La Suprema Corte de M¨¦xico invalida la creaci¨®n de un padr¨®n de datos biom¨¦tricos para usuarios de celulares

El pol¨¦mico Padr¨®n Nacional de Usuarios de Telefon¨ªa M¨®vil en M¨¦xico (Panaut) nunca ver¨¢ la luz. Este martes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n han declarado por mayor¨ªa de votos la inconstitucionalidad de la creaci¨®n de este registro. Nueve ministros se han manifestado por la invalidez total del decreto y dos expresaron su rechazo parcial, que buscaba que todos los usuarios de telefon¨ªa m¨®vil (nuevos o ya existentes) entregasen sus datos personales, as¨ª como registros biom¨¦tricos, para poder tener acceso a una l¨ªnea.

El proyecto de inconstitucionalidad, elaborado por la ministra Norma Pi?a Hern¨¢ndez, considera que este padr¨®n afecta los derechos a la privacidad, intimidad y protecci¨®n de datos personales y que no resulta razonable ni una medida legislativa necesaria para la persecuci¨®n de delitos de extorsi¨®n mediante tel¨¦fonos celulares, como lo argument¨® el Poder Legislativo cuando aprob¨® su creaci¨®n en marzo de 2021. ¡°La informaci¨®n en su conjunto permite extraer conclusiones muy precisas sobre la esfera de la privacidad de una persona¡±, expuso Pi?a durante la sesi¨®n de este martes.

El pol¨¦mico padr¨®n planteaba que los usuarios deb¨ªan entregar de modo obligatorio datos personales como nombre y domicilio, adem¨¢s de registros biom¨¦tricos como huellas dactilares o registros faciales, caracter¨ªsticas no estaban especificados en el decreto. La idea, seg¨²n expusieron los legisladores de Morena, impulsores de esta medida, era contener el mercado negro de equipos celulares que se utilizan para extorsionar y cometer otro tipo de delitos, como el secuestro.

Uno de los argumentos que arguyeron los nueve ministros que apoyaron la nulidad total de este decreto fue la violaci¨®n a los derechos de privacidad y derecho a la intimidad que tienen los usuarios de telefon¨ªa m¨®vil en el pa¨ªs. ¡°No hay manera de justificar una recolecci¨®n masiva de datos personales por particulares y en segundo lugar, el tratamiento que se les puede dar¡±, indic¨® Javier Laynez al emitir su postura en el pleno de la corte.

La falta de una orden emitida por un juez para acceder a datos personales en favor de la persecuci¨®n de delitos fue otro de los argumentos defendidos por los ministros para declarar su inconstitucionalidad. ¡°Este planteamiento nos plantea una falsa y peligrosa dicotom¨ªa entre privacidad y seguridad, porque parad¨®jicamente ceder el control sobre los datos representa un peligro para la seguridad de los usuarios¡±, expuso Juan Luis Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara.

Por su parte, el ministro presidente, Arturo Zald¨ªvar, fue enf¨¢tico en la poca utilidad que tendr¨ªa este registro para contener los delitos de extorsi¨®n en el pa¨ªs. ¡°Parece absurdo que una persona que tenga un celular va a generar una extorsi¨®n con un tel¨¦fono a su nombre, esto nunca sucede. El sistema pretende que las obligaciones del Estado ahora sean responsabilidad de los particulares¡±, indic¨®. Adicionalmente, Luis Mar¨ªa Aguilar indic¨® que este padr¨®n entorpecer¨ªa el derecho humano a la comunicaci¨®n m¨®vil. ¡°Una persona que no pueda registrarse menoscaba directamente su acceso a la comunicaci¨®n¡±.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo regulador del sector en M¨¦xico, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n y Protecci¨®n de Datos (INAI), as¨ª como un grupo de senadores inconformes con la creaci¨®n de este registro, interpusieron recursos de inconstitucionalidad que planteaban no solo la violaci¨®n a los derechos fundamentales, sino la dificultad de recabar los datos por parte de las instancias y el costo que supondr¨ªa su implementaci¨®n.

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