Un ministro propone una v¨ªa para que la Corte investigue las denuncias contra Yasm¨ªn Esquivel por el plagio de su tesis
El proyecto elaborado por el ministro Juan Luis Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara reconoce que la presidenta del Supremo, Norma Pi?a, tiene facultades para determinar si se inicia o no un procedimiento disciplinario contra Esquivel
El debate por las acusaciones de plagio acad¨¦mico cometido por la ministra Yasm¨ªn Esquivel est¨¢ por avivarse en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN). El ministro Juan Luis Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara ha circulado a sus colegas un proyecto en el que propone qu¨¦ tr¨¢mite administrativo debe dar el m¨¢ximo tribunal a los cientos de denuncias presentadas contra Esquivel para iniciar, eventualmente, un procedimiento disciplinario en su contra. EL PA?S ha tenido acceso a detalles del proyecto, que sostiene que la Corte s¨ª tiene facultades para investigar denuncias promovidas contra alguno de sus integrantes e imponer sanciones administrativas, si el caso lo amerita. Este asunto en el Supremo corre por una v¨ªa separada de la que sigue la UNAM, que a¨²n debe determinar si la ministra incurri¨® en plagio en su tesis de licenciatura en Derecho en 1987.
El proyecto de consulta a tr¨¢mite 1/2023 elaborado por Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara ser¨¢ votado en una sesi¨®n privada en las pr¨®ximas semanas. Si se aprueba con una mayor¨ªa simple de seis votos, la Unidad General de Investigaci¨®n de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) deber¨¢ revisar las denuncias, que hasta mediados de marzo sumaban 667, y elaborar un informe. A partir de ese reporte, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Pi?a, deber¨¢ resolver sobre la admisibilidad de las quejas, esto es, determinar si existen elementos suficientes para la apertura del proceso disciplinario. No es que el proyecto proponga dar a la ministra presidenta una facultad extraordinaria. En realidad, se trata de reconocer lo que dispone el art¨ªculo 112 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de la Federaci¨®n, que indica que a la presidencia del tribunal la corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas con base en el informe que presente la UGIRA.
Si se declara procedente el inicio del proceso disciplinario contra Esquivel, la sustanciaci¨®n quedar¨¢ a cargo de la Contralor¨ªa del Supremo, que abrir¨¢ un periodo de alegatos en el que las partes ¡ªla denunciada y sus denunciantes¡ª presenten elementos a su favor y al final elaborar¨¢ un dictamen. De acuerdo con el proyecto de Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara, ser¨¢ el pleno de la Corte el que, por mayor¨ªa, emita una resoluci¨®n y dicte sanciones solo si se encuentra que la ministra incurri¨® en faltas administrativas. Las denuncias promovidas contra Esquivel acusan que la jueza no goza de la buena reputaci¨®n que exige la Constituci¨®n para desempe?ar el cargo de ministro del Supremo y que no ha preservado la dignidad propia de la funci¨®n judicial.
La presidenta Pi?a encarg¨® en febrero a Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara la consulta a tr¨¢mite con la finalidad de dilucidar c¨®mo debe proceder el m¨¢ximo tribunal ante las denuncias, no solo contra Esquivel, sino, de manera abstracta, contra cualquier ministro por posibles irregularidades en su conducta. La confusi¨®n sobre el proceder del m¨¢ximo tribunal deriv¨® de la existencia de dos normas contradictorias que regulan el tr¨¢mite de las denuncias. Una de ellas es un acuerdo adoptado por el pleno en marzo de 2005 ¡ªel Acuerdo 9/2005¡ª; la otra es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que data de julio de 2016. La manera como ambas normativas proponen la resoluci¨®n de las quejas var¨ªa considerablemente. El ministro Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara ha propuesto seguir la ruta establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Este camino tiene el beneficio de fundarse en una disposici¨®n legislativa ¡ªa diferencia del acuerdo de 2005, que fue producto de una votaci¨®n de ministros¡ª y que, adem¨¢s, es m¨¢s reciente.
Existen varios escenarios de lo que podr¨ªa suceder en un asunto tan novedoso y tan pol¨ªticamente cargado como el caso Esquivel, y en cualquier caso se vislumbra un camino largo. Primero, si el proyecto de Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara no se aprueba en la sesi¨®n privada, es posible que ¨¦l mismo lo rehaga recogiendo las puntualizaciones de sus colegas, o bien, que el asunto se turne a una nueva ponencia, de acuerdo con una fuente del Poder Judicial. Si el proyecto se aprueba tal como ¨¦l ha propuesto, ello tampoco es garant¨ªa de que el asunto concluya en el inicio de un procedimiento de responsabilidades y mucho menos en el dictado de sanciones. Es posible, de acuerdo con las proyecciones de la fuente, que la UGIRA se?ale de inicio que las quejas contra Esquivel resultan improcedentes, dado que los hechos denunciados sucedieron hace m¨¢s de 35 a?os, y no durante el desempe?o de su cargo de ministra, que ella ostenta desde 2019.
Existe otro filtro de interpretaci¨®n que pasa por el criterio de la presidenta Pi?a, que puede o no convalidar la propuesta de la UGIRA. Si ella determina que es procedente la apertura del procedimiento sancionatorio, y aun si el dictamen concluye que Esquivel es responsable de faltas administrativas, todav¨ªa debe ser el pleno el que emita la resoluci¨®n final. No es claro si Esquivel podr¨¢ formar parte de esa votaci¨®n o si deber¨¢ excusarse, lo que complicar¨ªa en el pleno alcanzar mayor¨ªas, pues solo quedar¨ªan 10 ministros. En cualquier caso, se?ala la fuente judicial, es previsible que, si existen sanciones, estas no pasen de la amonestaci¨®n o el apercibimiento a Esquivel. Los castigos de mayor calado est¨¢n en manos de otras instancias, como la UNAM o bien el Congreso, que es el ¨®rgano que la nombr¨® en el cargo y podr¨ªa erigirse como tribunal para juzgar el caso de la ministra.
Dos ministros declararon a EL PA?S en condici¨®n de anonimato que el caso Esquivel es un elefante en la habitaci¨®n que contin¨²a da?ando la imagen del Supremo. ¡°No se habla de ese asunto entre los ministros; es como si no hubiera pasado¡±, lament¨® uno. ¡°Yo tengo mi opini¨®n sobre el caso, por supuesto, pero no puedo expresarla, por prudencia¡±, dijo otra ministra. Para los analistas jur¨ªdicos, el proyecto de Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara tiene la virtud de obligar a la Suprema Corte a afrontar el asunto de manera institucional y no hacer caso omiso de las denuncias, aun cuando, despu¨¦s de todo el tr¨¢mite, no se impongan sanciones o estas sean m¨¢s bien simb¨®licas.
¡°Hab¨ªa quienes estaban planteando que la Corte ten¨ªa un margen muy acotado trat¨¢ndose de denuncias contra ministros. Un proyecto que cerrara la posibilidad de que los ministros sean sujetos de responsabilidad administrativa era una posibilidad, y todo parece indicar que por lo menos tenemos a un ministro, Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara, que no est¨¢ de acuerdo con eso¡±, afirma en entrevista el jurista Javier Mart¨ªn Reyes. ¡°Es una buena noticia que esta propuesta implique que la Corte s¨ª se hace cargo, que existe la ruta. Porque hab¨ªa el riesgo de que, por la v¨ªa de los hechos o de las decisiones, la Corte se lavara las manos. Eso, por fortuna, no est¨¢ en el proyecto¡±, ha agregado.
El tambi¨¦n investigador de la UNAM se?ala que el proyecto de consulta a tr¨¢mite es ¡°prudente¡±, porque no prejuzga el caso Esquivel y solo clarifica qu¨¦ ruta institucional debe seguir el Supremo para este conflicto y otros futuros. ¡°Aqu¨ª no se est¨¢ diciendo nada sobre la conducta de Esquivel y tampoco se dice nada sobre si podr¨ªa haber una infracci¨®n. ?En qu¨¦ momento procesal estamos? La Corte nada m¨¢s definir¨ªa la ruta jur¨ªdica. No hay ning¨²n an¨¢lisis de los hechos del caso, ni sobre si hay m¨¦rito o no en los planteamientos, ni sobre si esto podr¨ªa o no constituir una sanci¨®n administrativa, mucho menos sobre si Yasm¨ªn Esquivel es responsable y cu¨¢les son las supuestas infracciones que cometi¨®. Mi impresi¨®n es que falta un camino largu¨ªsimo en este asunto¡±, ha sostenido.
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