Uuc-kib Espadas, sobre la consulta para enjuiciar a los expresidentes: ¡°A¨²n no hay dinero para realizarla¡±

La consulta popular del pr¨®ximo 1 de agosto en M¨¦xico acumula hasta el momento m¨¢s dudas que certezas. Los mexicanos est¨¢n llamados a decidir si los ¨²ltimos cinco expresidentes deben ser investigados y enjuiciados por posibles delitos que hayan cometido cuando ocupaban el cargo. Pero a cinco semanas del plebiscito, los ciudadanos parecen lejos de estar motivados a volver a las urnas tras la elecci¨®n del 6 de junio y ni siquiera se ha reunido el dinero para la organizaci¨®n del plebiscito. Uuc-kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) ¡ªente que la organiza¡ª, explica en entrevista con EL PA?S que a¨²n no han juntado los 525 millones de pesos que necesitan. El organismo no recibi¨® una partida oficial para este evento, por lo que buscan a contrarreloj fondos para la realizaci¨®n.

M?S INFORMACI?N

L¨®pez Obrador solicita en el Senado la consulta para juzgar a sus cinco antecesores

La pregunta en s¨ª tampoco despierta gran inter¨¦s. Despu¨¦s de varias disputas pol¨ªticas, la redacci¨®n final de la interpelaci¨®n ha dejado un texto confuso, demasiado largo y poco espec¨ªfico. ¡°?Est¨¢s de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones pol¨ªticas tomadas en los a?os pasados por los actores pol¨ªticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles v¨ªctimas?¡±, deber¨¢n responder. Los escenarios que se abren a partir de los posibles resultados solo ser¨¢n vinculantes si se alcanza una participaci¨®n del 40% del electorado, unos 37,4 millones de votos. Con esa cifra, de ganar el s¨ª, los interrogantes sobre c¨®mo se interpretar¨¢ son muchos. Pero una victoria del no otorgar¨ªa a los exmandatarios una ¡°amnist¨ªa muy amplia¡±, explica Espadas.

Pregunta. ?Hay dinero para realizar la consulta popular?

Respuesta. Estamos obteniendo dinero a base de econom¨ªa de nuestro gasto, fundamentalmente a partir de la no contrataci¨®n de personal que tendr¨ªa que contratarse y econom¨ªa en diversas ¨¢reas. Hemos dejado de renovar contratos, personas que se van y que ya no se contrata a nadie en su lugar, y aprovechamos tambi¨¦n remanentes del proceso anterior. No tenemos ning¨²n dinero espec¨ªfico para la realizaci¨®n de la consulta. En este momento a¨²n no tenemos el dinero, pero todav¨ªa faltan algunas semanas y en eso estamos.

P. ?C¨®mo se va a realizar? ?Va a ser un operativo similar al del 6 de junio?

R. En la medida de lo posible va a ser una operaci¨®n similar, con algunas limitaciones. La m¨¢s significativa es que solamente instalaremos unas 57.000 mesas receptoras para la consulta, en lugar de las m¨¢s de 162.000 que se instalaron para la elecci¨®n. Poco m¨¢s de la tercera parte. En cada casilla est¨¢ previsto que reciban a 2.000 ciudadanos, en lugar de los 750 que la ley establece para una elecci¨®n constitucional. El conjunto de asistentes electorales a los que recurriremos tambi¨¦n ser¨¢ menor.

P. La pregunta que se emitir¨¢ en las boletas ha recibido cr¨ªticas por ser confusa y muy amplia. ?Cree que la gente la va a entender?

R. En lo personal me parece que la pregunta es un poco larga y general, pero el Instituto realizar¨¢ en las dos semanas previas a la consulta la difusi¨®n de esta pregunta y procurar¨¢ explicar su significado al conjunto de la poblaci¨®n.

P. Pero su redacci¨®n genera m¨¢s preguntas, a qu¨¦ se refiere con acciones pertinentes o a qu¨¦ per¨ªodo del pasado refiere. ?Qui¨¦n debe aclarar todos esos puntos?

R. No hay una previsi¨®n en ese sentido. Nosotros nos concretamos a consultar sobre el texto aprobado por la Suprema Corte de Justicia. M¨¢s all¨¢ de eso, no est¨¢ en nuestras facultades interpretar la pregunta ni pretender sacar conclusiones sobre los efectos que su aprobaci¨®n eventualmente tendr¨ªa en medidas concretas.

P. La intenci¨®n de la consulta es preguntar si se debe investigar y juzgar a los anteriores presidentes, pero los cr¨ªticos se?alan que la justicia no se consulta. ?Es leg¨ªtimo someter a consulta popular si se debe castigar algo penado por la propia ley?

R. Esa es la raz¨®n por la que la pregunta no se formula en los t¨¦rminos que el solicitante [el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador] estableci¨®, sino que se somete a la Suprema Corte de Justicia, que edit¨® la pregunta. En opini¨®n de la mayor¨ªa de los ministros se trata de una pregunta pertinente. Pero no estoy en condiciones de expresar mi opini¨®n, pues a m¨ª lo que me toca es participar de la obligaci¨®n que tengo en la realizaci¨®n de este proceso.

P. ?Resulta un desaf¨ªo alcanzar el 40% de participaci¨®n?

R. S¨ª. En la ¨²ltima elecci¨®n tuvimos un 52% de participaci¨®n, considerando que ah¨ª estaba la elecci¨®n de la C¨¢mara de Diputados, gubernaturas, alcald¨ªas y un sinn¨²mero de diputaciones locales. Lograr una participaci¨®n un 12% menor que la elecci¨®n del 6 de junio, que tuvo el esfuerzo concurrente de todas las fuerzas pol¨ªticas trabajando a su m¨¢xima capacidad, es sin duda un reto.

P. En caso de que vote el 40% del electorado o m¨¢s, ?c¨®mo se procede?

R. El INE declara la opci¨®n ganadora y la turna a las C¨¢maras del Congreso y a la Corte. Aunque estar¨ªa sujeto a posibles impugnaciones ciudadanas. Pese a que no est¨¢n provistas en la ley de forma espec¨ªfica, eso no suprime algunos recursos [de impugnaci¨®n], como el juicio de protecci¨®n de derechos del ciudadano.

P. ?Puede esta consulta desechar posibles intentos de enjuiciar a los expresidentes en el futuro?

R. Bajo ciertas interpretaciones, s¨ª. Si se alcanzara el 40% y ganara el no, esto equivaldr¨ªa a un mandato de amnist¨ªa muy amplio. Como la pregunta es lo suficientemente general, en ese caso obligar¨ªa al poder legislativo a establecer los alcances jur¨ªdicos de esa decisi¨®n.

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