Las empresas fantasma y una ejecuci¨®n extrajudicial alimentan las dudas sobre el nuevo poder del Ej¨¦rcito en M¨¦xico

La utilizaci¨®n de empresas fantasma para facturar servicios de construcci¨®n revelada esta semana por EL PA?S, unido al reclamo de organizaciones como Naciones Unidas para que se lleve a cabo una investigaci¨®n profunda sobre una posible ejecuci¨®n extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, han orillado al Ej¨¦rcito mexicano al papel que menos le gusta: dar explicaciones. As¨ª ha sucedido los ¨²ltimos d¨ªas, en los que la Secretar¨ªa de la Defensa (Sedena) se ha visto obligada a aclarar m¨¢s hechos que nunca antes desde que el presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, lleg¨® al poder y otorg¨® a los militares una dimensi¨®n policial y empresarial pocas veces vista antes en la historia reciente del pa¨ªs

La paradoja que rodea a las Fuerzas Armadas es el oscurantismo que envuelve su gesti¨®n y la dificultad para conocer sus manejos empresariales, lo que impide conocer el tama?o de los posibles acciones ilegales. Para Ra¨²l Ben¨ªtez Manaut, investigador de la UNAM y experto en el Ej¨¦rcito ¡°no es una justificaci¨®n haber usado estas factureras, porque no son empresas sino intermediaras para robar dinero. El Ej¨¦rcito no es tan ingenuo como para no saber a qui¨¦n contrata¡±, se?ala. ¡°Se trata de algo hist¨®rico, no de este Gobierno sino de todos, el de recurrir a empresas fantasma. As¨ª se ha hecho durante a?os en la mayor¨ªa de oficinas de Gobierno y el Ej¨¦rcito replica ese comportamiento¡±, dice el investigador y miembro del Centro de investigaciones sobre Am¨¦rica del Norte.

La instituci¨®n armada reconoci¨® que empresas que hab¨ªa contratado fueron declaradas posteriormente como fantasma. La lucha contra las factureras, como se conoce a las compa?¨ªas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, es una constante en la actual Administraci¨®n que, por otra parte, ha dado un poder casi omn¨ªmodo al Ej¨¦rcito. La informaci¨®n publicada por este diario revelaba que entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ej¨¦rcito mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de d¨®lares) a 250 compa?¨ªas que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administraci¨®n Tributaria (SAT) como fantasma.

A pesar del grave da?o al erario que esto ocasion¨® y de que se trata de una de las banderas del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ning¨²n titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado. Seg¨²n los militares, ¡°durante los a?os 2013 al 2018 las empresas no se encontraban en el registro de proveedores sancionados para contratar, publicado en la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica, por lo que en su momento estaban debidamente constituidas y sin ning¨²n impedimento para llevar a cabo la contrataci¨®n y prestar sus servicios a entera satisfacci¨®n en materia de obra p¨²blica, adquisiciones, arrendamientos y servicios¡±, se?al¨® en una nota publicada en estas p¨¢ginas.

Actualmente, el Ej¨¦rcito se encarga de la construcci¨®n de obras tan emblem¨¢ticas como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de M¨¦xico o el Tren Maya en Yucat¨¢n, sin embargo solo hay cuatro instancias ¡®externas¡¯ con capacidad para vigilar su comportamiento: la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica, que responde a las ¨®rdenes del Gobierno; la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretar¨ªa de Hacienda; la Auditor¨ªa General de la Federaci¨®n, que depende de la C¨¢mara de Diputados y del voto del partido mayoritario y, por ¨²ltimo, la Fiscal¨ªa General. ¡°En otras palabras¡±, seg¨²n Manaut, ¡°las cuatro agencias est¨¢n influenciadas directamente por el presidente¡±, lo que reduce el control a una mera investigaci¨®n interna sobre la que nunca se sabe nada.

El turbio papel del Ej¨¦rcito en Nuevo Laredo

En el caso de Nuevo Laredo, m¨¢s all¨¢ del v¨ªdeo publicado, lo que preocupa es el camino que ha tomado el Estado para esclarecer lo ocurrido. Sedena ha abierto una investigaci¨®n contra 24 militares para esclarecer su participaci¨®n. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, inform¨® que ¡°la Fiscal¨ªa General env¨ªo personal de la Polic¨ªa Ministerial Militar a continuar con las investigaciones que van a estar centradas en lo que se observa en el v¨ªdeo, ya en su momento la Fiscal¨ªa nos har¨¢ del conocimiento cuales fueron los resultados de las investigaciones y si en alg¨²n momento tiene que derivarlo hacia la parte civil a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica, la Fiscal¨ªa General de Justicia Militar lo har¨¢ a trav¨¦s de los conductos para derivarlo y que siga la investigaci¨®n, al estar involucrado un civil dentro de la actividad militar, no lo juzga la Jurisdicci¨®n Militar, lo tendr¨¢ que juzgar la parte Federal¡±. Sin embargo, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha evadido el asunto. L¨®pez Obrador ha se?alado que su Gobierno no va a permitir est¨¢s pr¨¢cticas. ¡°Eso se hac¨ªa antes, hab¨ªa la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos¡±, dijo esta semana.

El caso estall¨® el lunes. El 3 de julio, militares se enfrentaron con civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Doce civiles murieron producto de los disparos. Pocos d¨ªas despu¨¦s se supo que entre los doce hab¨ªa en realidad tres j¨®venes que hab¨ªan sido secuestrados semanas antes por el grupo criminal. Luego trascendi¨® el v¨ªdeo que grab¨® la c¨¢mara reglamentaria de uno de los soldados que particip¨® en el enfrentamiento. Los balazos terminan y los soldados se acercan a una de las camionetas de los civiles. Uno de los uniformados grita, ¡°?est¨¢ vivo!¡±, refiri¨¦ndose a uno los civiles, supuestamente uno de los tres secuestrados. Otro grita: ¡°?m¨¢talo, a la verga!¡±.

El mismo lunes, L¨®pez Obrador dijo que se investigar¨ªa el asunto, pero no dio detalles. Acad¨¦micos y activistas reclamaron la intervenci¨®n de la CNDH, que en otras ocasiones ha jugado un papel importante en casos que involucran a la Polic¨ªa o a las Fuerzas Armadas como el de Tlatlaya o Tanhuato. Pero la respuesta de la Comisi¨®n fue pedir simplemente al Ej¨¦rcito que ¡°investigue de manera exhaustiva la probable violaci¨®n de los protocolos de actuaci¨®n y de los est¨¢ndares internacionales de uso de la fuerza letal¡±.

Para Jos¨¦ Antonio Guevara, abogado y responsable de la Comisi¨®n Mexicana para la Promoci¨®n y Defensa de los Derechos Humanos, ¡°el retroceso del poder civil frente al militar es escandaloso en esta Administraci¨®n¡±. Guevara se?ala que ¡°la pol¨ªtica de seguridad militarizada no ha cambiado. Se le ha dado un rango constitucional, lo que la ha fortalecido. En la pr¨¢ctica, vemos un despliegue de decenas de miles de soldados en el pa¨ªs. Y siguen habiendo enfrentamientos. Hemos visto escenas sobre esos enfrentamientos y civiles muertos en ellos: el caso de Tepochica, otro tambi¨¦n cerca de Reynosa este mes. Lo sorpresivo del caso de Nuevo Laredo es que apareci¨® un v¨ªdeo. Y lo m¨¢s escandaloso es que se confirma de nuevo que la orden es abatir¡±.

La acad¨¦mica Catalina P¨¦rez Correa, parte del Programa de Pol¨ªtica de Drogas del CIDE, explica que la participaci¨®n de la fiscal¨ªa militar en las investigaciones del caso de Nuevo Laredo es ¡°inconstitucional¡±. P¨¦rez Correa a?ade que ¡°lo que muestra este caso es que no hay controles civiles, no hay controles externos. Se les ha dado directamente facultades a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad p¨²blica pero no se establecen ni reglas ni controles, es muy preocupante¡±.