La transparencia institucional para la Fiscal¨ªa tiene un precio: 1,7 millones de pesos

Uno de los casos de corrupci¨®n que involucra a decenas de funcionarios p¨²blicos y salpica a al menos tres expresidentes anteriores al actual Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, continuar¨¢ siendo un secreto. Pese a las promesas de transparentar la investigaci¨®n del llamado ¡®caso Odebrecht¡¯ mexicano por parte del mandatario, la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica ha utilizado un mecanismo poco habitual y que sienta un precedente para el futuro de la transparencia p¨²blica del pa¨ªs, que es desde hace seis a?os un derecho constitucional regulado por ley. La dependencia ha pedido a un particular la suma de 1,7 millones de pesos (unos 85.000 d¨®lares) a cambio de dar a conocer el expediente, derivado de los gastos que implicar¨ªa imprimir m¨¢s de 80.000 copias certificadas. Una decisi¨®n que los expertos observan como una t¨¢ctica para retrasar la difusi¨®n de un documento que por ley deber¨ªa ser p¨²blico.

La organizaci¨®n de periodistas Quinto Elemento Lab hab¨ªa solicitado desde enero de este a?o a la Fiscal¨ªa que se hiciera p¨²blica la investigaci¨®n sobre las declaraciones judiciales del que fuera director de Pemex durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto, Emilio Lozoya. Un personaje pol¨ªtico fundamental que se convirti¨® desde su detenci¨®n el a?o pasado en Espa?a en un testigo colaborador para el expediente de una de las grandes tramas de corrupci¨®n del pa¨ªs.

La Fiscal¨ªa lo acus¨® de recibir al menos 10 millones de d¨®lares de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de entregar contratos de Pemex y gestionar la asignaci¨®n de otros en diferentes dependencias de Gobierno. Parte de ese dinero, seg¨²n inform¨® la Fiscal¨ªa, se utiliz¨® para sobornar a legisladores ¡ªentre quienes se encuentra el principal rival de L¨®pez Obrador en la campa?a de 2018, Ricardo Anaya¡ª y asegurar la aprobaci¨®n de la reforma energ¨¦tica de Pe?a Nieto en 2013. Otra de las causas abiertas contra Lozoya implica la compra irregular de la empresa Agronitrogenados, dedicada a la producci¨®n de fertilizantes. La compa?¨ªa hab¨ªa estado abandonada durante a?os y sus instalaciones fueron consideradas una ¡°chatarra¡±, pero Lozoya promovi¨® su adquisici¨®n con un sobreprecio de 200 millones de d¨®lares, seg¨²n la Fiscal¨ªa.

Ante el tama?o de la presunta red de corrupci¨®n que hab¨ªa destapado Lozoya con sus declaraciones, el organismo independiente que instruye en M¨¦xico por ley a las diferentes dependencias para dar a conocer la informaci¨®n, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), les dio la raz¨®n a los periodistas al considerar que ¡°debe ser p¨²blica por tratarse de un tema de corrupci¨®n gubernamental y de inter¨¦s general¡±. La obligaci¨®n del INAI deb¨ªa ser acatada por la Fiscal¨ªa seg¨²n la ley, pero en el ¨²ltimo momento ha recurrido a una herramienta que ha frenado en seco y retrasar¨¢ el acceso al expediente.

¡°Es una trampa¡±, denuncia a este diario el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Boh¨®rquez. ¡°Por supuesto que es una t¨¢ctica dilatoria, podr¨ªan subirlo en copia simple [y no certificada] en versi¨®n digital, sin ning¨²n problema. Lo que le estaban mostrando a la periodista es que no quieren mostrarle la informaci¨®n¡±, a?ade. Boh¨®rquez explica que las instancias de Gobierno s¨ª pueden reservarse por ley esta herramienta para las peticiones que implican altos costos, como por ejemplo, la impresi¨®n a gran escala de los planos de una obra p¨²blica. Y los solicitantes deben hacerse cargo de los gastos. Pero insiste: ¡°No es el caso, en la solicitud nadie pidi¨® que fueran copias certificadas impresas. Si se hiciera de manera electr¨®nica no supondr¨ªa ning¨²n costo¡±.

La petici¨®n de m¨¢s de 1,7 millones de pesos al equipo de periodistas para hacer p¨²blica la informaci¨®n es un recurso que ha utilizado la Fiscal¨ªa, pero que, seg¨²n el director de Transparencia Mexicana, puede ser recurrido y ¡°lo m¨¢s probable es que lo pierdan y deban difundir la informaci¨®n¡±. El proceso, no obstante, se puede llegar a convertir en una batalla legal que puede extenderse durante a?os.

El mensaje que env¨ªa la Fiscal¨ªa sienta un peligroso precedente para la transparencia del pa¨ªs, de la que M¨¦xico se hab¨ªa convertido en un referente en el mundo. Desde que en 2015 se aprobara la Ley General de Transparencia y se creara el INAI, el sistema es uno de los m¨¢s abiertos del mundo y permite a cualquier ciudadano solicitar la informaci¨®n que requiera de cualquier dependencia. La informaci¨®n que en este caso se solicitaba se difundir¨ªa no solo a trav¨¦s de Quinto Elemento Lab sino directamente a toda la ciudadan¨ªa.

¡°Este mecanismo es absolutamente discriminatorio¡±, agrega Boh¨®rquez. Pues solo el que tenga esa cantidad millonaria puede lograr que se difunda. Pero adem¨¢s, afecta al criterio de oportunidad que contempla la ley y que est¨¢ amparada en la Constituci¨®n: ¡°La informaci¨®n pierde valor seg¨²n el momento en el que se publica¡±.

El expediente no se encuentra clasificado y se puede difundir protegiendo algunos datos personales de los afectados o informaci¨®n que consideren riesgosa por motivos de seguridad. Pero con la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa, la investigaci¨®n de momento no ser¨¢ p¨²blica de ninguna forma. A menos que alguien decida y pueda pagar 1,7 millones de pesos por ella.

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