L¨®pez Obrador impulsa una reforma para dar v¨ªa libre a los megaproyectos del Estado y acotar a las empresas privadas

En la ¨²ltima milla de su Gobierno, el presidente de M¨¦xico, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ha enviado al Congreso un ambicioso paquete de reformas para dotar al sector p¨²blico de mayores facilidades en la construcci¨®n de proyectos y limitar las prerrogativas de los privados. De aprobarse la iniciativa, la Administraci¨®n federal podr¨¢ iniciar la construcci¨®n de obras sin la necesidad de contar con todos los permisos hasta hoy requeridos, se facilitar¨¢ la terminaci¨®n de contratos con privados de manera anticipada, se reducir¨¢ el pago de indemnizaciones y se permitir¨¢ la revocaci¨®n de permisos y concesiones de particulares en aras del bien p¨²bico. La aprobaci¨®n de la reforma, que modifica 23 leyes secundarias, requiere de la mayor¨ªa simple de los legisladores, una condici¨®n que Morena y sus aliados cumplen sin problema en el Congreso federal.

La propuesta del Ejecutivo ya ha generado una intensa pol¨¦mica puertas afuera: la mayor¨ªa de las voces empresariales advierte de que los cambios supondr¨¢n una mayor discrecionalidad del Gobierno en el otorgamiento de permisos y concesiones y afectar¨¢n los derechos de proveedores y grandes empresas. Por su parte, analistas afirman que las reformas son positivas porque el Estado recuperar¨¢ su papel central como constructor y proveedor de servicios p¨²blicos, al tiempo que se combatir¨¢n a los monopolios privados.

La iniciativa de reforma fue firmada el 23 de marzo por el presidente L¨®pez Obrador y enviada a la C¨¢mara de Diputados un d¨ªa despu¨¦s. El documento refiere que durante ¡°el periodo neoliberal¡± se dio preeminencia a las empresas privadas sobre el Estado en la provisi¨®n de los servicios p¨²blicos y la construcci¨®n de obra. Esa pol¨ªtica, agrega el documento, termin¨® por debilitar al Estado y beneficiar intereses privados en detrimento del bien p¨²blico. La corrupci¨®n, que la hab¨ªa, dej¨® de estar solo en el ¨¢mbito p¨²blico y forj¨® una ¨ªntima relaci¨®n con empresarios, cita. El Ejecutivo defiende que esta reforma de gran calado busca tres grandes metas: revertir actos de corrupci¨®n, prevenir actos lesivos al inter¨¦s p¨²blico y fortalecer a la administraci¨®n p¨²blica federal.

M¨¢s poder para el Estado

A partir de la reforma se establecer¨¢ la obligaci¨®n de incluir, en todos los contratos que celebren las dependencias del Gobierno a nivel nacional e internacional, una cl¨¢usula de terminaci¨®n anticipada por causa de inter¨¦s p¨²blico. Esta reserva tambi¨¦n recibe el nombre de ¡°cla¨²sula exorbitante¡± y busca que los contratos sean considerados ¡°administrativos¡±, no privados. ¡°Dicha cl¨¢usula otorga prerrogativas a la administraci¨®n p¨²blica sobre los particulares, por lo que el Estado puede terminar la relaci¨®n jur¨ªdica de manera anticipada y unilateral cuando as¨ª convenga al inter¨¦s p¨²blico, general y social¡±, se?ala la iniciativa. Los funcionarios responsables de los contratos deber¨¢n incluir la ¡°cla¨²sula exorbitante¡±, so pena de incurrir en delitos administrativos, precisa.

Se propone una nueva figura jur¨ªdica de ¡°revocaci¨®n¡± para anular actos administrativos ¡°que puedan afectar el inter¨¦s p¨²blico¡±. Ser¨¢n objeto de esta revisi¨®n concesiones, permisos, autorizaciones o licencias otorgados a particulares para brindar un servicio o para la explotaci¨®n, uso o aprovechamiento de bienes federales. Seg¨²n la propuesta, esos actos administrativos se podr¨¢n revocar si se considera que han dejado de cumplir los fines del Estado o de beneficiar a la sociedad y que, de continuar, afectar¨ªan al erario o a la poblaci¨®n. Tambi¨¦n se propone que, en algunos casos, en vez de revocarlas, se modifiquen los t¨¦rminos de las autorizaciones para establecer nuevas condiciones que deber¨¢ cumplir el titular. Esta medida afectar¨ªa los permisos en materia de miner¨ªa, aeropuertos, autopistas, espectro radioel¨¦ctrico ¡ªpara se?ales de radio y televisi¨®n¡ª, entre otros.

La iniciativa tambi¨¦n plantea nuevas facultades para el Ejecutivo federal, que ahora podr¨ªa asignar directamente a entidades paraestatales la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos, as¨ª como el uso y aprovechamiento de bienes federales, por causas de utilidad p¨²blica o de seguridad nacional. Adem¨¢s, esas autorizaciones ¡ªconcesiones, permisos o licencias¡ª tendr¨¢n una vigencia por tiempo indefinido, a diferencia de lo que sucede cuando el titular es privado, en cuyo caso los permisos tienen una duraci¨®n limitada. L¨®pez Obrador, en los hechos, ya ha echado a andar esta nueva disposici¨®n con la creaci¨®n de un sat¨¦lite de empresas estatales bajo la gesti¨®n de las Fuerzas Armadas para administrar proyectos emblema de esta Administraci¨®n, como el Aeropuerto Internacional Felipe ?ngeles (AIFA), el Tren Maya, el Tren Trans¨ªstmico y un pu?ado de aeropuertos regionales en el pa¨ªs.

La bater¨ªa de reformas introduce el criterio de ¡°confianza en el sector p¨²blico¡±, que establece que los proyectos de infraestructura prioritarios para la defensa y la seguridad nacionales y el desarrollo social y econ¨®mico del pa¨ªs puedan realizarse de manera ¨¢gil e inmediata, sin que se requiera tramitar los mismos permisos exigidos a los proyectos privados. Esta modificaci¨®n legislativa permitir¨ªa al Gobierno iniciar obras de infraestructura sin tener que contar con el c¨²mulo de dict¨¢menes y autorizaciones ¡ªde impacto ambiental, uso de suelo, derecho de v¨ªa¡ª que se requieren actualmente para comenzar. Estos permisos podr¨¢n gestionarse de manera simult¨¢nea al inicio de la obra. El trasfondo de esta propuesta es que la Administraci¨®n de L¨®pez Obrador ha tenido que lidiar con m¨²ltiples obst¨¢culos para avanzar en sus megaproyectos emblem¨¢ticos por no contar con derechos de v¨ªa, caso de la construcci¨®n de los distintos tramos del Tren Maya y de la l¨ªnea del Tren Suburbano que conectar¨¢ al AIFA.

El proyecto reformista pretende establecer l¨ªmites a los montos pagados por el Gobierno por concepto de indemnizaci¨®n como resultado de sentencias judiciales o procedimientos arbitrales, tanto nacionales como extranjeros. De acuerdo con el documento, solo en 2020, los procedimientos de arbitraje contra el Estado sigificaron el pago en indemnizaciones a favor de privados por m¨¢s de 4.200 millones de pesos. Dos ejemplos concretos del costo millonario de los arbitrajes nacionales e internacionales: la cancelaci¨®n de la construcci¨®n del aeropuerto de Texcoco en 2019 signific¨® un desembolso de 113.327 millones de pesos, mientras que la Comisi¨®n Federal de Electricidad a¨²n enfrenta 21 disputas con privados que, en caso de perder en tribunales, significar¨¢n cuantiosas sumas.

Los cambios legales abren m¨¢s la puerta a la participaci¨®n de empresas internacionales en licitaciones p¨²blicas cuando ofrezcan un mejor precio y tambi¨¦n para eludir los monopolios nacionales y la colusi¨®n de empresas, como sucedi¨® en el sector farmac¨¦utico. Adem¨¢s, se plantea la posibilidad de pagar a algunos proveedores anticipos mayores al 50% para la adquisici¨®n de equipo m¨¦dico, equipos para la seguridad p¨²blica o la seguridad nacional (militar), as¨ª como maquinaria para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura.

La polit¨®loga Viri R¨ªos considera que este paquete de reformas busca dar certeza a vac¨ªos o ambig¨¹edades legales que las empresas, de la mano de despachos privados, aprovechaban ante los tribunales en beneficio de los contratistas. ¡°?En qu¨¦ momento se le quit¨® el Estado la capacidad de administrar [bienes], cuando por definici¨®n el Estado es un administrador p¨²blico? La iniciativa privada est¨¢ en la cocina de la generaci¨®n de las leyes en este pa¨ªs y en la generaci¨®n de los procesos judiciales. Est¨¢ tan adentro, que su ideolog¨ªa se volvi¨® ley, y su ideolog¨ªa es crear un Estado discapacitado y discapacitante, porque de esa forma la iniciativa privada es la ¨²nica con competencia para innovar, para producir, para construir, y de esa forma tambi¨¦n se crean privilegios legalizados¡±, explica en entrevista. ¡°Yo creo que esta es una discusi¨®n muy importante, en donde el trasfondo es: ?Queremos un Estado capaz o incapaz, y hasta d¨®nde estamos dispuestos a darle capacidad al Estado en la ley, con los pesos y contrapesos del sistema democr¨¢tico?¡±, a?ade la acad¨¦mica y escritora.

Las letras peque?as de la reforma

Desde su trinchera, los empresarios advierten de que esta reforma es inconstitucional y atenta contra convenios internacionales como el TMEC ¡ªel tratado comercial con Estados Unidos y Canad¨¢¡ª, por lo que anticipan un alud de amparos si llega a aprobarse por el Congreso. Jos¨¦ Medina Mora, presidente de la patronal mexicana, Coparmex, critica la intenci¨®n del Gobierno de elevar las prerrogativas de tr¨¢mites y la prioridad de las obras estatales a trav¨¦s del principio de ¡°confianza administrativa¡± en perjuicio de los privados. ¡°Las modificaciones propuestas son una mala se?al para los mercados, hacen ver que en M¨¦xico no se respeta el Estado de Derecho ni los tratados comerciales internacionales, entre ellos el TMEC, con lo que podr¨ªa abrirse un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canad¨¢¡±, menciona. Claus von Wobeser, presidente de la Chamber of Commerce en el pa¨ªs, afirma que la propuesta, lejos de ayudar a combatir la corrupci¨®n, ahuyentar¨¢ los flujos de inversi¨®n extranjera que podr¨ªan aterrizar en M¨¦xico por el nearshoring.

El analista en temas econ¨®micos Pedro Tello explica que el Gobierno tiene raz¨®n cuando busca establecer elementos para suspender anticipadamente contratos suscritos con proveedores, siempre y cuando precise con absoluto detalle cu¨¢les ser¨ªan las causales de cancelaci¨®n. ¡°El problema es que en la iniciativa que ha enviado el presidente se qued¨® tan general el n¨²mero de causales para cancelar contratos que lo ¨²nico que genera es un da?o a la protecci¨®n jur¨ªdica de los proveedores del sector p¨²blico¡±, espec¨ªfica.

Tello se?ala que estas reformas reducen unilateralmente el monto de las indemnizaciones que se pagar¨ªan a las empresas que resultaran afectadas por una decisi¨®n gubernamental, generan un mayor margen de discrecionalidad entre las autoridades al interpretar la ley y reducen al mismo tiempo la protecci¨®n legal que deben tener los particulares que han suscrito un contrato con el Gobierno federal. ¡°Si uno revisa, digamos, en la historia de los ¨²ltimos diez a?os, a cu¨¢ntas empresas el Gobierno ha tenido que pagarles indemnizaciones cuantiosas, la verdad es que es un pu?ado de empresas. Estamos hablando de excepciones y no de casos repetidos en la materia. Creo que se puede modificar el asunto de las indemnizaciones partiendo de un an¨¢lisis t¨¦cnico, jur¨ªdico y mercantil en el que participen las partes directamente involucradas¡±, zanja.

El diputado Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, advierte de que la reforma podr¨ªa servir de acicate desde el Gobierno para presionar electoralmente a empresarios. ¡°Esta es una reforma con la que, en esta etapa de cierre del sexenio, se busca tener control sobre los proveedores del Gobierno. Ese es el principal prop¨®sito. Si t¨² haces algo que no le parezca al Gobierno, te van a cancelar el contrato. Si apareces en un evento p¨²blico con candidatos de otros partidos, o se enteran de que financiaste a otro [opositor], o que fueron a tocarte la puerta, te van a cambiar las reglas y te vas a quedar a medias y vas a perder dinero¡±, asegura.

Se antoja complicado que este ambicioso paquete de reformas se discuta en el actual periodo de sesiones del Congreso, que concluye el 30 de abril. Ser¨¢, en todo caso, en el ¨²ltimo tercio del a?o. Esto significa que L¨®pez Obrador tendr¨¢ a¨²n menos tiempo para aplicar en su propia Administraci¨®n los cambios legales que persigue con este plan legislativo. En todo caso, se trata de un presente para quien lo suceda en la Presidencia.

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