Los Zetas, Coahuila y ¡®La Lista¡¯: un vistazo a la historia de los militares presos por colaborar con el grupo criminal

En marzo de 2011, el Ej¨¦rcito detuvo a 15 militares en Coahuila por su presunta colaboraci¨®n con el cartel de Los Zetas. La vieja Fiscal¨ªa hab¨ªa abierto una investigaci¨®n tras el hallazgo, justo entonces, de una n¨®mina del grupo criminal. Una lista encontrada a uno de los l¨ªderes de Los Zetas en la zona, que reflejaba pagos a decenas de autoridades, entre ellas los militares. Su historia, recogida en el p¨®dcast La Lista, que EL PA?S produjo en colaboraci¨®n con As¨ª Como Suena, aparece reflejada en los papeles de la Sedena.

Narrada a partir de la historia de uno de los 15 miliares, el subteniente Francisco Soto, La Lista cuenta la detenci¨®n de los soldados, las penalidades que atraviesan sus familias y las irregularidades del caso: torturas a Soto y los dem¨¢s, pruebas de origen sospechoso, declaraciones extra?as de los criminales delatores. Estrenada a finales de 2020, el relato alcanza un momento del proceso en que la justicia civil est¨¢ a punto ya de asumirlo, despu¨¦s de nueve a?os de discrecionalidades en tribunales militares, repetici¨®n del juicio mediante.

M¨¢s all¨¢ del inter¨¦s por el destino de los soldados, el caso resulta interesante por el panorama que ofrece de la guerra contra el narco, impulsada durante el Gobierno de Felipe Calder¨®n (2006-2012), y a la relaci¨®n del aparato de seguridad con la violencia extrema de Los Zetas. Los papeles de la Sedena ofrecen alguna pista de los intereses y las intenciones de las Fuerzas Armadas en el caso.

La filtraci¨®n de cientos de miles de correos electr¨®nicos de la Secretar¨ªa de la Defensa en M¨¦xico (Sedena) muestra el monitoreo exhaustivo del Ej¨¦rcito a diferentes aspectos de la vida p¨²blica del pa¨ªs, civil y castrense. Entre los correos hay miles de res¨²menes de prensa, cientos de esquemas de grupos delictivos, decenas de informes sobre pol¨ªtica regional, y documentos sobre el estatus de procesos judiciales contra militares.

As¨ª, por ejemplo, la base de datos contiene a su vez otras tantas bases de datos en que aparecen nombres de militares sentenciados o con procesos judiciales abiertos, acompa?ados de monta?as de variables: grado, resumen de hechos, delito, medida cautelar y observaciones. De igual manera, figuran decenas de hojas de c¨¢lculo que recogen el pago a militares procesados, acreedores de un salario hasta que jueces o tribunales emitan una sentencia.

En algunos casos, diferentes oficinas al interior y el exterior de la Sedena intercambian correos con documentos sobre procesos contra militares o grupos de militares concretos. Es el caso del grupo de Saltillo, protagonista de decenas de cadenas de mensajes entre diferentes oficinas dentro la secretar¨ªa. En algunos correos hay datos llamativos. Por ejemplo, en una documento de Word de febrero de este a?o, la Sedena env¨ªa a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) la relaci¨®n de 21 procesos que la justicia militar proyecta mandar o ha mandado ya a la civil. Dos tienen que ver con los 15 militares de Saltillo.

En uno de esos dos, que ata?e entre otros a uno de los presuntos enlaces de Los Zetas con el cuartel, se explica que, en realidad, la presunta colaboraci¨®n de militares con criminales data de casi dos a?os antes del hallazgo de la n¨®mina zeta, en marzo de 2011. Dice el documento, a modo de resumen: ¡°En el mes de octubre de 2009, el teniente Montiel Rumbo¡±, lee, en referencia a uno de los dos enlaces, ¡°acept¨® colaborar con Los Zetas, a quienes informaba sobre los operativos militares; posteriormente, comenz¨® a reclutar a oficiales y personal de tropa para trabajar con la citada organizaci¨®n delictiva¡±.

En el otro proceso que la justicia militar manda a la civil, se habla del otro de los enlaces. ¡°En octubre 2010, [el sargento Jos¨¦ Luis N] entr¨® a trabajar para los Zetas por invitaci¨®n del Sargento Segundo Conductor Sergio Trevi?o R¨ªos (...) tambi¨¦n su pago se lo estaba entregando directamente el Gerry, as¨ª mismo el acusado acepta que al celular solo le llamaba una persona que se identificaba como el Gerry¡±. El texto se refiere a uno de los dos zetas, Gerardo Hern¨¢ndez, sobre la que la justicia militar bas¨® la acusaci¨®n contra los 15 militares de Saltillo, adem¨¢s de la n¨®mina.

Un asunto irresuelto

Otro documento interesante que refiere al caso es un compendio de los mensajes intercambiados a principios de 2020 entre la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n (Segob) y la Sedena por las peticiones de los militares encarcelados. En febrero de ese a?o, el colectivo Rompiendo Cadenas, que ha tratado de hacer ruido sobre la situaci¨®n de varios de los militares de Saltillo y otros soldados presos, pidi¨® la mediaci¨®n del Gobierno con la Sedena. El intercambio simboliza a veces la sensaci¨®n de impotencia que ha invadido a las familias de los de Saltillo estos a?os.

El 11 de febrero, una funcionaria de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob le escribi¨® al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para trasladarle las peticiones de los militares presos. Entre ellos figuraban el subteniente Soto o el teniente S¨®crates Humberto L¨®pez, otro de los detenidos. Ambos comparten, adem¨¢s del tiempo en prisi¨®n, el reconocimiento por parte de la Sedena de la tortura que les infligieron elementos de la Polic¨ªa Judicial Federal Militar, tratos que motivaron el pago incluso de una indemnizaci¨®n por parte de la secretar¨ªa.

La funcionaria traslada a Sandoval la ¡°problem¨¢tica¡± de sus casos, por ejemplo, dilaciones procesales, las mismas torturas que sufrieron, las irregularidades en la detenci¨®n, los peligros de continuar en prisiones civiles y no en una militar. La trabajadora de la Segob manda el mismo oficio al director general de justicia militar entonces, el general de brigada Antonio Ram¨ªrez. El documento incorpora a continuaci¨®n diversas comunicaciones al interior de la Sedena y luego las respuestas.

En la primera, por ejemplo, una jueza militar explica que resulta improcedente su traslado de la prisi¨®n civil en la que est¨¢n a una militar, por el tipo de delito de que se les acusa, delincuencia organizada y narcotr¨¢fico. Sobre las dilaciones, la jueza carga la responsabilidad a las partes, se?alando que es responsabilidad suya cumplir con los plazos que marca el tribunal. Todo esto ocurr¨ªa antes de que la propia justicia militar mandara el caso a juzgados civiles.

El mismo documento incorpora oficios de marzo de 2020, en que un juez miliar distinto de la anterior responde a Soto y S¨®crates sobre un ramillete de peticiones particulares, hechas en el contexto de la protesta del colectivo Rompiendo Cadenas. Los dos piden un traslado a una prisi¨®n militar, la puesta al d¨ªa de sus salarios, suspendido durante el tiempo que estuvieron condenados ¡ªla justicia militar les conden¨® antes de que se ordenara repetir en juicio y que los militares quedaran de nuevo en calidad de acusados¡ª e informaci¨®n sobre ¡°la seguridad social a la que tienen derecho¡±.

La respuesta es un ejemplo de frialdad burocr¨¢tica. Al traslado les dice que no, alegando argumentos legales parecidos a los de su colega. Sobre el salario, les dice que ya les est¨¢n pagando la mitad, situaci¨®n habitual de los militares procesados, a¨²n no sentenciados. Y del acceso a la seguridad social, les dicen que ¡°sus derechos est¨¢n vigentes¡±.

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