Gertz Manero, ¡®juez y parte¡¯ en el proceso de la Fiscal¨ªa contra funcionarios de patentes

Presentada hace m¨¢s de 10 a?os, la denuncia del fiscal general de M¨¦xico, Alejandro Gertz Manero, contra varios funcionarios de patentes por registros de marcas de la Universidad de las Am¨¦ricas Puebla (UDLAP) ha acelerado su curso, sobre todo desde su llegada al cargo. Con amago de archivo en 2014, mandada a reserva en 2017, la investigaci¨®n se reactiv¨® meses antes de su llegada, a finales de 2018. El a?o pasado, los investigadores trataron incluso de detener a cinco de los siete funcionarios implicados. En el caso de otra funcionaria, los fiscales mantienen viva las pesquisas pese a la p¨¦rdida definitiva de recursos en tribunales.

Gertz present¨® la denuncia ante la Fiscal¨ªa federal en 2011, ajeno a la vida p¨²blica, cuando era rector del centro educativo rival del de Puebla, la Universidad de las Am¨¦ricas, A. C, con sede en Ciudad de M¨¦xico. A diferencia de la lentitud de los primeros a?os, los investigadores contin¨²an ahora con las pesquisas, solo que ahora con Gertz al mando de la misma dependencia.

EL PA?S ha revisado la denuncia original presentada por la mano derecha de Gertz, el actual subprocurador Juan Ramos, adem¨¢s de otras diligencias que constan en el expediente, actuaciones del Ministerio P¨²blico y de los defensores de los denunciados. Este diario ha mantenido igualmente entrevistas con abogados de los afectados. Sus nombres no aparecen en estas l¨ªneas por temor a posibles represalias del fiscal. Los acusados son en total siete, con Jorge Amigo, exdirector del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), al frente.

Gertz les acusa de ¡°uso indebido de atribuciones o facultades¡±, delito que comprende penas de seis meses a 12 a?os de c¨¢rcel. En esencia, el fiscal se?ala que los funcionarios otorgaron registros de marca a la UDLAP de mala fe, pues la due?a del nombre ¡°Universidad de las Am¨¦ricas¡± es la UDLA, A. C., centro educativo que ¨¦l dirigi¨® al menos entre 1995 y 2018. Separadas desde 1985, UDLAP y UDLA A. C., nacieron como una sola a?os atr¨¢s. En la ruptura, ambas partes firmaron un acuerdo que establec¨ªa que la UDLA A. C. permit¨ªa el uso del nombre a la otra. El documento no imped¨ªa que la UDLAP registrara sus propias marcas ante el IMPI.

Desde hace algo m¨¢s de un a?o, la mara?a de conflictos y sospechas que rodea al fiscal ha dominado la conversaci¨®n sobre su figura, hasta el punto de que el asunto de la marca de las universidades ha pasado relativamente inadvertido. Gertz ha sido cuestionado por no informar sobre su patrimonio, divulgado a cuentagotas en notas period¨ªsticas. Ha sido criticado por alguna de sus cruzadas al frente de la FGR, caso por ejemplo de la acusaci¨®n por delincuencia organizada contra un grupo de cient¨ªficos. Tambi¨¦n se le ha se?alado por el extra?o camino que sigui¨® su inclusi¨®n en el Sistema Nacional de Investigadores, negado antes de su llegada a la Fiscal¨ªa. Aunque nada como el pleito contra su familia pol¨ªtica, que este diario document¨® a mediados del a?o pasado.

El caso de las patentes recuerda precisamente al pleito familiar del fiscal. El conflicto inici¨® con la muerte de su hermano, Federico Gertz, en septiembre de 2015 en la capital. El fiscal acus¨® a la pareja de su hermano, Laura Mor¨¢n, de su asesinato. Seg¨²n Gertz, Mor¨¢n y al menos una de sus hijas, Alejandra Cuevas, no cuidaron debidamente al hermano enfermo, caus¨¢ndole la muerte. Cuevas est¨¢ en prisi¨®n por este caso desde octubre de 2020 y Mor¨¢n se ha librado por la edad. La mujer cuenta 95 a?os.

A la muerte de su hermano, Gertz denunci¨® el caso ante la fiscal¨ªa de Ciudad de M¨¦xico, pero los investigadores dieron carpetazo a la denuncia al considerar que no hab¨ªa pruebas. Solo cuando el actual fiscal se puso al frente de la FGR, la agencia investigadora de la capital reactiv¨® el caso, consiguiendo la detenci¨®n de Cuevas. Antes, Gertz denunci¨® a los fiscales que hab¨ªan archivado la denuncia, caso que apenas avanz¨®, de nuevo, hasta que ¨¦l lleg¨® a la FGR.

La similitud del pleito familiar con el de las patentes apunta precisamente a la estrategia jur¨ªdica del fiscal. En ambos casos, Gertz ha puesto en la mira a los funcionarios que desestimaron sus denuncias. Primero, a los tres agentes de la fiscal¨ªa de Ciudad de M¨¦xico que archivaron el caso de asesinato. Y luego, a los siete del IMPI que otorgaron alg¨²n tipo de registro a la UDLAP a lo largo de los a?os.

La primera etapa

El proceso penal contra funcionarios del IMPI es solo uno de varios que Gertz ha iniciado a lo largo de los a?os que implican a la UDLAP. Como explic¨® EL PA?S en diciembre, el fiscal present¨® en 2007 una denuncia en la fiscal¨ªa de Ciudad de M¨¦xico contra la universidad poblana por fraude gen¨¦rico y abuso de confianza. La agencia investigadora de la capital archiv¨® la denuncia, carpetazo que los tribunales confirmaron finalmente en 2013.

Gertz abri¨® igualmente un proceso administrativo ante la misma oficina de patentes, solicitando la nulidad de los registros de la UDLAP. El fiscal gan¨® en primera instancia en febrero de 2019, cuando ya estaba al frente de la FGR. La victoria definitiva depende de la resoluci¨®n del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, decisi¨®n que a¨²n podr¨ªa impugnarse ante una instancia superior.

A¨²n sin concluir, el proceso contra los funcionarios que otorgaron las patentes a la UDLAP ha atravesado dos etapas. La primera comenz¨® cuando Ramos present¨® el escrito de denuncia, el 25 de abril de 2011, y termin¨® cuando la vieja Fiscal¨ªa mand¨® el caso a reserva, en diciembre de 2017. En el escrito de denuncia, el actual subprocurador Ramos se?ala que los funcionarios ignoraron la ley de Propiedad Industrial, empezando por el director, Jorge Amigo. Seg¨²n el abogado, Amigo viol¨® la ley por omisi¨®n, ya que no evit¨® los registros. En total, Ramos se?ala 11 inscripciones de marcas presuntamente fraudulentas, la primera en 1996 y la ¨²ltima en 2011. Los otros seis acusados habr¨ªan firmado personalmente las actas de inscripci¨®n o supervisado los registros. En escritos posteriores, Ramos ampli¨® la horquilla temporal de registros hasta 2016.

En estos a?os, los acusados se han defendido en general con dos argumentos. Primero, que el registro de las marcas se hizo de acuerdo a la ley. Como dice uno de ellos en su declaraci¨®n, que este diario pudo leer, ¡°el otorgamiento no contraviene la ley de Propiedad Industrial, am¨¦n de que la marca que dicho t¨ªtulo protege en ning¨²n caso es id¨¦ntica o semejante en grado de confusi¨®n a otra aplicada a los mismos o similares servicios¡±. Es decir, que las marcas que registr¨® la UDLAP no se parec¨ªan a las de la UDLA A. C.

El segundo argumento apunta a la prescripci¨®n y al aspecto temporal del delito que se les imputa. Para calcular la prescripci¨®n de un delito de ¡°uso indebido de atribuciones o facultades¡±, se recurre a la media aritm¨¦tica de la horquilla de a?os de c¨¢rcel prevista en la ley, de seis meses a 12 a?os. En este caso, la media ser¨ªa seis a?os y tres meses. Ramos ha argumentado que los funcionarios del IMPI incurrieron en un delito continuado, ya que el Instituto no solo inscribi¨® un registro de la UDLAP sino varios, que adem¨¢s renov¨®. Al ser as¨ª, el delito tardar¨ªa m¨¢s en prescribir, pues habr¨ªa seguido ocurriendo en el tiempo, al menos, seg¨²n Ramos, hasta 2016. Lo que alegan varios de los imputados es que ellos solo dieron un registro, no varios y que, por tanto, el delito que, insisten, no se dio, en todo caso habr¨ªa prescrito.

El archivo y la reserva

Parece que los argumentos de Ramos no convencieron a la vieja fiscal¨ªa. Los agentes de la dependencia decidieron archivar las pesquisas en octubre de 2014, tres a?os y unos meses despu¨¦s de iniciarlas. El apoderado del entonces rector Gertz recurri¨®, acci¨®n en la que tuvo ¨¦xito y permiti¨® mantener abierta la indagatoria. De cualquier manera, la vieja Fiscal¨ªa, sin m¨¢s evidencia que la que hab¨ªa presentado Ramos, decidi¨® mandar el proceso a reserva tres a?os despu¨¦s, en diciembre de 2017. La reserva es un movimiento habitual de los agentes de la Fiscal¨ªa. Cuando no quieren archivar un caso, pero tampoco tienen pruebas para elevarlo ante el juez, lo meten en el caj¨®n a la espera de nueva evidencia. El delegado de la Fiscal¨ªa federal en Ciudad de M¨¦xico, Armando Del R¨ªo, firm¨® el documento de reserva.

La segunda etapa del proceso inici¨® poco despu¨¦s, en los ¨²ltimos meses de 2018, elecciones presidenciales mediante. El 8 de agosto, Ramos pidi¨® a la fiscal¨ªa que sacara la investigaci¨®n de la reserva y la reactivara. El 24 de agosto, los agentes accedieron. Gertz lleg¨® a la FGR tres meses m¨¢s tarde, el 1 de diciembre, el d¨ªa en que Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador inici¨® su mandato.

En los a?os que han pasado desde entonces y a diferencia de los anteriores, los agentes de la Fiscal¨ªa federal han insistido en consignar el caso ante el juez. En los ¨²ltimos meses de 2018 y primeros de 2019, algunos de los implicados volvieron a declarar y otros lo hicieron por primera vez. Con diferentes estrategias, los abogados defensores han intentado tumbar el concepto de delito continuado y as¨ª apuntalar la teor¨ªa de la prescripci¨®n. Algunos han se?alado tambi¨¦n la perfecta legalidad de los registros de las patentes.

Durante 2020, la fiscal¨ªa trabaj¨® para poder llevar ante el juez a los acusados. Seg¨²n public¨® el diario Reforma en julio del a?o pasado, los agentes consignaron la investigaci¨®n ante el juez a inicios de 2021, aunque solo pidieron la detenci¨®n de cinco de los siete, todos menos el director Amigo y la coordinadora departamental de examen de marcas ¡°D¡±, Claudia Arrache. En cuanto a los otros cinco, el juez rechaz¨® la petici¨®n de la FGR de detenerlos.

En el caso de Arrache, la funcionaria estaba acusada de registrar el nombre ¡°EXA UDLA¡± en 2002, la marca que identifica el sistema de comunicaci¨®n de la UDLAP con sus exalumnos. Arrache solo firm¨® aquel registro, ya que posteriormente cambi¨® de trabajo. La mujer que defendi¨® la legalidad de la diligencia, ni siquiera estuvo implicada en su renovaci¨®n, que suele realizarse cada diez a?os, tiempo que duran las inscripciones en el IMPI.

Su caso lleg¨® a los tribunales, pero esta vez por petici¨®n de sus abogados, que exigieron que la FGR tuviera en cuenta la posible prescripci¨®n del delito. Arrache asegur¨® siempre que de todas formas su actuar hab¨ªa sido legal. Los tribunales le dieron la raz¨®n definitivamente a principios de 2020, sentencia que la fiscal¨ªa deb¨ªa acatar. Para ello deben firmar un documento, conocido en el medio como No Ejercicio de Acci¨®n Penal, acci¨®n que, de momento, no han tomado.

El proceso contra los dem¨¢s permanece en el limbo. En el caso del director, Jorge Amigo, que dirigi¨® el IMPI hasta junio de 2011, los fiscales todav¨ªa no han solicitado al juez orden de detenci¨®n. Podr¨ªan hacerlo en cualquier momento, aunque su caso parece destinado a encajar en el argumento de la prescripci¨®n. En cuanto a los otros cinco, por ahora no hay noticias nuevas. La FGR podr¨ªa tratar de mejorar sus pesquisas y presentarlas de nuevo ante el juez para conseguir ¨®rdenes de detenci¨®n. La presencia del denunciante, Alejandro Gertz, al frente de la Fiscal¨ªa federal, ente que investiga, mantiene todas las puertas abiertas.

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