Meloni desaf¨ªa a la justicia italiana con un segundo intento de deportaci¨®n de migrantes a Albania

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, vuelve a desafiar tanto a los tribunales de su pa¨ªs como a la normativa europea sobre asilo e intentar¨¢ de nuevo, a partir del pr¨®ximo lunes, una segunda deportaci¨®n a Albania de migrantes rescatados en el Mediterr¨¢neo. Seg¨²n han confirmado fuentes oficiales, con la llegada del buen tiempo y la reanudaci¨®n de las llegadas de embarcaciones por mar desde Libia y T¨²nez, la nave militar Libra, la misma que efectu¨® el primer viaje, se situar¨¢ a 20 millas de la isla de Lampedusa, fuera de aguas territoriales italianas, para empezar a recoger n¨¢ufragos y luego navegar a Albania.

El Gobierno de ultraderecha italiano insiste as¨ª en su plan tras el fracaso de su primer ensayo, iniciado el pasado 16 de octubre, cuando las primeras 16 personas trasladadas acabaron siendo transferidas a Italia de todos modos en tres d¨ªas. Dos de ellas por ser menores, dos por estar en condiciones de vulnerabilidad y el resto, por decisi¨®n de un tribunal de Roma que no convalid¨® su retenci¨®n, ampar¨¢ndose en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea.

El rev¨¦s judicial ha puesto en peligro todo el modelo Albania, plan estrella de Meloni contra la inmigraci¨®n ilegal y apoyado por la Comisi¨®n Europea como respuesta ¡°innovadora¡± al problema, pero ella ha decidido seguir adelante. Ha aprobado un decreto ley que pretende forzar a los magistrados a obedecer al Ejecutivo, pues la anterior norma era de rango inferior y considera que esta es de obligado cumplimiento.

Es decir, en cuesti¨®n de d¨ªas se producir¨¢ un segundo asalto del combate entre el Gobierno de ultraderecha y la justicia italiana, de resultado m¨¢s que incierto, porque en realidad el choque de fondo es con la ley europea vigente, de 2013, que los tribunales italianos afirman que se limitan a aplicar como norma superior de derecho. Seg¨²n el Gobierno, en cambio, los jueces italianos han malinterpretado la reciente sentencia europea, y espera que ahora la interpreten como el Ejecutivo desea. Adem¨¢s, subrayan, la normativa europea cambiar¨¢ en 2026, con la entrada en vigor del pol¨¦mico pacto migratorio de la UE, y ya ser¨¢ igual que la aplicada ahora por Italia. Los jueces replican a ese argumento que eso ser¨¢ en 2026, pero hasta entonces no.

El conflicto ya ha desembocado en un tr¨¢mite que se preve¨ªa desde el principio: un tribunal de Bolonia, ante un caso de petici¨®n de asilo, ha elevado esta semana una consulta al tribunal europeo para que le aclare qu¨¦ debe hacer, y le confirme que tiene que aplicar la norma europea y desobedecer la ley italiana. El problema es que la decisi¨®n del Tribunal de Justicia de Luxemburgo tardar¨¢ meses. Meloni no puede esperar tanto.

Viabilidad del protocolo

Lo que est¨¢ en juego es la viabilidad del pol¨¦mico protocolo r¨¢pido, aprobado por Italia hace a?o y medio, para la retenci¨®n en frontera de migrantes, en este caso en Albania, rechazo veloz de peticiones de asilo y repatriaci¨®n. Es la base del modelo Albania, pero seg¨²n los tribunales italianos, que deben validar el proceso caso por caso, no encaja con la normativa europea. Con la primera deportaci¨®n, la secci¨®n de inmigraci¨®n del tribunal de Roma rechaz¨® la solicitud de las autoridades, tomando como referencia la doctrina del tribunal europeo acerca de los llamados pa¨ªses seguros a la hora de tramitar o no una solicitud de asilo. Es el concepto clave sobre el que se origina el conflicto legal.

Un pa¨ªs seguro es aquel en el que se respetan los derechos humanos y cuyos ciudadanos, por tanto, se presume que no tienen motivos para pedir asilo. Es decir, para Italia significa que se les puede aplicar ese protocolo r¨¢pido de rechazo de su solicitud, sin dejarles siquiera entrar en el pa¨ªs. Hay otros condicionantes: se seleccionan solo hombres adultos y sanos, que sean rescatados en aguas internacionales por naves de bandera italiana.

El Gobierno de Meloni ten¨ªa una lista de 22 pa¨ªses seguros de origen y si una persona rescatada en el mar proviene de uno de esos pa¨ªses quiere decir que se le puede deportar a Albania. El problema es que los criterios de la sentencia europea son m¨¢s restrictivos que los italianos: basta que en una zona de un pa¨ªs no se respeten los derechos humanos o que haya un colectivo perseguido para que todo el pa¨ªs sea considerado no seguro. Reduc¨ªa esa lista a solo siete pa¨ªses, y dejaba fuera a todos los principales de origen de las llegadas por mar a Italia, como Banglad¨¦s, Egipto, Libia o T¨²nez. En resumen, inutilizaba todo el plan de Albania, con un coste m¨ªnimo estimado por el Gobierno de 635 millones en cinco a?os.

El primer test del Gobierno italiano choc¨® de lleno con esta realidad: los 12 migrantes recluidos en el campo de internamiento de Gjad?r eran de Banglad¨¦s y Egipto, considerados no seguros seg¨²n los baremos de la sentencia europea, y, por tanto, el tribunal de Roma no valid¨® su retenci¨®n. En los pr¨®ximos d¨ªas, volver¨¢ a repetirse la misma escena, y el desenlace marcar¨¢ el ¨¦xito o fracaso del modelo Albania.

Italia ha retocado ahora levemente su lista de pa¨ªses seguros, donde considera que no hay violaciones de derechos humanos, para poder deportar a Albania a sus ciudadanos. La ha reducido de 22 a 19, y son los siguientes: Albania, Argelia, Banglad¨¦s, Bosnia Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Per¨², Senegal, Serbia, Sri Lanka y T¨²nez.

Por el contrario, seg¨²n la sentencia europea solo ser¨ªan seguros siete: todos europeos menos uno. Es decir, Italia solo podr¨ªa trasladar a Albania a los ciudadanos de estos Estados, con apenas llegadas por mar: Albania, Bosnia Herzegovina, Cabo Verde, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. En el choque entre estas listas reside el conflicto que ahora vuelve a plantearse.