La Suprema Corte acumula m¨¢s de una decena de casos pendientes sobre las reformas de L¨®pez Obrador
Crecen las cr¨ªticas por el bloqueo de la agenda del m¨¢ximo tribunal, controlada directamente por el presidente, Arturo Zald¨ªvar, en el centro de la pol¨¦mica tras la extensi¨®n de su mandato
Ya se ha convertido en parte de la agenda habitual de la actualidad pol¨ªtica. Es rara la semana que no se anuncia la impugnaci¨®n a la Suprema Corte de alguna de las reformas de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Los dos a?os y medio de sexenio se han traducido en una actividad fren¨¦tica en el parlamento, donde Morena tiene mayor¨ªa en ambas c¨¢maras. El rodillo legislativo del partido del Gobierno ha dejado poco margen de maniobra a la oposici¨®n que, junto a instituciones p¨²blicas afectadas por las reformas, ha aumentado el uso de la v¨ªa de judicial. Esta misma semana saltaron dos nuevas llamadas al Supremo. El martes, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) present¨® una acci¨®n de inconstitucionalidad contra el padr¨®n de datos biom¨¦tricos de los usuarios de telefon¨ªa m¨®vil. Antes, la oposici¨®n hab¨ªa anunciado que ya prepara otra acci¨®n de inconstitucionalidad contra la pol¨¦mica extensi¨®n del mandato del presidente Arturo Zald¨ªvar, en el centro del hurac¨¢n de las cr¨ªticas que apuntan a la creciente politizaci¨®n del m¨¢ximo tribunal mexicano.
Desde que arranc¨® el sexenio las impugnaciones ya suman m¨¢s de una decena, entre ellas, la ley que ha puesto en marcha la Guardia Nacional, el decreto que blinda la entrega de las labores militares al Ej¨¦rcito, la ley que creaba los superdelegados, la reforma el¨¦ctrica o el Tren Maya. Ninguno con fecha prevista siquiera para su discusi¨®n, avivando las cr¨ªticas por un supuesto congelamiento de los grandes casos en beneficio de los tiempos pol¨ªticos del Gobierno.
¡°Existe un amplio espacio de discrecionalidad dentro de la Corte para elegir la prioridad de la agenda, que est¨¢ en manos del presidente. Es una cuenta pendiente que tiene que ver con la transparencia y la regulaci¨®n de criterios para los plazos de resoluci¨®n. Pero tambi¨¦n es cierto que ha sucedido siempre. Solo que ahora se ha exacerbado porque hay muchas pol¨ªticas bajo el escrutinio de la corte¡±, afirma el abogado Jorge Peniche, especialista en litigar cargos en la Corte y codirector de la organizaci¨®n Justicia Transicional en M¨¦xico.
Existen tres v¨ªas de llegada de un caso al m¨¢ximo tribunal. Solo una, los juicios de amparo, el recurso de defensa de derechos fundamentales, cuenta con una regulaci¨®n de plazos: tres meses desde la notificaci¨®n a las partes que el recurso ha sido aceptado. Y pocas veces se cumplen, seg¨²n los juristas consulados. Los otros dos, la acci¨®n de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, las v¨ªas m¨¢s utilizadas para impugnar las leyes y reformas del Gobierno, dependen enteramente del criterio del presidente del pleno y, de momento, siguen atascados. Para el profesor del ITAM y experto en la intersecci¨®n entre pol¨ªtica y derecho Julio R¨ªos ¡°es notorio que durante el mandato de Zald¨ªvar los casos grandes que se le imputan a la Cuarta Transformaci¨®n no han sido listados, no ha sido siquiera discutidos. Parece haber una intenci¨®n en retrasar estos temas¡±.
Las cr¨ªticas que se?alan una ralentizaci¨®n de la agenda de la Corte han arreciado porque existen casos que ya est¨¢n, digamos, en la bandeja de salida. Es decir, el ministro de turno ya ha analizado el asunto y ha presentado el llamado proyecto de resoluci¨®n. El siguiente paso es su entrada en la lista de espera del pleno o en alguna de las dos salas para ser debatido y votado. Ah¨ª es donde aparece el cuello de botella, en la discrecionalidad del presidente Zald¨ªvar en el pleno y en la correa de transmisi¨®n entre los ministros y la presidencia tambi¨¦n en las salas. En los dos casos, lideradas por dos de los tres jueces designados por el Gobierno de Morena: Ana Margarita R¨ªos Farjat y Yasm¨ªn Esquivel Mossa.
¡°Llama la atenci¨®n el tema de los superdelegados, que lleva m¨¢s de dos a?os sin resolverse y tiene una clara naturaleza electoral¡±, a?ade Peniche. En enero de 2019, la corte admiti¨® cuatro recursos de inconstitucionalidad contra la ley que establec¨ªa esta pol¨¦mica y poderosa figura pol¨ªtica creada por L¨®pez Obrador para gestionar directamente los programas sociales en los distintos Estados del pa¨ªs. La Corte, en una de las ¨²ltimas decisiones antes de comenzar la presidencia de Zald¨ªvar, admiti¨® las denuncias que subrayaban su ¡°amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la poblaci¨®n¡±. Dos a?os y medio despu¨¦s y en v¨ªsperas de los comicios m¨¢s grandes de M¨¦xico, que renovar¨¢n ambas c¨¢maras y 15 gubernaturas, no hay pistas de cu¨¢ndo llegar¨¢ la resoluci¨®n.
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