Unidos, seg¨²n los datos del Servicio de Inmigraci¨®n y Ciudadan¨ªa. Aunque llegaron al pa¨ªs siendo menores, muchos de estos beneficiarios, conocidos popularmente como ¡°so?adores¡± o ¡°dreamers¡±, ya son adultos.

Los Estados demandantes -adem¨¢s de Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Misisipi- alegan que son parte perjudicada por la medida porque les obliga a gastos de cientos de millones de d¨®lares en sanidad, educaci¨®n y otros servicios a unos inmigrantes en situaci¨®n irregular.

Los defensores del programa alegan, por su parte, que esos Estados no han probado de manera inequ¨ªvoca que los gastos que alegan est¨¦n relacionados con el DACA o sus beneficiarios. Acerca del argumento de que el Congreso es la m¨¢xima autoridad sobre inmigraci¨®n, reponen que precisamente el Congreso ha dado competencias al Departamento de Seguridad Nacional para establecer pol¨ªticas migratorias.

Desde su entrada en vigor, DACA ha padecido un frecuente ir y venir en los tribunales. En 2016, los jueces del Supremo no lograron ponerse de acuerdo sobre una versi¨®n que hubiera ampliado el programa . Cuatro a?os m¨¢s tarde, en 2020, la m¨¢xima corte determin¨® que la Administraci¨®n de Donald Trump hab¨ªa cancelado la medida de manera il¨ªcita, por lo que sigui¨® en marcha.

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