La Suprema Corte determina que la objeci¨®n de conciencia no interfiera con los derechos reproductivos de las mujeres

La Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) ha reconocido despu¨¦s de una acalorada discusi¨®n que el derecho de objeci¨®n de conciencia del personal sanitario es constitucional, pero advierte que no puede entrar en conflicto con los derechos sexuales y reproductivos ni ser el motivo para discriminar a las mujeres y a las minor¨ªas. El anuncio de este lunes llega despu¨¦s de dos decisiones hist¨®ricas para los derechos sexuales y reproductivos en M¨¦xico. Primero los ministros declararon inconstitucional que una mujer sea encarcelada por abortar y despu¨¦s que las legislaciones locales protejan la vida desde la concepci¨®n. Con ocho votos a favor, los ministros ordenar¨¢n al poder Legislativo que se desarrolle una ley en torno a la objeci¨®n de conciencia para que no sea ¡°un cheque en blanco con el que se nieguen los servicios de salud, particularmente el derecho del aborto¡±, ha se?alado el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zald¨ªvar.

La acci¨®n de inconstitucionalidad que hoy se ha sometido a votaci¨®n y que finalmente se ha invalidado, sucede despu¨¦s de una demanda de la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma de la Ley General de Salud de 2018, en la que se contempla la objeci¨®n de conciencia de m¨¦dicos y enfermeras del sector p¨²blico y privado. La CNDH argumenta que los art¨ªculos referentes a este tema representan un obst¨¢culo en el acceso a la salud, entre ellos, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que quieran abortar.

La reforma de la ley de Salud no legaliza la discriminaci¨®n ni avala negar un aborto o tratamiento, pero su postulaci¨®n queda demasiado abierta a la interpretaci¨®n, lo que puede ser utilizado en contra del derecho de las mujeres, como ha planteado Arturo Zald¨ªvar. ¡°Grupos conservadores y religiosos est¨¢n presionando a este Tribunal para que reconozca el derecho de objeci¨®n de conciencia ilimitado porque saben que ah¨ª se acaba el derecho de las mujeres a tener un aborto digno. Reconocer un derecho que han conquistado las mujeres a pulso, para que despu¨¦s permitamos que su ejercicio quede empantanado y en manos de objetores de conciencia y grupos pol¨ªticos me parece inaceptable¡±, ha expresado el ministro presidente, quien ha votado en contra de la constitucionalidad de la objeci¨®n de conciencia.

Sin embargo, los ministros han reconocido el derecho del personal de salud a negarse de manera individual a cumplir un mandato jur¨ªdico, entre ellos la interrupci¨®n del embarazo, debido a sus convicciones personales. Pero advierten que dicho derecho no puede ser ejercido a cualquier precio. ¡°La objeci¨®n de conciencia no constituye un derecho absoluto ni ilimitado que pueda ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier modalidad. No se trata de un derecho general a desobedecer las leyes¡±, se?al¨® el pasado lunes el ministro ponente del proyecto, Luis Mar¨ªa Aguilar.

Pese a la brecha que han abierto las pasadas sentencias sobre el aborto, la regulaci¨®n en M¨¦xico sigue siendo muy restrictiva y todav¨ªa queda mucho trabajo por realizar a nivel legislativo. ¡°Es necesario que la objeci¨®n de conciencia sea regulada, por ello es obligaci¨®n del Estado que exista personal no objetor para que no se ponga en riesgo a las mujeres¡±, apunta Melissa Ayala, coordinadora del ¨¢rea de litigio de la organizaci¨®n GIRE.

Las organizaciones feministas se?alan que la objeci¨®n de conciencia, sumada a las leyes f¨¦rreas que castigan el aborto, crean ambientes donde las mujeres se ven orilladas a abortar en la clandestinidad o con procedimientos inseguros. ¡°Que la objeci¨®n de conciencia no est¨¦ bien regulada y no est¨¦n bien establecidos sus l¨ªmites, puede ser un obst¨¢culo para las mujeres y personas con capacidad de gestar¡±, recalca Ayala.

En M¨¦xico se practican cada a?o cerca de un mill¨®n de abortos clandestinos y un tercio de ellos acaban en complicaciones m¨¦dicas, mientras que la tasa anual de hospitalizaciones por cada mil mujeres de 15 a 19 a?os se increment¨® de 6,1 a 9,5 entre 2000 y 2010, seg¨²n datos del Gobierno.

Dependiendo de cada Estado, las sanciones por abortar pueden ir desde los 15 d¨ªas hasta los 6 a?os de prisi¨®n, con multas de 20 a 300 salarios m¨ªnimos. Esto, en un pa¨ªs en el que 50 millones de mujeres viven en la pobreza o en riesgo de ella. Solo en lo que va de a?o, las autoridades han abierto 432 carpetas de investigaci¨®n en el pa¨ªs por aborto, de acuerdo al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad P¨²blica.

El Instituto Guttmacher estima que en M¨¦xico m¨¢s de un tercio de las mujeres que tienen un aborto inseguro tienen complicaciones que requieren tratamiento m¨¦dico. Sin embargo, un cuarto de esas mujeres nunca recibieron la atenci¨®n hospitalaria que requer¨ªan.

La estrategia de grupos conservadores y religiosos que apelan a la objeci¨®n de conciencia y que elaboran leyes m¨¢s restrictivas, no detiene que las mujeres sigan abortando en el pa¨ªs. La penalizaci¨®n no frena la pr¨¢ctica y sin embargo, aumenta el riesgo de que se realice en condiciones de clandestinidad y bajo procedimientos inseguros.

Este drama se hace m¨¢s profundo en la sociedad cuando son m¨¦dicos y enfermeras los que denuncian a las mujeres, incluso cuando llegan a un hospital con una emergencia obst¨¦trica. ¡°Las autoridades y el personal sanitario del sistema p¨²blico condicionan a la mujer a que confiese haberse provocado un aborto¡±, apunta GIRE en un informe de 2018. El hecho de que el aborto sea considerado un delito con sanciones, tambi¨¦n para el personal de salud, contribuye a la estigmatizaci¨®n y criminalizaci¨®n de las mujeres en M¨¦xico. En Am¨¦rica Latina tres de cada cuatro abortos suceden en condiciones inseguras.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs