La batalla por la reforma a la Ley Minera enfrenta a los millonarios de M¨¦xico con el Gobierno de L¨®pez Obrador

La reforma a la Ley Minera est¨¢ en un impasse indefinido en el Senado. La iniciativa, que busca quitarle a la miner¨ªa el car¨¢cter de ¡°preferente¡±, acorta el plazo de las concesiones de 50 a 30 a?os y eleva los requisitos para los permisos de extracci¨®n de agua, entre otros cambios, supone un golpe directo para las grandes mineras como Grupo M¨¦xico, del millonario Germ¨¢n Larrea; Minera Frisco, del magnate Carlos Slim y Pe?oles, de la familia Baill¨¨res, as¨ª como un centenar de firmas canadienses. En medio del rechazo tajante de la industria por esta iniciativa, los senadores han frenado su discusi¨®n bajo el argumento de que se requiere un an¨¢lisis a¨²n m¨¢s exhaustivo. Legisladores de Morena, como Napole¨®n G¨®mez Urrutia, y colectivos medioambientales lamentaron esta pausa y se?alaron que este freno solo beneficiar¨¢ a los intereses de las mineras.

Contrario a la andanada de reformas que se han aprobado en tiempo r¨¦cord a d¨ªas de que concluya el actual periodo legislativo, la discusi¨®n sobre la reforma a la Ley Minera se detuvo en seco este martes en el Senado ante la divisi¨®n que suscit¨® la iniciativa entre los senadores. El presidente de la comisi¨®n de Estudios Legislativos, el morenista Rafael Espino, propuso que este ¨®rgano y la comisi¨®n de Miner¨ªa se instalaran en comisi¨®n permanente visto el desacuerdo que afloraba entre la bancada del Verde Ecologista y las opositoras para que fuese aprobado el dictamen.

El senador y l¨ªder minero Napole¨®n G¨®mez Urrutia critic¨® este impasse. ¡°La intenci¨®n era aprobar la reforma y las consideraciones que hubieran quedado pendientes, concretarlas en agosto o septiembre pr¨®ximo, sin embargo, comenzaron a surgir opiniones, de los partidos de oposici¨®n, y al cuestionar que hab¨ªa muy poco tiempo, y expresaron puritanismo jur¨ªdico y legaloide¡± dijo. El senador morenista, C¨¦sar Cravioto, acus¨® a las bancadas del PAN y del PRI de oponerse a la ley porque ¡°su inter¨¦s es entregar nuestros recursos naturales a la empresa privada¡±. Tambi¨¦n declar¨® que no deb¨ªa permitirse que ¡°la presi¨®n de los intereses de las grandes corporaciones mineras, se impongan a la voluntad popular de transformar al pa¨ªs¡±.

Durante la madrugada del viernes pasado, los diputados aprobaron una serie de modificaciones a la Ley Minera vigente, promulgada en 1992, con la que se acotan las prerrogativas de las mineras. De aprobarse en el Senado la reforma, las concesiones mineras pasar¨ªan de un plazo de 50 a?os a 30 a?os con derecho a una pr¨®rroga adicional de 25 a?os. Adem¨¢s, la reforma obligar¨ªa a las compa?¨ªas del sector a devolver al menos el 5% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones. El documento tambi¨¦n proh¨ªbe la explotaci¨®n de minerales y la disposici¨®n de los residuos mineros en ¨¢reas naturales protegidas y humedales.

La iniciativa pretende un endurecimiento en los requisitos para obtener una concesi¨®n minera, exigiendo una consulta previa a los pueblos originarios, adem¨¢s de facilitar la revocaci¨®n del permiso por da?os al medioambiente. La reforma tambi¨¦n permitir¨¢ el otorgamiento de asignaciones mineras a empresas paraestatales. En la exposici¨®n de motivos se enfatiza la necesidad de recuperar la ¡°rector¨ªa del Estado¡± sobre los recursos minerales del pa¨ªs. La reforma, enviada por el Ejecutivo en marzo pasado, est¨¢ en sinton¨ªa con la pol¨ªtica del Gobierno federal, que desde su llegada, no ha otorgado nuevas concesiones a empresas mineras.

El Gobierno de Canad¨¢, de donde proviene la mayor¨ªa de inversi¨®n extranjera en miner¨ªa, y la C¨¢mara Minera de M¨¦xico (Camimex) ya han alzado su voz para rechazar la reforma. La ministra de Comercio de Canad¨¢, Mary Ng, se?al¨® que la reforma podr¨ªa afectar la inversi¨®n canadiense y da?ar la competitividad de Am¨¦rica del Norte, mientras que la Camimex calcul¨® que se frenar¨ªan inversiones por 9.000 millones de d¨®lares en los pr¨®ximos dos a?os de avalarse el documento.

Mariano Calder¨®n Vega, experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo del despacho Santamarina + Steta, considera que la iniciativa parte de un diagn¨®stico equivocado de que todo lo que realiza la industria minera es da?ino y perjudicial. Por el contrario, el abogado se?ala que la vigencia de 50 a?os para una concesi¨®n se justifica debido a la naturaleza del sector. ¡°La miner¨ªa es una industria que requiere fuertes inversiones de capital y, por lo tanto, requiere de un periodo razonable para poder recuperar las fuertes inversiones que se tiene que realizar. Esta propuesta lo ¨²nico que genera es incertidumbre e inseguridad jur¨ªdica y lo que busca todo inversionista es tener un Estado de derecho y certidumbre respecto a sus inversiones¡±, detalla.

El especialista reconoce que existen ¨¢reas de oportunidad en la forma en c¨®mo se conducen las compa?¨ªas mineras, sobre todo en cuestiones ambientales, pero esto no necesariamente implica modificar el marco jur¨ªdico, sino en aplicar las disposiciones de una manera correcta. ¡°Esta reforma busca reforzar el poder del Estado, darle una preferencia indebida, en mi opini¨®n, al sector p¨²blico frente al sector privado, atentando contra los principios de competencia, atentando contra los compromisos internacionales del Estado mexicano por virtud de tratados internacionales¡±, zanja.

En contraparte, algunos colectivos han lamentado que la reforma se haya frenado en el Senado. Maira Olivo Paz, abogada del programa Tierra y Territorio de la organizaci¨®n Fundar, refiere que es urgente que entre los requisitos para obtener una concesi¨®n minera se garantice el derecho a la consulta y aprobaci¨®n de las comunidades ind¨ªgenas donde se ubican estos proyectos, adem¨¢s de que otorga m¨¢s herramientas a las comunidades para defender su territorio. ¡°La ley que est¨¢ vigente es ventajosa para los las empresas mineras y es agresiva, es violenta para las comunidades¡±, asegura.

Olivo Paz hace hincapi¨¦ en los puntos m¨¢s positivos de la reforma: el retirar el car¨¢cter preferente a la miner¨ªa, el prohibir la extracci¨®n de minerales en las ¨¢reas nacionales protegidas y el condicionar el otorgamiento de concesiones a la disponibilidad de agua. ¡°Son intereses econ¨®micos muy fuertes los que est¨¢n impidiendo que se avance en esta reforma, pero, claramente, necesitamos que quienes legislan atiendan tambi¨¦n a las preocupaciones de la poblaci¨®n. Las empresas mineras no se van a ir a ning¨²n lado, porque aun con estas reformas siguen teniendo una legislaci¨®n muy laxa que les permite seguir apropi¨¢ndose del agua y de los bienes naturales del pa¨ªs¡±, concluye.

Actualmente, M¨¦xico es el primer productor mundial de plata con casi 200 millones de onzas, el pa¨ªs tambi¨¦n es uno de los mayores productores de oro y cobre. En el pa¨ªs se registran unos 1.209 proyectos mineros. De acuerdo con el informe de la Camimex, las mineras afincadas en el pa¨ªs invirtieron el a?o pasado m¨¢s de 5.500 millones de d¨®lares y generaron m¨¢s de 400.000 empleos.

Un total de 159 mineras extranjeras operaban en M¨¦xico en 2021, de las cuales m¨¢s del 70% eran canadienses, seg¨²n la informaci¨®n oficial. Aunque las mineras canadienses juegan un papel relevante, son las mineras mexicanas las que detentan a¨²n un rol protagonista. La familia Baill¨¨res, es la principal productora de plata con sus empresas Fresnillo e Industrias Pe?oles, mientras que en el cobre es el empresario Germ¨¢n Larrea, el segundo hombre m¨¢s rico del pa¨ªs, quien lidera la producci¨®n y, finalmente, tambi¨¦n el hombre m¨¢s rico de M¨¦xico, Carlos Slim, tiene una tajada del pastel con Minera Frisco, que extrae principalmente cobre y zinc. De un lado, las empresas defienden las condiciones con las que han operado los ¨²ltimos 31 a?os, del otro, el Gobierno federal insiste en dar un golpe rotundo sobre la mesa y cambiar las reglas del juego de los concesionarios. En las pr¨®ximas horas se sabr¨¢ la si la reforma llegar¨¢ al pleno del Senado para su votaci¨®n o si su debate se posterga hasta el pr¨®ximo periodo de sesiones, en septiembre.

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