La Suprema Corte prepara la anulaci¨®n de todo el ¡°plan B¡± electoral de L¨®pez Obrador

La Suprema Corte de Justicia de M¨¦xico se dispone a asestar un nuevo rev¨¦s judicial al Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. En cuesti¨®n de d¨ªas el pleno votar¨¢ un proyecto del ministro Javier Laynez que propone anular la segunda parte del ¡°plan B¡± electoral del Gobierno, un paquete de reformas con las que el oficialismo pretend¨ªa recortar recursos y atribuciones del INE, el ¨®rgano aut¨®nomo que organiza las elecciones en M¨¦xico. El Supremo ya hab¨ªa invalidado el pasado 8 de mayo una primera parte del ¡°plan B¡±, con el argumento de que el Congreso ¡ªen el que Morena y sus aliados tienen mayor¨ªa¡ª hab¨ªa incurrido en violaciones graves al procedimiento legislativo al aprobar las reformas. El ministro Laynez se?ala en su proyecto que las mismas irregularidades se cometieron en la aprobaci¨®n de la segunda parte del plan. Es previsible que, por congruencia, los mismos nueve ministros que validaron estos razonamientos en la sesi¨®n de mayo aprueben la propuesta de Laynez, en una sesi¨®n que puede ocurrir este jueves o a m¨¢s tardar la pr¨®xima semana.

La anulaci¨®n del ¡°plan B¡± representa un duro golpe al Gobierno de L¨®pez Obrador, pues este paquete de reformas electorales era una de sus apuestas m¨¢s importantes frente a los simpatizantes de Morena. Mientras que el oficialismo defend¨ªa las reformas como un avance hacia la austeridad en el aparato electoral, los partidos de oposici¨®n y grupos de activistas advirtieron de que se trataba de una medida de control para manipular las elecciones. Este martes, al enterarse del proyecto del ministro Laynez, L¨®pez Obrador reiter¨® sus cr¨ªticas al Poder Judicial, con el que ha mantenido un pulso prolongado, y ha insistido en su propuesta de que los jueces sean electos por el voto directo de la ciudadan¨ªa. ¡°Los ministros est¨¢n alineados, la mayor¨ªa, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un Poder al servicio de una minor¨ªa, no est¨¢n al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo, es un poder al servicio de una ¨¦lite pol¨ªtica y econ¨®mica, por eso hace falta una reforma al Poder Judicial, lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, magistrados, ministros, como se hizo en la ¨¦poca del presidente Benito Ju¨¢rez¡±, ha dicho L¨®pez Obrador en su conferencia diaria.

El presidente ha afirmado que para ¨¦l es un hecho que el proyecto de Laynez va a ser aprobado por la mayor¨ªa de los ministros. ¡°No me sorprende. Eso no es nota¡±, ha resumido. El proyecto analiza las reformas a cuatro normas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Pol¨ªticos; la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de la Federaci¨®n, y la Ley General de los Medios de Impugnaci¨®n en Materia Electoral. El Supremo ya invalid¨® en mayo las modificaciones a la Ley General de Comunicaci¨®n Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¡°El proyecto [de Laynez] considera que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte de este paquete de reformas tambi¨¦n se actualizan en este caso, por la simple raz¨®n de que ambos decretos compartieron, en t¨¦rminos generales, el mismo proceso legislativo¡±, ha informado el Supremo el lunes.

La Corte ha valorado que en ambos casos el Congreso dio a las reformas tr¨¢mite urgente sin justificaci¨®n, pues las propuestas fueron presentadas al pleno al momento de iniciar la sesi¨®n ¡ªpasadas las once de la noche¡ª y fueron aprobadas en un lapso r¨¦cord de cuatro horas; las iniciativas de reforma tampoco se distribuyeron entre los legisladores con la anticipaci¨®n requerida, y estas, adem¨¢s, no fueron dictaminadas en comisiones, de modo que los legisladores aprobaron modificaciones a m¨¢s de 500 disposiciones sin deliberaci¨®n entre las fuerzas pol¨ªticas y sin que conocieran realmente el contenido de lo que avalaron. Solo las ministras Yasm¨ªn Esquivel y Loretta Ortiz, ambas impulsadas por L¨®pez Obrador, han sostenido que las violaciones al debido proceso legislativo no deben ser motivo suficiente para que el Supremo invalide reformas.

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