Las claves de la ley el¨¦ctrica de L¨®pez Obrador: un golpe a las renovables sin efectos inmediatos
Los juicios de amparo en curso obstaculizan la aplicaci¨®n de la norma pese a la decisi¨®n de la Suprema Corte
El Gobierno mexicano ha dado otro paso hacia el modelo energ¨¦tico que persigue desde hace m¨¢s de dos a?os. Al rechazar la acci¨®n de inconstitucionalidad, la Suprema Corte dej¨® intacta este jueves una ley que echa para atr¨¢s la liberalizaci¨®n de la generaci¨®n el¨¦ctrica y supone un golpe a las energ¨ªas renovables. Da la preferencia a la CFE sobre las centrales privadas, muchas de ellas e¨®licas y solares, y permite la revocaci¨®n de permisos. En resumen, arrincona la participaci¨®n privada en un sector que ha atra¨ªdo 50.000 millones de d¨®lares de inversi¨®n en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas. El presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador se ha declarado este viernes ¡°feliz¡± y ha tachado la decisi¨®n del tribunal de ¡°hist¨®rica y patriota¡±.
Sin embargo, todav¨ªa es pronto para que el Gobierno cante victoria. Pese a la decisi¨®n de la Suprema Corte y a los deseos de L¨®pez Obrador, los juicios de amparo iniciados por empresas y asociaciones ambientalistas siguen su curso y las suspensiones decididas por los juzgados de primera instancia impiden la aplicaci¨®n inmediata de la nueva Ley de la Industria El¨¦ctrica (LIE), seg¨²n los expertos. Es probable que los amparos lleguen al m¨¢ximo tribunal, donde una mayor¨ªa simple de ministros amenaza con propinarle una derrota al Gobierno. Para evitarlo, el Ejecutivo puede tratar de sacar adelante su reforma constitucional el¨¦ctrica, inapelable y mucho m¨¢s agresiva que la ley.
Ganadores y perdedores: CFE frente a las energ¨ªas renovables
Las modificaciones a la LIE, aprobadas en marzo de 2021 pero paralizadas en los tribunales desde entonces, se hicieron como un traje a medida para la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE). El Gobierno lleva a?os insistiendo en que la reforma de 2013 condenaba a la paraestatal a la desaparici¨®n. El orden de despacho para subir la electricidad a la red se determinaba por los costos marginales de producci¨®n de las centrales. Como la CFE es m¨¢s cara que las privadas, las plantas e¨®licas y solares privadas iban primero. As¨ª, la participaci¨®n de la paraestatal en la generaci¨®n total ha ca¨ªdo del 100% antes de la liberalizaci¨®n al 54% en 2018 y al 38% ahora.
La nueva ley elimina la preferencia por las centrales m¨¢s baratas y se la da a las de la CFE o a aquellas plantas privadas con un nuevo tipo de contrato llamado de ¡°cobertura el¨¦ctrica con entrega f¨ªsica¡±. Estos contratos implican la entrega de energ¨ªa en una ¡°hora o fecha futura determinada¡±. Sin nombrarlas, la e¨®lica y la solar quedan excluidas porque, al ser intermitentes, no pueden asegurar una cantidad espec¨ªfica para un momento espec¨ªfico. ¡°Este contrato beneficia en los hechos a la CFE y echa para atr¨¢s a las renovables en el orden de despacho¡±, afirma ?scar Ocampo, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La e¨®lica y la solar representan el 16% de la capacidad energ¨¦tica total del pa¨ªs.
Los Productores Independientes de Energ¨ªa (PIEs) ¡ªcentrales privadas anteriores a 2014, principalmente ciclos combinados que funcionan con gas¡ª podr¨ªan firmar estos contratos. Sin embargo, como solo lo pueden hacer con un suministrador final de electricidad y la CFE es el ¨²nico jugador en este sector, quedan a la merced de la voluntad de la paraestatal. ¡°Al darle a la CFE Suministrador de Servicios B¨¢sicos el poder de celebrar contratos bilaterales, es probable que esta haga contratos con las centrales de sus propias subsidiarias sin que necesariamente ofrezcan menores costos¡±, se?ala Ocampo.
Golpe a la certeza jur¨ªdica de las inversiones
El Gobierno tiene entre ceja y ceja la revisi¨®n de contratos de centrales privadas que considera son producto de la ¡°corrupci¨®n del pasado¡±. La nueva ley abre la puerta a la cancelaci¨®n de permisos vigentes. Los esquemas de autoabastecimiento ¡ªentre centrales privadas y empresas¡ª ser¨¢n revocados si se percibe ¡°fraude a la ley¡± y los contratos firmados por PIEs, terminados si no son rentables para el Gobierno.
Los cambios causaron gran alarma en el sector privado cuando fueron presentados. Las causas de revocaci¨®n de permisos contempladas por la nueva ley son suficientemente amplias como para que las empresas teman una aplicaci¨®n discrecional. En el caso del autoabastecimiento, el Gobierno ha dicho que 110 de los 243 esquemas existentes son ¡°fraudulentos¡± y que estos abastecen a 77.000 clientes. Con la nueva ley, la continuidad de su operaci¨®n se ve amenazada.
El embajador de EE UU en M¨¦xico, Ken Salazar, declar¨® el jueves que la ley ¡°probablemente abrir¨¢ la puerta a litigios sin fin¡±. ¡°Vamos a seguir en un espacio de ambig¨¹edad¡±, coincide el experto Pablo Z¨¢rate, de la consultora FTI. ¡°Si se ejecutan los cambios, se acabar¨ªa en una de las olas de arbitrajes internacionales m¨¢s grandes de la historia reciente¡±. Antes de recurrir a paneles de arbitraje, sin embargo, las empresas deben agotar los recursos judiciales dom¨¦sticos.
Los amparos: un obst¨¢culo a la aplicaci¨®n de la ley
Por ahora, la decisi¨®n de la Suprema Corte no significa que los cambios a la ley el¨¦ctrica se vayan a aplicar inmediatamente. Antes de que el m¨¢ximo tribunal admitiera a tr¨¢mite la acci¨®n de inconstitucionalidad, empresas y asociaciones ambientalistas presentaron cientos de amparos ante los juzgados de primera instancia y a muchas les concedieron suspensiones con efectos generales. Es decir, la ley se dej¨® de aplicar a todos los participantes del sector mientras se resolv¨ªa el fondo del asunto. Un buen n¨²mero de estas suspensiones sigue vigente, seg¨²n los expertos, aunque los tribunales colegiados ya han empezado a revertirlas.
Aunque cancelen las suspensiones, los juicios de amparo seguir¨¢n avanzando. Si bien no se alcanz¨® una mayor¨ªa cualificada, una mayor¨ªa de ministros de la Suprema Corte se pronunci¨® por la inconstitucionalidad de las partes m¨¢s pol¨¦micas de la ley, como el cambio el orden de despacho. Esa mayor¨ªa simple puede llevar a los jueces de primera y segunda instancia a resolver en favor de las empresas u organizaciones ambientalistas. ¡°La ley queda sujeta a la interpretaci¨®n de los jueces. Como no se alcanz¨® mayor¨ªa cualificada queda un criterio que no tiene obligatoriedad¡±, dice Alfonso Herrera, profesor de Derecho de la Universidad Panamericana. ¡°Las mayor¨ªas simples suelen ser m¨¢s persuasivas para los jueces que los votos, en este caso, de los cuatro ministros que se opusieron a la inconstitucionalidad¡±.
Si los denunciantes ganan y el Gobierno recurre, los casos llegar¨¢n tarde o temprano a la Suprema Corte, donde una mayor¨ªa simple y no una cualificada como en la acci¨®n de inconstitucionalidad determinar¨¢ la suerte de los amparos. En las dos salas del tribunal, formadas cada una por cinco ministros, son mayor¨ªa los que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de varias partes de la ley el¨¦ctrica, lo que abre la puerta a una futura derrota del Gobierno. La asociaci¨®n ambientalista Nuestro Futuro ya ha aclarado que sigue en la batalla legal y que espera que su caso llegue al m¨¢ximo tribunal.
Las diferencias con la reforma constitucional
Para desembarazarse de los amparos, el Gobierno tiene otra opci¨®n: sacar adelante la reforma constitucional en materia energ¨¦tica que est¨¢ en discusi¨®n en el Congreso. De aprobarse, todos los amparos quedar¨ªan sin fundamento legal porque la Constituci¨®n en la que estos se basan habr¨ªa sido modificada. Morena, la formaci¨®n del presidente, ha afirmado que empujar¨¢n por la reforma incluso con una decisi¨®n de la Suprema Corte favorable al Gobierno. Por ahora, sin embargo, no tienen los votos en el Congreso.
El Ejecutivo ha logrado muchos de sus objetivos en pol¨ªtica energ¨¦tica con la LIE, principalmente el cambio de orden de despacho. Por otro lado, la reforma constitucional va m¨¢s all¨¢ en su intento por limitar la participaci¨®n privada, al fijar un porcentaje m¨ªnimo de generaci¨®n para la paraestatal de 54%, frente al 46% de las empresas. Adem¨¢s, ordena cancelar todos los contratos de centrales particulares y, a diferencia de la LIE, ni siquiera se mencionan causas para la terminaci¨®n. La reforma tambi¨¦n elimina la autonom¨ªa de la Comisi¨®n Reguladora de Energ¨ªa y del Centro Nacional de Control de Energ¨ªa (Cenace), el operador del sistema el¨¦ctrico. ¡°La reforma y la LIE comparten el mismo esp¨ªritu, pero hay una diferencia en el alcance¡±, se?ala ?scar Ocampo.
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