El Supremo frena el ¡°plan B¡± electoral de L¨®pez Obrador
La Corte ha concedido una suspensi¨®n que congela por tiempo indefinido las modificaciones aprobadas por el Congreso a la estructura y funciones del INE
La Suprema Corte de Justicia ha admitido la controversia constitucional presentada por el INE en contra de la reforma electoral del Gobierno y ha concedido una suspensi¨®n para que las modificaciones legales no se apliquen hasta que los ministros resuelvan si son constitucionales o no. Con esta decisi¨®n, el INE, ¨®rgano aut¨®nomo encargado de organizar y garantizar las elecciones en M¨¦xico, podr¨¢ conservar sus funciones y estructura institucional, y seguir operando como hasta antes de la aprobaci¨®n del llamado ¡°plan B¡± electoral. La suspensi¨®n fue concedida por el ministro Javier Laynez, en cuya ponencia recay¨® el recurso promovido por el INE. El ministro ha dejado ver que, a su consideraci¨®n, la reforma impulsada por el Gobierno puede suponer violaciones a los derechos pol¨ªticos de los ciudadanos. Su razonamiento arroja luz sobre el sentido en el que podr¨ªa elaborar su proyecto de sentencia y hace tambalear una de las mayores apuestas legislativas de la Administraci¨®n de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. La suspensi¨®n estar¨¢ vigente el tiempo que tome la Corte para resolver la controversia constitucional.
¡°El ministro instructor concedi¨® la suspensi¨®n solicitada por el INE respecto de todos los art¨ªculos impugnados del decreto [de reforma] para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma¡±, ha anunciado la Corte este viernes. ¡°Dicha suspensi¨®n fue otorgada debido a que el decreto no s¨®lo contiene normas de car¨¢cter general, sino tambi¨¦n actos concretos de aplicaci¨®n, sobre los cuales la suspensi¨®n generalmente se concede¡±. El Supremo a?ade que ya en ocasiones anteriores ha resuelto ¡°que en controversias constitucionales s¨ª corresponde otorgar la suspensi¨®n, aun trat¨¢ndose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violaci¨®n a los derechos pol¨ªtico-electorales de la ciudadan¨ªa¡±.
Tanto la Consejer¨ªa Jur¨ªdica del Ejecutivo como el Congreso pueden recurrir la suspensi¨®n ante la misma Corte, que resolver¨¢ el asunto a trav¨¦s de alguna de sus salas, un tr¨¢mite que puede tomar varias semanas.
El INE impugn¨® el pasado 9 de marzo ante la Corte las reformas a cuatro leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Pol¨ªticos, Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de la Federaci¨®n y Ley General de los Medios de Impugnaci¨®n en Materia Electoral. En el recurso, que fue turnado al ministro Laynez, el instituto pidi¨® a los ministros del m¨¢ximo tribunal que suspendiesen la aplicaci¨®n de las reformas en tanto analizaban el fondo de la controversia constitucional, a fin de que se interrumpiesen sus efectos, ¡°de manera particular por lo que hace a la afectaci¨®n a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos pol¨ªticos de la ciudadan¨ªa¡±. El INE ha advertido anteriormente de que la implementaci¨®n del paquete electoral afecta de manera cr¨ªtica sus funciones, pues significar¨ªa el despido de 6.000 funcionarios, casi la tercera parte de sus recursos humanos, adem¨¢s de que limita sus facultades de sanci¨®n a partidos pol¨ªticos y funcionarios que hagan campa?a fuera de tiempo y utilizando recursos p¨²blicos.
Previamente, el INE hab¨ªa promovido el 1 de febrero una primera impugnaci¨®n contra los cambios a la Ley General de Comunicaci¨®n Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tambi¨¦n formaron parte del paquete electoral oficialista. Ese recurso fue turnado a la ponencia del ministro Alberto P¨¦rez Day¨¢n.
Las reformas a esas seis leyes conforman el ¡°plan B¡± electoral que fue impulsado por L¨®pez Obrador y su partido, Morena, con el argumento de reducir los costos p¨²blicos del sistema de elecciones. Un paquete de reformas que, a decir de los cr¨ªticos del Gobierno, en realidad busca ¡°desmantelar¡± y controlar el aparato que organiza los comicios y emite los resultados de las votaciones, precisamente a un a?o de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y legislativas m¨¢s grandes de la historia reciente de M¨¦xico.
Las resoluciones que ha emitido el poder Judicial respecto de algunas partes del ¡°plan B¡± ya han acusado confrontaciones con Palacio Nacional. El caso m¨¢s emblem¨¢tico est¨¢ relacionado con la destituci¨®n del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, cuyo cese estaba previsto en un art¨ªculo transitorio del decreto de reforma. El funcionario electoral present¨® un recurso ante el Tribunal Electoral, que el pasado mi¨¦rcoles le dio la raz¨®n y orden¨® inaplicar el transitorio, con el argumento de que no puede haber leyes privativas, es decir, que est¨¦n dirigidas a afectar a una persona en particular, caso de Jacobo. El tribunal tambi¨¦n estableci¨® que el nombramiento o destituci¨®n del secretario ejecutivo del INE es una facultad exclusiva del propio instituto electoral que no puede ser invadida por otros poderes. La Presidencia de la Rep¨²blica hab¨ªa tachado de parcial a la magistrada que elabor¨® la sentencia, Janine Ot¨¢lora, y hab¨ªa solicitado que no participara en la votaci¨®n del asunto, lo que no fue acatado por el tribunal.
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