La iniciativa del partido de L¨®pez Obrador para regular las redes sociales desata una tormenta en M¨¦xico

M¨¦xico se encamina hacia una ruta no explorada. La bancada de Morena ¡ªel partido del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador¡ª en el Senado present¨® este lunes por la noche una iniciativa para regular el funcionamiento de las redes sociales. La reforma, a la que a¨²n le queda al menos tres meses de recorrido parlamentario, supone un golpe en el tablero al garantizar, sobre el papel, que los usuarios a los que les hayan suspendido o cancelado sus perfiles puedan impugnar y pelear esa resoluci¨®n privada de las compa?¨ªas tecnol¨®gicas ante la Justicia mexicana. Las apenas 50 hojas de la iniciativa cayeron como una bomba entre las organizaciones de la sociedad civil y la oposici¨®n. Tras una cascada de cr¨ªticas, el senador Ricardo Monreal anunci¨® este martes que pospondr¨¢ tres semanas la puesta de largo oficial de la propuesta para abrir el debate con especialistas y usuarios.

En el centro de la pol¨¦mica se coloca el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un ¨®rgano administrativo de car¨¢cter t¨¦cnico que, de salir adelante la reforma, cobrar¨¢ un inmenso poder a trav¨¦s de un control doble. Por un lado, podr¨¢ fiscalizar la normativa interna entre los usuarios de las redes y las empresas, que deber¨¢n contar con una autorizaci¨®n previa. Por otro, desarrollar¨¢ tambi¨¦n una supervisi¨®n posterior, concentrada sobre todo en los porqu¨¦s de la cancelaci¨®n de cuentas relacionadas con noticias falsas, mensajes de odio o derechos de la infancia. El nuevo sistema exige incluso la creaci¨®n de departamentos espec¨ªficos en las empresas para atender las quejas de los usuarios, incluye multas a las tecnol¨®gicas y ensancha la v¨ªa de llegada hasta los tribunales.

Con las recientes cancelaciones de las cuentas de Donald Trump de fondo y las elecciones intermedias de junio en el horizonte, M¨¦xico ha decidido dar un paso adelante en el tenso equilibro entre las grandes tecnol¨®gicas y la capacidad de los Estados para regular los ¨¢ngulos ciegos de Internet. El objetivo oficial es ¡°la protecci¨®n de la libertad de expresi¨®n en las redes sociales¡±, aunque juristas y organizaciones de la sociedad civil subrayan el deficiente dise?o legal de una iniciativa expr¨¦s, sin debate previo con especialistas y los agentes sociales, de dif¨ªcil aplicaci¨®n y que podr¨ªa precisamente cercenar las libertades en la red.

La reforma establece un primer filtro a la hora de definir las redes sociales que caer¨¢n bajo el paraguas de la regulaci¨®n: las plataformas con un mill¨®n o m¨¢s suscriptores o usuarios, dada su capacidad ¡°de generar un impacto mayor en procesos de comunicaci¨®n social y en la esfera jur¨ªdica de los ciudadanos¡±. Las grandes tecnol¨®gicas ¡ªTwitter, Facebook, Google¡ª tendr¨¢n que someter su normativa interna con los usuarios (los llamados t¨¦rminos y condiciones del servicio) a la legislaci¨®n mexicana de cara a pasar la autorizaci¨®n previa del IFT. En concreto, a las leyes relacionadas con la protecci¨®n ¡°de los derechos de los menores de edad, la eliminaci¨®n de la difusi¨®n de mensajes de odio, la propagaci¨®n de noticias falsas y la protecci¨®n de los datos personales¡±.

Multas de hasta 80 millones de pesos

A la vez, las tecnol¨®gicas ¡°deber¨¢n incluir un mecanismo expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensi¨®n de cuentas o perfiles, la eliminaci¨®n de contenidos o la cancelaci¨®n definitiva¡±. M¨¦xico pretende as¨ª imponer que las compa?¨ªas cuenten con departamentos espec¨ªficos para responder a las solicitudes de los usuarios que, adem¨¢s, no podr¨¢n estar automatizados ¡°mediante el uso de algoritmos o cualquier otra tecnolog¨ªa¡±, sino formado por ¡°personas f¨ªsicas debidamente capacitadas en materia de derechos humanos y libertad de expresi¨®n¡±. Si en el plazo 24 horas la compa?¨ªa no ha respondido, el usuario podr¨¢ dirigirse al IFT ¡ªcon capacidad para sancionar con multas de hasta 80 millones de pesos, unos 3,3 millones de euros¡ª en un recorrido que llega hasta los tribunales.

¡°Es una iniciativa muy peque?a y totalmente coyuntural que no se hace cargo de los problemas que pueden generar las redes sino que se concentra en controlar la resoluci¨®n de conflictos relacionados solo a la suspensi¨®n y cancelaci¨®n de cuentas¡±, apunta Javier Mart¨ªn Reyes, profesor de Estudios Jur¨ªdicos del CIDE, que duda incluso de su constitucionalidad debido a la ambig¨¹edad jur¨ªdica y falta de precisi¨®n del texto: ¡°?C¨®mo vinculas y c¨®mo exiges cumplimiento a las redes sociales? ?C¨®mo puedes cancelarlas, multarlas o enjuiciarlas si no tienen sede fiscal en M¨¦xico?¡±.

M¨¦xico se enfrenta a los mismos obst¨¢culos que el resto de Estados que han pretendido una regulaci¨®n. Las tecnol¨®gicas son empresas que establecen contratos privados con los usuarios que escapan a las jurisdicciones y a las legislaciones de cada uno de los pa¨ªses. La l¨®gica utilizada en esta ocasi¨®n ha sido equiparar las redes sociales con los medios tradicionales. ¡°La ¨²nica v¨ªa correcta y democr¨¢tica de proteger la libertad de expresi¨®n en el ciberespacio es la legislativa, lo mismo para prensa, TV, radio y redes sociales¡±, defendi¨® a finales de este mes el l¨ªder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, impulsor de una iniciativa que entra a fondo a reformar de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi¨®n.

Organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresi¨®n ya han levantado la voz al entender que se trata de una reforma que confunde el papel del Estado en el ejercicio de la libertad de expresi¨®n en el ¨¢mbito digital. ¡°En M¨¦xico, el acceso a Internet es un derecho garantizado por la Constituci¨®n, no un bien p¨²blico bajo tutela del Estado. Internet no est¨¢ ni debe estar sujeta a ser colonizada por el Estado, a diferencia de la radio y la televisi¨®n, donde por concesiones, colusiones y publicidad oficial hay un ejercicio de control hacia estos medios tradicionales¡±, se?alaba este martes en un comunicado la organizaci¨®n Art¨ªculo 19.

Otras cr¨ªticas plantean incluso los roces que esta legislaci¨®n provocar¨ªa con el nuevo tratado de libre comercio en la regi¨®n. ¡°La necesidad de obtener una autorizaci¨®n para la operaci¨®n de las denominadas redes relevantes atenta contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital¡±, apunta la Asociaci¨®n Latinoamericana de Internet (ALAI) en su comunicado.

La batalla digital de Morena

Monreal, el brazo ejecutor en el senado de Morena, con mayor¨ªa en ambas c¨¢maras, acumula un recorrido de proyectos para amarrar los servicios digitales. El a?o pasado intent¨® obligar a las plataformas como Netflix a que al menos el 30% de su cat¨¢logo estuviera conformado con producci¨®n mexicana. Un a?o antes impuls¨® una reforma a la Ley Federal de Protecci¨®n de Datos Personales para obligar a las plataformas a ejecutar el llamado ¡°derecho al olvido¡±, la eliminaci¨®n total de contenidos cuando cualquier usuario lo solicite. En esta ocasi¨®n, descartada la v¨ªa fiscal, el origen de la iniciativa viene directamente de la silla presidencial.

¡°La Estatua de la Libertad en Nueva York se est¨¢ poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un s¨ªmbolo vac¨ªo¡±. As¨ª se manifest¨® Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador pocos d¨ªas despu¨¦s de que Twitter cancelar¨¢ definitivamente la cuenta de Donald Trump ¡ªal igual que Facebook o YouTube¡ª por ¡°incitaci¨®n a la violencia¡± en el marco del asalto del Capitolio por parte de sus seguidores m¨¢s ultras. El presidente mexicano habl¨® el 14 de enero y a partir de ah¨ª empez¨® a ponerse en marcha la maquinaria legislativa. Monreal ha reconocido que ya ha iniciado las conversaciones con las tecnol¨®gicas. ¡°Facebook se mostr¨® comprensivo y flexible y Twitter algo menos¡±, anunci¨® en una entrevista con EL PA?S la semana pasada. A la vez que se ha comprometido a abrir el debate a expertos, acad¨¦micos, especialistas y los usuarios de las redes.

¡°La iniciativa tienen muchas inconsistencias y es sobre todo un mensaje pol¨ªtico a las grandes empresas, un intento de elevar la presi¨®n para que no les cancelen cuentas de apoyo a la 4T [la cuarta transformaci¨®n del pa¨ªs a que se refiere L¨®pez Obrador] de cara a las elecciones de junio¡±, a?ade Reyes al calor de las recientes cancelaciones de cuentas de seguidores del presidente en Twitter. La justificaci¨®n de la empresa fue que se trataba de ¡°informaci¨®n enga?osa en el perfil de la cuenta para llevar a cabo acciones de spam, obstaculizaci¨®n o acoso¡±. L¨®pez Obrador, por su parte, carg¨® contra el director de la compa?¨ªa en M¨¦xico, Hugo Rodr¨ªguez, acus¨¢ndole de haber trabajado para el PAN, la derecha mexicana.

La iniciativa de Morena guarda algunas similitudes con los intentos de regulaci¨®n en otros pa¨ªses. EE UU lleva tiempo tratando de ajustar su legislaci¨®n para que las compa?¨ªas tecnol¨®gicas se hagan responsables por los contenidos publicados en sus plataformas. Mientras que la Uni¨®n Europea junto con la OCDE busca imponer a nivel mundial la conocida como tasa Google, nuevos impuestos dise?ados para gravar la actividad de las grandes plataformas digitales. ¡°La diferencia es que la l¨ªnea en el resto del mundo est¨¢ siendo trazar grandes marcos generales regulatorios para resolver un problema complej¨ªsimo. La propuesta de Morena, sin embargo, marca reglas superespec¨ªficas para resolver el problema en concreto de la cancelaci¨®n de cuentas¡±, a?ade Reyes.

La iniciativa, que pretende colocar a M¨¦xico como pionero en la garant¨ªa de la libertad de expresi¨®n, encierra adem¨¢s varias paradojas. M¨¦xico es el pa¨ªs m¨¢s letal del mundo para los periodistas, con ocho informadores asesinados el a?o pasado, seg¨²n el ¨²ltimo informe de Reporteros Sin Fronteras. Adem¨¢s de los graves problemas de impunidad de un pa¨ªs donde, 9 de cada 10 delitos no son denunciados y casi la tercera parte de los presos a¨²n no tienen condena. Otra de las paradojas es el blindaje de Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mientras el Ejecutivo va erosionando cada vez m¨¢s otros ¨®rganos aut¨®nomos, quiz¨¢, m¨¢s id¨®neos para cumplir estas nuevas funciones de control.

¡°El IFT es un ¨®rgano t¨¦cnico. Estas funciones las deber¨ªa cumplir el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Informaci¨®n (INAI), pero se sigue con la tendencia al desmantelamiento de los organismos aut¨®nomos¡±, apunta Hugo Concha Cant¨², investigador del Instituto de Investigaciones Jur¨ªdicas de la UNAM. De hecho, los planes de L¨®pez Obrador pasan por una pol¨¦mica reforma para eliminar y modificar a algunas de las instituciones de transparencia que acabar¨ªa integrando al INAI en el Gabinete federal.