El Supremo invalida la primera parte del ¡°plan B¡± electoral de L¨®pez Obrador

La Suprema Corte de Justicia ha declarado inv¨¢lidas las reformas a dos leyes que forman parte del ¡°plan B¡± electoral impulsado por el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Una mayor¨ªa de nueve ministros contra dos ha considerado este lunes que la fracci¨®n mayoritaria en el Congreso ¡ªMorena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo¡ª incurri¨® en graves violaciones al debido proceso legislativo para sacar adelante las modificaciones a la Ley General de Comunicaci¨®n Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron las primeras que entraron en vigor tras su aprobaci¨®n en diciembre. Las otras cuatro reformas que integran el paquete del ¡°plan B¡± ser¨¢n analizadas en una sesi¨®n futura. Se trata de un primer rev¨¦s judicial contra uno de los proyectos de reforma m¨¢s importantes para el Gobierno de L¨®pez Obrador, que con el ¡°plan B¡± pretend¨ªa acotar las facultades del INE ¡ªel ¨®rgano aut¨®nomo que organiza las elecciones¡ª con el argumento de generar ahorros para el erario. Al mismo tiempo, el Supremo ha enviado el mensaje de que ser¨¢ estricto en vigilar que las reformas del Gobierno cumplan con el tr¨¢mite legislativo establecido en la propia ley.

¡°[Tengo] la convicci¨®n de que ning¨²n integrante de la C¨¢mara de Diputados tuvo la posibilidad real de conocer el contenido de las leyes que hab¨ªan sido aprobadas¡±, ha dicho durante la sesi¨®n el ministro Alberto P¨¦rez Day¨¢n, ponente del proyecto que fue sometido a votaci¨®n del pleno. El ministro Luis Mar¨ªa Aguilar ha a?adido: ¡°No se llev¨® a cabo un aut¨¦ntico procedimiento legislativo de orden constitucional. El conjunto de vicios y yerros en la funci¨®n legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamar¨ªa una perversi¨®n de las reglas democr¨¢ticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldr¨ªa a asumir que la mayor¨ªa parlamentaria, por el simple hecho de serlo, est¨¢ por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible¡±.

Al concluir que el Congreso incurri¨® en violaciones al procedimiento legislativo en la aprobaci¨®n del ¡°plan B¡±, la Corte no tuvo que entrar a la discusi¨®n de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las modificaciones. Solo las ministras Yasm¨ªn Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de invalidar las reformas pese al c¨²mulo de irregularidades descritas durante la sesi¨®n. Ambas ministras fueron propuestas al cargo directamente por el presidente L¨®pez Obrador. El ministro Arturo Zald¨ªvar, que se hab¨ªa distinguido por votar a tono con los intereses del Gobierno en otros asuntos, manifest¨® este lunes su desacuerdo con el desaseo procedimiental en el que incurrieron los legisladores de la fracci¨®n mayoritaria.

La acci¨®n de inconstitucionalidad se?ala que la mala actuaci¨®n del Congreso deriv¨® en que se aprobara una reforma sin que hubiera deliberaci¨®n entre las fuerzas pol¨ªticas representadas y sin que estas conocieran el contenido de lo que avalaron. El ministro P¨¦rez Day¨¢n explic¨®, por ejemplo, que no se cumpli¨® con el requisito de que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo se incluyeran en la Gaceta Parlamentaria el d¨ªa anterior y que el dictamen de comisiones legislativas se haya circulado entre los legisladores con 24 horas de anticipaci¨®n. Al contrario, expuso, la mayor¨ªa oficialista aval¨® ¡ªsin justificar debidamente la urgencia¡ª una dispensa del tr¨¢mite legislativo para hacer que la iniciativa pasara directamente al pleno sin haber transitado primero por comisiones. El ministro ha afirmado que la dispensa de tr¨¢mites ¡°no es un permiso para aprobar leyes a tientas¡± y ha se?alado que no debe usarse como instrumento para negar a los legisladores el conocimiento de los proyectos en aras de la urgencia.

La ministra Margarita R¨ªos ha advertido de que la dispensa de deliberaci¨®n no debe convertirse en un recurso rutinario en la aprobaci¨®n de leyes. ¡°El tr¨¢mite urgente es una medida excepcional que limita la capacidad deliberativa del ¨®rgano legislativo, por lo que no puede operar como una regla, sino que en todo momento debe ser una excepci¨®n para casos donde, de seguirse el tr¨¢mite legislativo ordinario, pudiera generarse una afectaci¨®n a la sociedad. Para garantizar que esta medida siga siendo excepcional y no se convierta en regla, es necesario sopesar las razones por las que se decide darle a un asunto un tr¨¢mite urgente¡±, ha sostenido.

Otros ministros han hecho ¨¦nfasis en que el debido proceso legislativo garantiza que las minor¨ªas representadas en el Congreso puedan participar en condiciones de equidad y que las mayor¨ªas no incurran en atropellos. ¡°Esta Corte no puede considerar autom¨¢ticamente que todas las violaciones son irrelevantes solamente por haber sido aprobadas por una mayor¨ªa¡±, ha dicho el ministro Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara. ¡°No respetar las reglas del proceso legislativo es una deslealtad constitucional y desd¨¦n a las minor¨ªas parlamentarias que tambi¨¦n representan a un sector del pueblo de M¨¦xico¡±, ha se?alado por su parte el ministro Aguilar.

La ministra Yasm¨ªn Esquivel ha lamentado que la Corte se pierda en la discusi¨®n de ¡°formalismos procedimentales¡±; ha sostenido que el procesamiento de leyes mediante la dispensa de tr¨¢mites es una t¨¦cnica parlamentaria recurrida por todos los partidos y ha pedido a los ministros respetar la divisi¨®n de poderes y no meterse en los asuntos del Legislativo. La ministra Loretta Ortiz ha reconocido que si bien hubo anomal¨ªas de tr¨¢mite legislativo, no considera que sean suficientes para invalidar las reformas.

La decisi¨®n del Supremo augura una nueva etapa de enfrentamientos con el presidente L¨®pez Obrador, que ha mantenido un pulso cada vez m¨¢s tenso con los jueces, a los que acusa de perpetuar con sus resoluciones el r¨¦gimen de privilegios. Este domingo la Consejer¨ªa Jur¨ªdica de la Presidencia de la Rep¨²blica rechaz¨® que la aprobaci¨®n del ¡°plan B¡± haya transgredido el principio de deliberaci¨®n democr¨¢tica en el Congreso y afirm¨® que la dispensa de tr¨¢mite es una atribuci¨®n reglamentada de los legisladores. ¡°Al tratarse de un poder derivado, sin legitimaci¨®n popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al poder Legislativo para regular el tr¨¢mite de elaboraci¨®n de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Uni¨®n. De hacerlo, violar¨¢ el principio de divisi¨®n de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos¡±, se?al¨®.

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