Morena impulsa una reforma para evitar que los acusados queden libres cuando se dan fallos en el debido proceso

El presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador se ha quejado varias veces de que los jueces ordenen la liberaci¨®n de personas por violaciones de las autoridades al debido proceso legal. Esta es una protecci¨®n constitucional que garantiza que una persona acusada de un delito tenga a salvo sus derechos humanos, desde su detenci¨®n hasta su sentencia, si es el caso. En M¨¦xico, las violaciones al debido proceso cometidas por polic¨ªas, fiscales o jueces pueden derivar en que, por orden de un juzgador de mayor rango, una acusaci¨®n se anule y se ponga en libertad a la persona se?alada, que pasa a ser considerada v¨ªctima de atropellos a sus derechos. El debido proceso ha atravesado casos tan pol¨¦micos como Ayotzinapa, donde decenas de acusados han sido liberados. O el de Florence Cassez, cuyo expediente plagado de irregularidades propici¨® su salida de la c¨¢rcel.

Para el presidente L¨®pez Obrador, se trata de un exceso de los jueces, a los que ha acusado de favorecer a los delincuentes en perjuicio de la sociedad. ¡°Ya no es el debido proceso, sino el debido pretexto¡±, ha dicho con iron¨ªa. En sus conferencias ma?aneras, el mandatario ha dibujado lo que ser¨ªa el mundo ideal para ¨¦l: cuando se encuentren fallas en el debido proceso ¡ªha dicho¡ª, los jueces deber¨ªan ordenar que se reponga el procedimiento ¡ªes decir, que se corrija lo que se hizo mal¡ª, sin que ello signifique la liberaci¨®n de un detenido.

El partido oficialista, Morena, que suele actuar como caja de resonancia de los dichos del presidente en la ma?anera, ha alistado una reforma constitucional en los t¨¦rminos dictados por L¨®pez Obrador. La bancada oficialista en el Senado incluy¨® en su agenda legislativa para este a?o ¡ªel pen¨²ltimo del Gobierno de L¨®pez Obrador¡ª una ¡°reforma constitucional para establecer los alcances del debido proceso legal, cuando est¨¦ debidamente comprobada la existencia del delito y existan evidencias de la probable responsabilidad del imputado¡±, seg¨²n se lee en un documento elaborado por la oficina del coordinador morenista, Ricardo Monreal, y circulado entre los legisladores de su grupo parlamentario.

En paralelo, en comisiones legislativas hay desde 2019 una iniciativa del senador Daniel Guti¨¦rrez Castorena que, en s¨ªntesis, indica que los jueces no podr¨¢n dictar absoluciones basados en que hubo fallas en el debido proceso. Legisladores de oposici¨®n y especialistas se?alan que, si bien Morena no cuenta con la mayor¨ªa calificada para concretar con ¨¦xito la reforma constitucional (se requiere del voto de dos terceras partes del Senado), el proyecto es peligroso, por pretender acotar una protecci¨®n favorable a los ciudadanos ante abusos de las autoridades. Adem¨¢s, argumentan, el Gobierno deber¨ªa ocuparse en fortalecer las habilidades investigadoras de los agentes de seguridad y ministerios p¨²blicos, am¨¦n de capacitarlos en el respeto a los derechos humanos, en lugar de cargar contra los jueces y atarlos de manos.

L¨®pez Obrador ha mantenido un pulso constante con la Suprema Corte de Justicia y, en abstracto, con el poder Judicial, donde acusa la existencia de jueces corruptos y adversos a su proyecto pol¨ªtico. Recientemente dijo que el sistema de justicia mexicano solo castiga a quienes no tienen dinero para ¡°comprar la inocencia¡±, o que los juzgadores apelan a formalismos para tomar decisiones no siempre justas. ¡°Ya deber¨ªamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia, si acaso del Derecho, porque en la liberaci¨®n de presuntos delincuentes se utiliza como excusa el Derecho¡±, afirm¨®, y pidi¨® al Consejo de la Judicatura indagar a los jueces que han dictado ¡°liberaciones injustificadas¡±.

¡°Imag¨ªnense, un juez que sabe que hay cinco expedientes o que ya hay gente que entr¨® a la c¨¢rcel dos, tres veces, y que est¨¢n acusados de homicidio o de narcotr¨¢fico, y que, porque no se mostr¨® que en la bolsa hab¨ªa una pistola, no fue prueba contundente, suficiente, entonces se deja en libertad al presunto delincuente. ?Por qu¨¦ el juez no puede decirle al Ministerio P¨²blico: ¡®te regreso eso, est¨¢ mal integrada tu averiguaci¨®n, rep¨®n el procedimiento, te falta esto, esto, esto¡¯, porque es un asunto muy delicado, y se repone el procedimiento, y se demuestra que s¨ª debe de quedar detenida la persona?¡±, ha recomendado el presidente.

Es un hecho que, en nombre del debido proceso legal, los jueces han ordenado liberaciones que han causado pol¨¦mica e indignaci¨®n. Un ejemplo es la puesta en libertad de decenas de acusados del caso Ayotzinapa, entre exfuncionarios p¨²blicos y presuntos narcotraficantes que estaban detenidos por supuestamente haber participado en la desaparici¨®n forzada de los 43 normalistas en 2014. Por otro lado, tambi¨¦n es cierto que la defensa irrestricta del debido proceso ha dejado antecedentes hist¨®ricos, como en el caso de Florence Cassez, cuyo expediente fue armado por la Polic¨ªa de Genaro Garc¨ªa Luna a partir de declaraciones falsas de agentes y confesiones obtenidas mediante tortura. La Suprema Corte concluy¨® que un efecto corruptor hab¨ªa viciado tan profundamente la investigaci¨®n que era imposible reponer el expediente, por lo que los ministros ordenaron la liberaci¨®n inmediata de la ciudadana francesa.

El proyecto oficialista

El debido proceso legal establece el derecho de una persona a no ser sometida a torturas o malos tratos, inhumanos o degradantes; a la presunci¨®n de inocencia; a la adecuada defensa (que va desde la inmediata puesta a disposici¨®n del Ministerio P¨²blico hasta la asistencia efectiva de un abogado); a tener un juicio justo, imparcial y p¨²blico; a poder presentar pruebas para defenderse; a que las pruebas presentadas en su contra sean l¨ªcitas (es decir, que no hayan sido obtenidas por medios ileg¨ªtimos o ilegales); a la protecci¨®n y asistencia consultar, entre otros derechos.

Para Morena, cualquier violaci¨®n a esas garant¨ªas deber¨ªa ser se?alada a las autoridades ¡ªpolic¨ªas, ministerios p¨²blicos o jueces¡ª para que las enmienden. El senador Guti¨¦rrez Castorena propone una cosa m¨¢s en su proyecto de reforma: que la autoridad que cometi¨® el fallo sea denunciada, indagada y sancionada. Su iniciativa, que fue turnada en 2019 a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, propone a?adir un p¨¢rrafo al art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n: ¡°Ninguna autoridad jurisdiccional podr¨¢ absolver a los imputados por fallas en el debido proceso, cuando haya evidencias de la existencia del delito y de su probable responsabilidad; en ese caso, se decretar¨¢ la reposici¨®n del procedimiento a partir del vicio u omisi¨®n, y el juzgador dar¨¢ cuenta a quien competa para la posible sanci¨®n que corresponda a la autoridad o autoridades involucradas¡±.

La iniciativa de Castorena ¡ªque ¨¦l volver¨¢ a impulsar al interior de su grupo parlamentario, seg¨²n ha confirmado en entrevista¡ª tambi¨¦n propone reformar el art¨ªculo 20 para establecer que ser¨¢ un ¡°derecho¡± de las v¨ªctimas ¡°que el imputado no pueda ser absuelto por fallas en el debido proceso¡±.

El senador morenista reconoce que la instauraci¨®n del debido proceso en M¨¦xico ha significado un avance contra la ¡°fabricaci¨®n¡± de delitos contra ciudadanos inocentes, pero, sostiene, esa protecci¨®n ¡°se ha viciado¡±. ¡°?Qu¨¦ ocurri¨®? Pues que muchos delincuentes que ten¨ªan un delito vieron un mecanismo para evadir la justicia y recurrieron al argumento de que no se hab¨ªa llevado a cabo correctamente el debido proceso. Y entonces se prest¨® a un mecanismo en que hemos visto c¨®mo ha salido mucha gente por no llevar correctamente el debido proceso. Se empez¨® a utilizar el argumento del debido proceso para decir: ¡®?Saben qu¨¦? Pues s¨ª cometi¨® el delito, es un delincuente, lo agarraron, pero hubo fallos en el debido proceso y por tanto queda libre¡¯. Entonces eso ha tra¨ªdo muchos problemas a la sociedad mexicana¡±, expone en entrevista.

Castorena, que reconoce que elabor¨® su iniciativa sin la asesor¨ªa de abogados ni defensores de derechos humanos, dice que el proyecto responde a un reclamo popular. ¡°Esto conlleva a una mayor responsabilidad de las autoridades judiciales, del poder Judicial, precisamente para evitar lo que muchas veces me reclamaba mucha gente, que hab¨ªa una puerta giratoria, pues dicen: ¡®Los agarran y al otro d¨ªa est¨¢n afuera los delincuentes¡¯. Entonces esta iniciativa ser¨ªa de gran ayuda para evitar precisamente que la delincuencia sea liberada¡±, afirma. ¡°Porque aparte sabemos que en este momento est¨¢ muy cuestionada la honestidad del poder Judicial y de muchos jueces en particular. Entonces, ?c¨®mo se arreglan? Pues obviamente con bienes, con intereses, con dinero¡±.

Cr¨ªticas de la oposici¨®n y los especialistas

El senador Emilio ?lvarez Icaza, que ha sido Ombudsperson de la Ciudad de M¨¦xico y secretario ejecutivo de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se?ala que las fallas en el debido proceso se deben resolver fortaleciendo el desempe?o de las corporaciones de seguridad, las fiscal¨ªas y los jueces de menor nivel, que son quienes emiten las primeras sentencias basados en las pruebas que se les presentan. En entrevista, el legislador se?ala que la iniciativa de Morena busca resolver por la v¨ªa punitivista el anhelo social de justicia.

¡°Esta es una propuesta de una acabada expresi¨®n de lo que se conoce como populismo autoritario, populismo punitivo. Es decir: ¡®Vamos a resolver la impunidad reduciendo derechos y ampliando penas¡¯. Esa f¨®rmula se ha venido repitiendo el Congreso mexicano muy lamentablemente¡±, explica ?lvarez Icaza. ¡°El problema no es ya el debido proceso. El problema es el desastre de las fiscal¨ªas, el desastre de la no integraci¨®n de las averiguaciones previas. El grave problema de la impunidad es la incapacidad que tiene todo el aparato gubernamental. Entonces, pretender resolver el problema de la impunidad por la v¨ªa de reducci¨®n de derechos es una forma extraordinariamente peligrosa, que es un reflejo de ese entendimiento autoritario de la justicia y que, entre otras cosas, es pretender satisfacer al monstruo de la opini¨®n p¨²blica con la ejemplaridad de las penas¡±.

El senador expone que la Administraci¨®n de L¨®pez Obrador ha apostado, sin ¨¦xito, al punitivismo como medida disuasoria de las conductas delictivas, como en el caso de la prisi¨®n preventiva oficiosa. Se?ala que el debido proceso es una de las mejores herramientas existentes para evitar la corrupci¨®n judicial. ¡°El debido proceso es la expresi¨®n del derecho penal, superando los excesos del derecho punitivo. Es la vacuna para evitar las corruptelas, los excesos, los abusos, las venganzas. Si eso se produce [la reforma], pues lo que va a pasar es que se van a implementar esos abusos e incluso puede haber muchos m¨¢s elementos para incrementar la corruptela¡±, afirma.

La abogada penalista Adriana Greaves refiere que la suma de corporaciones policiacas empobrecidas y ministerios p¨²blicos saturados de expedientes sin concluir da como resultado un sistema de investigaci¨®n de delitos y de procuraci¨®n de justicia deficiente, ante el que los jueces cumplen una importante funci¨®n de cancerberos para evitar que personas inocentes vayan a la c¨¢rcel. ¡°Lo ¨²nico que est¨¢n haciendo los jueces es seguir est¨¢ndares nacionales e internacionales de debido proceso para proteger a cualquier ciudadano que el d¨ªa de ma?ana est¨¦ sentado en una silla de acusados¡±, afirma en entrevista. ¡°El problema no est¨¢ en el Poder Judicial. Al contrario, es un gran trabajo que los est¨¦n tratando de elevar desde hace muchos a?os el est¨¢ndar de investigaci¨®n y de persecuci¨®n penal de las polic¨ªas y de las fiscal¨ªas¡±.

Greaves, que es cofundadora de la organizaci¨®n Tojil, explica que el debido proceso no solo est¨¢ establecido en la Constituci¨®n y en normas secundarias, sino que M¨¦xico ha suscrito convenios internacionales que han contribuido a fortalecer esa garant¨ªa. La especialista considera preocupante que, para impulsar su reforma, L¨®pez Obrador acuse abiertamente a los jueces de liberar a delincuentes. ¡°Es una forma de manipulaci¨®n a la poblaci¨®n. El juego de palabras es muy peligroso, porque lo que est¨¢ diciendo el presidente es: ¡®Nosotros estamos tratando de combatir el crimen, a la delincuencia organizada, a los secuestradores, a los que nos roban, nosotros los detenemos, los llevamos ante un juez, y son los jueces quienes los liberan¡¯. ?Pero cu¨¢l es el problema? No es que los jueces est¨¦n liber¨¢ndolos sistem¨¢ticamente; el problema est¨¢ en que la detenci¨®n, las investigaciones, no se est¨¢n sustentando y no est¨¢n respetando las reglas procesales para que se pruebe el delito¡±, se?ala.

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