Un juez federal frena la entrada en vigor de la ley antimigrante de Texas

La entrada en vigor de la ley antimigrante m¨¢s dura de Estados Unidos ha sido bloqueada por el momento. Un juez federal ha elevado este jueves la disputa en tribunales entre la Administraci¨®n de Joe Biden y el Gobierno de Texas paralizando la llamada SB4, una ley que permite a los cuerpos de seguridad estatales solicitar papeles y detener personas con el fin de deportarlas a M¨¦xico. El magistrado David Ezra ha calificado la norma de inconstitucional, pues da a autoridades locales atribuciones que corresponden a agencias federales.

La decisi¨®n del Tribunal de Distrito no es el punto final a un conflicto que se extender¨¢ por meses. ¡°Texas apelar¨¢ inmediatamente a esta decisi¨®n. No vamos a ceder en nuestra lucha para proteger nuestro Estado y nuestra naci¨®n de la crisis en la frontera del presidente Biden¡±, ha se?alado el gobernador Abbott en un comunicado. El mandatario local firm¨® la ley en diciembre en un evento celebrado en Brownsville, una comunidad fronteriza que ser¨¢ visitada este jueves por Biden. La ley SB4 iba a entrar en vigor el martes 5 de marzo.

En su decisi¨®n, argumentada en 114 p¨¢ginas, el juez Ezra rechaza uno de los argumentos m¨¢s utilizados por los republicanos en Texas para aprobar la norma, que la entidad est¨¢ siendo ¡°invadida¡± por inmigrantes. La narrativa ser¨¢ alimentada esta jornada con una visita de Donald Trump a la zona de Eagle Pass y Del R¨ªo, dos comunidades que registraron en 2023 un fuerte incremento del flujo migratorio.

¡°Los repuntes en la inmigraci¨®n no constituyen una invasi¨®n de acuerdo con la descripci¨®n dada por la Constituci¨®n, ni Texas est¨¢ iniciando acciones militares con la promulgaci¨®n de la SB4. Finalmente, permitir a Texas reemplazar la legislaci¨®n federal con base en una invasi¨®n significar¨ªa anular la ley y autoridad federal, una noci¨®n que es ant¨ªtesis de la Constituci¨®n y ha sido rechazada de forma inequ¨ªvoca por los tribunales federales desde la Guerra Civil¡±, ha considerado Ezra.

El magistrado cita en varias ocasiones al caso de Arizona, un Estado en el que autoridades republicanas llevaron a cabo un experimento similar. La SB1070, promulgada en 2010, permit¨ªa a los agentes estatales detener a cualquiera bajo sospecha de no tener papeles. El caso lleg¨® al Supremo. Los jueces constitucionales dieron la raz¨®n al Gobierno federal al considerar que el esquema legar puesto en marcha por el Legislativo de Arizona rivalizaba con las leyes aprobadas por el Congreso para regular la inmigraci¨®n. ¡°La SB 4 y la SB 1070 contienen notables similitudes¡±, escribe Ezra.

El gobernador Abbott cree que su ley tiene el mismo destino que la de Arizona. ¡°Incluso desde su tribunal, este juez de Distrito admite que este caso ser¨¢ decidido ¨²ltimamente por el Supremo¡±, se?ala el mandatario. El pol¨ªtico, uno de los m¨¢s radicales en su combate a la inmigraci¨®n irregular, conf¨ªa en que la supermayor¨ªa conservadora cimentada en el Tribunal durante la era de Donald Trump pueda dejar en vigor la ley.

Ezra recuerda algunas de las posiciones que tuvieron los togados de derechas en la opini¨®n en el caso de la SB 1070. Antonin Scalia, uno de los jueces conservadores m¨¢s importantes, consider¨® que aquella norma era constitucional porque se enfocaba en la detenci¨®n de personas sin papeles. Clarence Thomas, quien sigue en funciones, sugiri¨® que los Estados s¨ª tienen el poder de hacer estas aprehensiones, pero no de comenzar el proceso de expulsi¨®n de los inmigrantes. ¡°El poder Ejecutivo mantiene completa discreci¨®n para determinar si esas personas son deportadas finalmente¡±, indica el magistrado de Distrito.

La expulsi¨®n de las personas sin papeles es uno de los puntos que distingue la ley de Texas de la de Arizona. La normativa avalada por los republicanos texanos permite a los polic¨ªas llevar a los detenidos frente a un juez local. Este puede poner en marcha un proceso de expulsi¨®n de vuelta a M¨¦xico, sin importar si los inmigrantes tengan o no esa nacionalidad. Este punto ha sido rechazado con insistencia por las autoridades mexicanas. Si esta orden no se acata, los sujetos podr¨ªan recibir un potencial castigo de hasta 20 a?os de prisi¨®n.

¡°La expulsi¨®n toca una de las m¨¢s sensibles consideraciones de asuntos exteriores de la pol¨ªtica federal¡±, se?ala el juez Ezra. El magistrado argumenta que haber dejado entrar en vigor la norma permitir¨ªa a los Estados y a los jueces locales moldear un ¡°asunto vital de la pol¨ªtica exterior¡± y de ¡°entrometerse¡± en un campo de control que le corresponde al Legislativo.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han celebrado la decisi¨®n del juez de Distrito. ¡°Este es un triunfo para los valores de Texas, los derechos humanos y de la Constituci¨®n¡±, consider¨® el cap¨ªtulo estatal de ACLU, la Asociaci¨®n de Libertades Civiles. El grupo, quien acudi¨® en diciembre a los tribunales con una demanda para frenar la ley, promete continuar su lucha sin importar el n¨²mero de apelaciones que presente el Gobierno de Abbott. ¡°Debemos mantenernos vigilantes de la pol¨ªtica de miedo y odio de Texas¡±, ha considerado Jennifer Babaie, directora de servicios legales de Las Americas Immigrant Advocacy Center.

Sigue toda la informaci¨®n internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.