M¨¦xico cierra una de sus c¨¢rceles de m¨¢xima seguridad: ¡°Est¨¢bamos en las entra?as del monstruo¡±

La vista al piso y las manos a la espalda. Pase de lista por la ma?ana, por la tarde y por la noche: ¡°Enrique Guerrero, se?or¡±. Golpes al h¨ªgado de bienvenida. M¨¢s de 20 horas al d¨ªa en una celda ¡ªalgunas con videovigilancia¡ª de dos metros por cuatro, dos personas y un excusado. Prohibido hacer ejercicio en la celda, ba?arse fuera de horario, leer libros jur¨ªdicos o de autoayuda. Un patio en el que no caben todos y donde solo se convive dos horas con los desconocidos de su pasillo. Si levanta la cabeza, una amenaza: de 75 a 120 d¨ªas en aislamiento. Interiorizar el castigo, creer que lo merece. El preso 3408 de la prisi¨®n federal de Puente Grande recuerda el d¨ªa a d¨ªa de un interno en el penal que el Gobierno mexicano ha clausurado esta semana de forma inmediata: ¡°Est¨¢bamos en las entra?as del monstruo¡±, declara.

Para Enrique Guerrero, licenciado en Filosof¨ªa y Letras por la UNAM, de 35 a?os, ¡°el monstruo¡± es el sistema que le hizo pagar cinco a?os y siete meses de prisi¨®n por un crimen que no cometi¨®. Fue enviado a prisi¨®n preventiva cuando ten¨ªa 28 (en 2013) y nunca, hasta su liberaci¨®n, obtuvo una sentencia condenatoria. ¡°Como muchos otros en este pa¨ªs¡±, denuncia. Despu¨¦s de ese tiempo, la Fiscal¨ªa General, poco despu¨¦s de la llegada de L¨®pez Obrador al poder, retir¨® los cargos que la anterior hab¨ªa impuesto de delincuencia organizada. El nuevo Gobierno lo consider¨® un preso pol¨ªtico detenido durante las protestas contra la reforma educativa promovida por Enrique Pe?a Nieto.

Esta semana, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, ha firmado el cierre de Puente Grande (Jalisco). La prisi¨®n de m¨¢xima seguridad en la que estuvo encarcelado Guerrero cuenta con muchas leyendas y esc¨¢ndalos. Fue all¨ª donde Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n se fug¨® por primera vez en 2001, en un carrito de lavander¨ªa, seg¨²n la versi¨®n oficial. Se trat¨® de la primera fuga de un reo de una c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad y que evidenci¨® las cloacas de corrupci¨®n del sistema penitenciario. Tambi¨¦n han pasado por ah¨ª presos como Rafael Caro Quintero, l¨ªder del antiguo cartel de Guadalajara; el secuestrador Daniel Arizmendi L¨®pez, El Mochaorejas; el capo Miguel ?ngel Trevi?o, alias El Z-40, l¨ªder de Los Zetas, y Rub¨¦n Oseguera, alias El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera, El Mencho, l¨ªder del Cartel de Jalisco Nueva Generaci¨®n, quien ha sido extraditado este a?o a Estados Unidos.

Visitadores de la Comisi¨®n estatal de Derechos Humanos evidenciaron tras la fuga de El Chapo que el penal se hab¨ªa convertido en un ¡°hotel de narcos¡±, donde prostitutas, alcohol y cualquier capricho de un capo estaban permitidos. No solo fueron documentados tratos vejatorios a los internos, tambi¨¦n hubo abusos sexuales y agresiones contra las propias trabajadoras de la instituci¨®n, recuerda una exempleada de la Comisi¨®n en aquellos a?os, que prefiere no dar su nombre. ¡°Las condiciones r¨ªgidas contra los presos no evitaron situaciones de autogobierno¡±, a?ade la excomisionada.

El cierre sorpresivo de uno de los penales m¨¢s famosos del pa¨ªs no parece responder a motivos humanitarios ni de seguridad. La Secretar¨ªa ha informado de que obedece a una estrategia para ¡°modernizar¡± el sistema penitenciario federal, adem¨¢s de ¡°la optimizaci¨®n de la infraestructura, una pol¨ªtica de econom¨ªa para generar ahorros, as¨ª como una mejor administraci¨®n en beneficio de la poblaci¨®n penitenciaria¡±, de acuerdo con un escueto comunicado.

Esta es la segunda prisi¨®n federal p¨²blica que ha clausurado el Gobierno de L¨®pez Obrador tras el cierre de las Islas Mar¨ªas el a?o pasado. Los presos est¨¢n siendo trasladados desde el mes de julio a otros centros federales. Adem¨¢s de las 11 prisiones p¨²blicas gestionadas por el Gobierno, existen otras ocho de gesti¨®n privada, concesionadas durante el Gobierno de Felipe Calder¨®n (2006 a 2012), que le cuestan a M¨¦xico cada a?o 10.000 millones de pesos (unos 445 millones de d¨®lares) y que operan a menos de la mitad de su capacidad, seg¨²n public¨® la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n en marzo de 2019.

¡°Me preocupa que se cierren penales que funcionan. Quiz¨¢ no funcionan al 100% porque pudo haber corrupci¨®n, pero definitivamente su situaci¨®n es mucho mejor a la de los estatales. Con esta estrategia se pretende llevar a los presos a penales privatizados, que tienen mayor seguridad, pero que tambi¨¦n son m¨¢s costosos¡±, critica Saskia Ni?o de Rivera, la directora de Reinserta, una organizaci¨®n en favor de los derechos de los presos.

Sobre este punto, el exvisitador de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y experto en derecho penitenciario, Miguel Sarre, apunta: ¡°Las personas privadas de la libertad no son mercanc¨ªas que se puedan trasladar seg¨²n los espacios que hay. Porque hay derechos constitucionales de por medio, por ejemplo, el interno tiene el derecho constitucional de estar lo m¨¢s cercano a su domicilio. Por eso no pueden justificarse razones econ¨®micas. Lo que hay que hacer es entrar a revisar a fondo son los contratos para la operaci¨®n del sistema privado, que constituyen una carga muy onerosa para el Estado¡±.

El nombre oficial de la prisi¨®n es Centro Federal de Readaptaci¨®n Social N¨²mero 2. Seg¨²n los testimonios de quienes han pisado sus pasillos, la readaptaci¨®n y reinserci¨®n de los presos no es una realidad. ¡°No hay oportunidades de trabajo, de recreaci¨®n, hay un abuso del tiempo en reclusi¨®n en celda, abuso de medidas disciplinarias draconianas: una persona estuvo seis meses en aislamiento por rehusarse a que le cortaran el cabello¡±, cuenta Sarre, quien visit¨® a v¨ªctimas de violaciones a los derechos humanos en estos centros.

"No hay forma de reinserci¨®n, el penal no tiene ni las instalaciones. Si todo el penal dijera: ¡°Queremos trabajar¡±, no hay espacio para darles trabajo. Tampoco para estudiar. No est¨¢n dise?ados para eso porque est¨¢n hechos para oprimir", apunta Guerrero sobre Puente Grande.

El cierre de Puente Grande no termina con las numerosas quejas de derechos humanos en estos centros. El dise?o de estas instalaciones, especialmente las gestionadas por el Gobierno, se repite en otros centros del pa¨ªs, donde est¨¢n siendo trasladados los presos. Pero el debate sobre la falta de garant¨ªas legales no parece haber calado en los pol¨ªticos. ¡°Lo m¨ªnimo que podemos pedirle a una prisi¨®n es que tenga un clima de legalidad, que haya condiciones que armonicen la seguridad con los derechos de las personas privadas de la libertad. Y en ese sentido no son efectivas. Son un fracaso muy costoso¡±, remata Sarre.