Al menos diez empresas de salud sancionadas por el Gobierno lograron contratos p¨²blicos pese a estar inhabilitadas

La Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica (SFP), la instancia a la que el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha encomendado el combate a la corrupci¨®n en su Gobierno, inhabilit¨® durante el primer a?o de funciones a 68 empresas que han prestado servicios a instituciones de salud. Estas sanciones, que se emitieron tras detectar diversas anomal¨ªas y posibles actos de corrupci¨®n en los procesos de contrataci¨®n, estuvieron acompa?adas de una multa econ¨®mica que solo nueve compa?¨ªas han pagado. El resto sigue sin saldar el adeudo porque han recurrido a amparos para anular la sanci¨®n. Adem¨¢s, pese a que las 68 fueron exhibidas en el Diario Oficial de la Federaci¨®n con el fin de que las dependencias no suscribieran contratos con ellas, al menos diez empresas lograron esquivar el impedimento legal y firmaron contratos p¨²blicos.

En el primer informe de labores de la SFP, la secretaria, Irma Er¨¦ndira Sandoval, destac¨® que en las contrataciones p¨²blicas se hab¨ªa refrendado la tolerancia cero a la impunidad. ¡°Se ha trabajado en fortalecer el marco normativo y, sobre todo, en eliminar la simulaci¨®n y trabajar con un criterio de estricto apego al derecho en los procesos de investigaci¨®n y sanci¨®n¡±, expuso. Estas acciones llevaron a que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, la SFP inhabilitara a 68 empresas que han sido contratistas y proveedoras en materia de salud y que les impusiera multas por un total de 46 millones de pesos (unos 2,3 millones de d¨®lares). Sin embargo, hacerlas que paguen las multas no ha sido tan sencillo. Hasta junio solo nueve hab¨ªan cumplido con el pago econ¨®mico por un total de 2,9 millones (150.590 d¨®lares), quedando sin saldar 43,1 millones de pesos (2,2 millones de d¨®lares), inform¨® la SFP en respuesta a una solicitud de informaci¨®n.

Las empresas inhabilitadas cometieron anomal¨ªas como haber presentado documentos alterados o informaci¨®n falsa respecto al origen de los insumos; anexar cartas de recomendaci¨®n que resultaron no ver¨ªdicas; entregar bienes con especificaciones distintas a las contratadas; incumplir las obligaciones pactadas en el contrato; presentar registros sanitarios falsos y dict¨¢menes fiscales alterados, simular el cumplimiento de la ejecuci¨®n de los trabajos, incumplir con la entrega de bienes y anexar documentos ap¨®crifos para respaldar su trayectoria y especialidad como contratistas. Tambi¨¦n se encontr¨® que algunas empresas que presentaron sus propuestas estaban vinculadas entre s¨ª a trav¨¦s de alg¨²n socio o que ten¨ªan antecedentes negativos en otras procedimientos de asignaci¨®n, como contratos rescindidos en un plazo menor a tres a?os.

Adem¨¢s, 10 de las 68 empresas inhabilitadas recibieron contratos en fechas posteriores a la sanci¨®n publicada en el Diario Oficial de la Federaci¨®n, pese a que en el comunicado se se?ala que a partir del d¨ªa siguiente en que se publique la circular las dependencias deber¨¢n abstenerse de ¡°recibir propuestas¡± o ¡°celebrar contrato¡± alguno con la empresa sancionada. El monto total de estas asignaciones asciende a un total de 43,2 millones de pesos (2,1 millones de d¨®lares) y fueron para adquirir medicamentos, material de curaci¨®n y radiol¨®gico, insumos de laboratorio, as¨ª como instrumental quir¨²rgico, como se desprende de una revisi¨®n al portal de compras de Gobierno, Compranet. Algunas de las dependencias que las han contratado son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital Regional de Alta Especialidad del Baj¨ªo, los Laboratorios de Biol¨®gicos y Reactivos de M¨¦xico, la Defensa Nacional.

Al cuestionar a la Funci¨®n P¨²blica sobre las contratos que han firmado estas empresas con diversas dependencias en fecha posterior a la inhabilitaci¨®n anunciada en el DOF, un portavoz de la secretar¨ªa se?al¨® que el reglamento de la ley de adquisiciones estipula que cuando la Funci¨®n P¨²blica haya inhabilitado a un proveedor con posterioridad a la emisi¨®n de un fallo en el que se le adjudic¨® un contrato, las dependencias y entidades deber¨¢n formalizar el mismo. Es decir, si al momento de anunciar en el DOF la sanci¨®n al contratista, este ya hab¨ªa sido favorecido mediante un fallo de asignaci¨®n, podr¨¢ celebrar el contrato, pese a los antecedentes de anomal¨ªas y pese a estar inmerso en una investigaci¨®n administrativa por parte de la SFP. En cualquier caso, esto confirma que al menos diez empresas sortearon la sanci¨®n impuesta por la Funci¨®n P¨²blica.

Pablo Montes, coordinador de Anticorrupci¨®n en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se?ala que la falta de coordinaci¨®n entre las entidades que sancionan y las que contratan ocasiona que las empresas puedan esquivar las multas y hacerse de contratos pese a la inhabilitaci¨®n. Las ¨¢reas encargadas de las adquisiciones deben hacer una revisi¨®n del registro de empresas sancionadas, pero pocas veces lo realizan y conf¨ªan en lo dicho por la empresa. Estos incumplimientos lo que ocasionan es que el castigo no est¨¦ siendo efectivo para disuadir a las empresas con el fin de que dejen de cometer actos de corrupci¨®n. ¡°Si al final de cuentas es f¨¢cil eludir la sanci¨®n, entonces el costo de hacer un acto de corrupci¨®n puede ser muy bajo y puede ser una decisi¨®n de negocios porque si los cachan no estar¨¢n en riesgo sus contratos vigentes y podr¨¢n darle la vuelta a la sanci¨®n¡±, afirma.

Farmac¨¦uticas en la mira presidencial

Entre las empresas que no han pagado la multa y que recibieron contratos pese a estar inhabilitadas, est¨¢ Grupo F¨¢rmacos Especializados y Avisa Medical, ambas se?aladas por el Gobierno de L¨®pez Obrador como dos de los consorcios que monopolizaron la venta de medicamentos en el sexenio de Enrique Pe?a Nieto. Ambas compa?¨ªas impugnaron la sanci¨®n de la Funci¨®n P¨²blica y el caso sigue en tr¨¢mite en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Montes, especialista en temas de compras p¨²blicas, explica que es bastante frecuente que una empresa, en vez de asumir el castigo, impugne la resoluci¨®n. ¡°Lo que habr¨ªa que analizar es por qu¨¦ se est¨¢n concediendo estas suspensiones, cuando un juez otorga una suspensi¨®n tiene que ser porque hay elementos suficientes para creer que la sanci¨®n no fue bien ejecutada, no se est¨¢n armando bien los casos o hay una falla de la autoridad que est¨¢ investigando¡±, apunta.

El a?o pasado, L¨®pez Obrador acus¨® a Grupo F¨¢rmacos Especializados de acaparar la venta de medicamentos en el pa¨ªs. En la conferencia matutina del 8 de abril de 2019 dijo que hab¨ªa enviado un memor¨¢ndum a la Secretar¨ªa de Hacienda para que se impidiera la participaci¨®n en licitaciones o adjudicaciones directas a tres empresas, entre ellas Grupo F¨¢rmacos, hasta saber ¡°a ciencia cierta¡± si no hubo en estas operaciones corrupci¨®n y tr¨¢fico de influencias. Estas compa?¨ªas, acus¨®, hab¨ªan vendido durante 2018 m¨¢s del 60% de los medicamentos y material de curaci¨®n usados en el sector salud y como una medida preventiva hab¨ªa pedido que las investigaran e impidieran contratarlas.

Tres meses despu¨¦s de la conferencia presidencial, el 18 de julio de 2019, la SFP public¨® una circular donde ped¨ªa a las dependencias abstenerse de celebrar contratos con Grupo F¨¢rmacos Especializados, ya que la empresa hab¨ªa sido inhabilitada por un periodo de dos a?os y multada con 905.880 pesos (47.000 d¨®lares). Pese a esto, un d¨ªa despu¨¦s de ser publicada la sanci¨®n, la delegaci¨®n del IMSS en Baja California le asign¨® mediante adjudicaci¨®n directa un peque?o contrato tras justificar mediante un dictamen los motivos que la llevaron a no haber realizado una licitaci¨®n p¨²blica. A este le siguieron cuatro contratos m¨¢s firmados el 22 de julio de 2019 por cerca de 1,5 millones de pesos (77.892 d¨®lares).

Tras impugnar la sanci¨®n impuesta por la SFP, Grupo F¨¢rmacos logr¨® en octubre del a?o pasado esquivar la multa econ¨®mica mediante una suspensi¨®n provisional, seg¨²n informaci¨®n del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El caso a¨²n no se resuelve definitivamente, pero la secretaria Sandoval ha insistido en que la empresa acapar¨® contratos. El 23 de enero pasado, en una conferencia en Palacio Nacional, la titular de la Funci¨®n P¨²blica dijo que Grupo F¨¢rmacos Especializados y Avisa Medical formaban parte de las corporaciones que hab¨ªan monopolizado la distribuci¨®n de medicamentos y hab¨ªan estado sujetas a un entramado de complicidades en la asignaci¨®n de contratos.

Avisa Medical fue inhabilitada desde el 13 de febrero de 2019, inicialmente por seis meses, pero en una segunda publicaci¨®n en el DOF del 22 de octubre de ese a?o, se le impuso una nueva inhabilitaci¨®n por dos a?os y una multa de 876.480 pesos (45.500 d¨®lares). Las sanciones impuestas no eran las primeras que recib¨ªa la empresa. El 5 de octubre de 2010, con Felipe Calder¨®n como presidente, ya se le hab¨ªa multado e inhabilitado por tres meses, pero despu¨¦s logr¨® anular la sanci¨®n. Ahora tambi¨¦n pelea en tribunales y aunque no ha logrado un fallo definitivo a su favor, por lo pronto ya firm¨® contratos con el IMSS y la Defensa Nacional. En uno de los procedimientos donde result¨® favorecida por el Ej¨¦rcito, el fallo de asignaci¨®n se emiti¨® justo el d¨ªa en que la sanci¨®n se public¨® en el bolet¨ªn de Gobierno, mientras que el contrato se firm¨® d¨ªas despu¨¦s.

Entre esta decena de empresas que han seguido recibiendo contratos p¨²blicos tambi¨¦n destaca el caso de Laboratorios Solfr¨¢n, una farmac¨¦utica ligada a Carlos Lomel¨ª, un pol¨ªtico y empresario vinculado a L¨®pez Obrador que renunci¨® a su cargo de delegado en Jalisco tras una publicaci¨®n de la organizaci¨®n Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad que lo se?al¨® de poseer una red de empresas que le vend¨ªan medicamentos al Gobierno. Tras estos hechos, la SFP inici¨® una indagatoria y el 13 de septiembre pasado inhabilit¨® a dos de sus compa?¨ªas, entre ellas Solfr¨¢n. En diciembre gracias a una medida cautelar que le otorg¨® una sala regional del TFJA (mientras se resolv¨ªa definitivamente el proceso), la empresa de Lomel¨ª hab¨ªa logrado ganar cuatro partidas en una compra consolidada de la Secretar¨ªa de Hacienda. Sin embargo, tras darse a conocer estos fallos, el 14 de enero de 2020 la SFP suspendi¨® la contrataci¨®n de tres partidas, dio a conocer la dependencia mediante un comunicado.

Posteriormente, el 29 de enero, el TFJA notific¨® a la SFP que se hab¨ªa anulado la resoluci¨®n emitida en d¨ªas pasados, la cual hab¨ªa permitido a Solfr¨¢n participar en contrataciones p¨²blicas. ¡°Con esta resoluci¨®n se mantiene en firme la inhabilitaci¨®n por 2 a?os y 6 meses para que Laboratorios Solfr¨¢n, S.A. realice contrataciones¡±, destac¨® la SFP en un comunicado. Sin embargo, en una revisi¨®n hecha en Compranet, se encontr¨® que la delegaci¨®n de Zacatecas del IMSS, asign¨® un contrato a la empresa un d¨ªa despu¨¦s del fallo del Tribunal que manten¨ªa firme la sanci¨®n a la farmac¨¦utica. El 30 de enero se realiz¨® la junta para la presentaci¨®n de proposiciones donde Solfr¨¢n hizo su oferta de diversos medicamentos, se lee en el expediente. El 4 de febrero se emiti¨® el fallo de la adjudicaci¨®n directa donde logr¨® un contrato por 397.280 pesos, evadiendo la inhabilitaci¨®n que la SFP ya hab¨ªa reiterado como definitiva. Otras de las empresas que tambi¨¦n firmaron contratos despu¨¦s de ser inhabilitadas por la Funci¨®n P¨²blica son Dibiter, Dimexpress, Hemost, Especialistas en Medios, Reliable de M¨¦xico, Absorventes Gomar y BCC Transportes, Almacenajes y Log¨ªstica.