L¨®pez Obrador ordena publicar las declaraciones de los militares vinculados al ¡®caso Ayotzinapa¡¯

Como cada a?o desde hace siete, el aniversario del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa recuerda el fracaso del Estado en hacer justicia. Confiadas en el quehacer de la unidad especial de la fiscal¨ªa que investiga el caso, del grupo de expertos de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la comisi¨®n presidencial dedicada a las pesquisas, las familias de los estudiantes empiezan sin embargo a perder la paciencia. Padres y madres de los normalistas atacados en 2014 en Iguala, Guerrero, ven con impotencia ciertas resistencias internas, caso de algunos sectores de la propia Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) y sobre todo de la Secretar¨ªa de la Defensa.

Este jueves, el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha ordenado a la comisi¨®n gubernamental que investiga el caso, liderada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, que divulgue las declaraciones de los 30 militares que han interrogado los fiscales en los ¨²ltimos a?os, ya bajo su mandato. Esto despu¨¦s de que el diario El Universal denunciara esta semana que la FGR incumpli¨® el mandato del Instituto Nacional de Acceso a la Informaci¨®n (INAI) de liberar las declaraciones de los militares, despu¨¦s de un recurso a una solicitud de informaci¨®n. El Universal ha explicado que aunque recibi¨® los documentos, la mayor¨ªa llegaron testados, tachados.

Fuentes de la fiscal¨ªa cercanas a la investigaci¨®n defienden el documento entregado, pese a la imposibilidad de leer buena parte de las hojas. ¡°El INAI valid¨® el documento que se entreg¨®: ocultamos datos personales y circunstancias de modo, tiempo y lugar¡±. Estas fuentes a?aden que es riesgoso entregar informaci¨®n de una investigaci¨®n en curso, por mucho que se trate de un caso de violaciones graves a derechos humanos. ¡°Si por ejemplo, uno de los militares se?ala la responsabilidad de una persona, inmediatamente se echa a perder, porque esa persona va a huir. Y luego, impera el mandato de las v¨ªctimas, porque se pueden revelar datos que te echan a perder l¨ªneas de investigaci¨®n¡±.

M¨¢s all¨¢ de los motivos de la FGR para ocultar informaci¨®n y del INAI para validar su apuesta, resulta evidente el coste medi¨¢tico de una decisi¨®n as¨ª. Desde hace varios d¨ªas, las cr¨ªticas a la dependencia han sido constantes, recordando por ejemplo a lo ocurrido cuando divulgaron el informe con que exoneraron al general Salvador Cienfuegos. El a?o pasado, las autoridades de Estados Unidos detuvieron en Los ?ngeles a Cienfuegos, jefe del Ej¨¦rcito durante el Gobierno anterior. Trasladado a M¨¦xico tras una ofensiva diplom¨¢tica del Ejecutivo de L¨®pez Obrador, la FGR decidi¨® que no hab¨ªa pruebas para proceder contra ¨¦l. La dependencia liber¨® el informe con que sustentaba la exoneraci¨®n, oscureciendo buena parte de las p¨¢ginas.

El papel de los militares en 2014

Las cr¨ªticas a la dependencia esta semana empa?an en realidad uno de los aspectos m¨¢s importantes de la investigaci¨®n del caso Ayotzinapa: el papel de los militares. La actuaci¨®n del Ej¨¦rcito antes, durante y despu¨¦s del ataque contra los normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, ha resultado sospechosa desde el principio. Ya en 2015, EL PA?S informaba del contenido de las declaraciones de dos de los militares del cuartel de Iguala, que ilustraban la desidia castrense durante el ataque. ¡°No te acerques mucho ni te arriesgues¡±, lleg¨® a decirle un oficial de inteligencia a un agente, mientras polic¨ªas municipales coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos iban a la caza de estudiantes en el municipio.

La Secretar¨ªa de la Defensa siempre ha defendido que su actuaci¨®n durante el ataque fue reactiva. Los militares solo salieron del cuartel ante reportes de disturbios en las calles, llegando a los escenarios de los ataques despu¨¦s de que hubieran ocurrido. Fue la tesis que vendieron durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), argumento que han tratado de sostener durante la actual administraci¨®n. De ah¨ª la insistencia de la unidad especial de la fiscal¨ªa de que todos los posibles involucrados declarasen o volvieran a declarar.

Ha sido un tira y afloja constante entre el Ej¨¦rcito y los diferentes grupos de investigadores vinculados al caso. No se trata solo de los testimonios, sino de la informaci¨®n recopilada sobre los ataques, sobre Guerreros Unidos, adem¨¢s de la posible vinculaci¨®n de integrantes del batall¨®n de Iguala con el grupo criminal. Hace unos meses, las autoridades detuvieron al capit¨¢n Jos¨¦ Mart¨ªnez Crespo por su presunto v¨ªnculo con Guerreros Unidos. Durante la noche del ataque, Crespo comand¨® una patrulla de militares por Iguala, la Fuerza de Reacci¨®n del cuartel local. Crespo y sus hombres pasaron por uno de los escenarios del ataque, el cruce de la calle Juan N. ?lvarez y el anillo perif¨¦rico, por un hospital donde se refugiaron parte de los muchachos tras el ataque y por una bodega de la polic¨ªa local, conocida all¨ª como Barandilla, donde al aparecer los atacantes habr¨ªan llevado a un grupo de normalistas.

Hasta ahora, Crespo ha mantenido que nunca vio a los estudiantes en Barandilla. Aunque hay dos testigos que han acusado al capit¨¢n de colaborar con Guerreros Unidos, no se sabe exactamente el alcance de su cercan¨ªa. De la misma manera, la informaci¨®n divulgada hasta ahora en los informes de la CIDH, en el expediente de la antigua Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica o en el informe que present¨® en 2018 la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, CNDH, apenas abunda en la relaci¨®n del Ej¨¦rcito con grupos criminales locales.

Es precisamente la relaci¨®n entre los militares y el crimen local lo que ha ocupado a los investigadores en los ¨²ltimos dos a?os, m¨¢s activamente desde mayo. Fue entonces cuando el grupo comisionado por la CIDH, cansado de las evasivas castrenses, se plant¨® ante Encinas y L¨®pez Obrador y exigi¨® una verdadera apertura. Y fue a partir de entonces cuando se dio.

La CIDH accedi¨® a cuarteles y archivos militares de Iguala, Acapulco y Chilpacingo, entre otros lugares, acumulando informaci¨®n sobre lo que los militares supieron del ataque, los datos que el Ej¨¦rcito ten¨ªa sobre la actividad criminal en la zona, las comunicaciones entre mandos y guarniciones y las comunicaciones que mantuvieron los efectivos de Iguala entre ellos y con sus superiores. Los investigadores accedieron igualmente a informaci¨®n sobre las consecuencias burocr¨¢ticas que provocaron al interior del Ej¨¦rcito las interacciones mencionadas.

El grupo comandado por la CIDH acaba su mandato en M¨¦xico a finales de este a?o. Antes, tienen previsto rendir un informe sobre todos sus avances en estos a?os. Sus averiguaciones sobre el papel del Ej¨¦rcito ser¨¢n cruciales para profundizar en el entendimiento del caso.

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